Desde Abajo

16 de julio 2013

Julio 2012

La secuencia natural de los cinco ciclos históricos – ya referidos en nuestra editorial de Julio 2012 – por donde transitó la historia argentina, tuvo como hilo conductor la formación y preservación del Poder Conservador, núcleo central de la Matriz de Poder Real que, en carácter hegemónico, influenció la dinámica de la sociedad argentina. Para no confundirnos en el amplio escenario de las ideas, es preciso enfatizar que en esta región de América, una vez que la riqueza minera del Alto Perú acentuó su declinación, la historia del proceso de acumulación de capitales mediante la explotación de tierras y mano de obra esclava, criolla y nativa durante el tiempo colonial y buena parte del siglo XIX no solo fue la historia en la cual se construyó la riqueza de los agronegocios de exportación cuyo esplendor permanece hasta el presente. Fue también la historia del núcleo duro del Poder Conservador cuya hegemonía predomina aun. En su época dorada, la riqueza asociada al comercio exterior agropecuario produjo la etapa de esplendor y progreso material y cultural que recuerda el país. De hecho, fue la estrella que iluminó la Argentina durante la segunda mitad del siglo XIX y apagó sus reflejos recién a partir de la gran depresión del año 29. La Cultura del Poder fue su expresión y su instrumento y, por su acción sistémica a lo largo de 160 años de historia, gobiernos y sociedad construyeron los destinos del país de forma compatible con su preservación. La construcción histórica de la trampa que actualmente estrangula a la sociedad argentina se procesó a lo largo de cada uno de sus ciclos históricos y sus particulares connotaciones fueron las siguientes:
El I Ciclo (1810-1853/60) de la historia Argentina fue el escenario nacional donde provincias del interior y Buenos Aires pelearon en luchas fraticidas con miles de muertos, por definir donde residiría el Poder de organizar y definir los destinos del nuevo país. La historia registró en detalle la esencia de aquellos conflictos y su veredicto final fue que el Poder para organizar los destinos del país debía residir y permanecer en Buenos Aires y región central. La solución reproducía, nuevamente, la situación colonial con una única diferencia: en vez de España, debía ser Buenos Aires la sede del Poder que comandaría el destino de la joven nación. Buenos Aires era la única región que pudo incubar e impulsar la formación de una clase dirigente articulando los intereses de la oligarquía terrateniente y de la burguesía comercial portuaria con el gran capital internacional comandado por la Inglaterra de los siglos XVIII y XIX.
Cual ironía de la historia, Argentina ponía en evidencia que los pueblos y regiones donde se consumaron las batallas contra el poder español, no serían los pueblos y regiones que finalmente controlarían el Poder de gobernar el país. Todos los conflictos, guerras y muertes que abonaron el suelo de la patria y nutrieron el mundo de las ideas de independencia, hasta Ayacucho y Caseros, tuvieron que rendirse ante la fuerza bestial del poder económico y financiero parapetado en Londres y Buenos Aires. El primer ciclo, en consecuencia, terminó cuando el Poder Conservador de la provincia de Buenos Aires y región central asumió formalmente el Poder de gobernar a toda la nación en procura de alcanzar, prioritariamente, los objetivos definidos y compatibles con sus propios intereses.
El II Ciclo (1853/60-1912/16) fue el ciclo de Europa e Inglaterra en la Argentina. Fue, de hecho, el escenario temporal dentro del cual la íntima asociación de intereses internos y externos para potenciar la producción, procesamiento industrial y comercialización internacional de productos agroalimentarios, tuvo la histórica misión de impulsar el esplendor y el progreso económico y social de la Argentina chica, confinada, básicamente, en torno a la región central del país. Por la naturaleza de las inversiones de infraestructura que la región central y el puerto precisaban para multiplicar y exportar las riquezas primarias del país, también se abrieron – aunque en escalas significativamente menores – alternativas de producción y progreso económico y social en las regiones del interior del país. Adicionalmente, por la inexorable funcionalidad de las inversiones y por la sensibilidad, visión, talento y honestidad de algunos de los primeros gobernantes del país los programas de alcance sanitario, educativo y cultural, aunque en menor intensidad, también beneficiaron a ciudadanos residentes en las regiones del interior. Dentro del II Ciclo, la inmigración masiva de familias europeas crearon un nuevo contexto social dentro del cual germinaron en el país nuevas ideas para organizar a los sectores sociales más vulnerables vinculados al trabajo a fin de impulsar un progreso más equitativo.
Fue al interior de este II Ciclo cuando en la última década del siglo XIX detonaron las tensiones entre grupos económicos vinculados al Gobierno de Juarez Celman y el país experimentó las secuelas de la revolución del 90. Mala praxis gubernamental, corrupción desmedida, desprecio secular por la cuestión social y laboral, incapacidad para cubrir compromisos externos, irresponsable manejo de la política monetaria y otras causas crearon el contexto necesario para la crisis terminal que 30 años de liberalismo extremo habían producido. Las crecientes presiones sociales por reformas laborales y una mayor participación ciudadana en la vida política del país acorralaron al poder conservador forzando la reconstitución de sus gobiernos y su compromiso con adoptar las medidas necesarias para ampliar la vida política y social del país. Al cumplirse tales compromisos con la llegada a la Presidencia de la República del primer gobierno Radical, finalizó el II Ciclo de la historia argentina y el Poder Conservador tuvo que ceder, temporalmente, su hegemonía sobre los destinos del país.

El III Ciclo (1912/16-1955) fue el período histórico dentro del cual se intentaron, realizaron y frustraron finalmente las grandes reformas económicas, sociales y políticas que la sociedad argentina trató de implementar para modernizar su organización institucional, consolidar su democracia republicana y federal, diversificar su economía y avanzar hacia destinos de Justicia Social. No fue posible concluir las reformas impulsadas durante los gobiernos radicales, ni tampoco pudieron concluirse las reformas propuestas e implementadas durante los 10 años de gobierno peronista.

En el transcurso del III Ciclo, el Poder Conservador no pudo controlar sus instintos y encontrar los caminos del acuerdo político para conciliar posiciones de gobernabilidad, progreso económico y equidad social bajo la conducción de aquellos partidos. Con las manos de las Fuerzas Armadas, optó por derrocar los gobiernos democráticos que gobernaban el país en los años 30 y 55 y recuperó su plena hegemonía para impulsar los destinos del país. Así transcurrió y concluyó el III Ciclo de la historia argentina.

El IV Ciclo (1955-2001) fue el escenario de la barbarie, del reformismo peronista, de la ilusión democrática y de la entrega del patrimonio nacional al Poder Conservador fuertemente influenciado por los intereses externos. Concluyó al final del 2001 con la crisis más profunda que sacudió los subsuelos de la nación argentina. Fue esencialmente un Ciclo conducido por el Poder Conservador, con la activa e irresponsable participación de sectores de las Fuerzas Armadas argentinas, de la propia población y de factores asociados externos vinculados al capital financiero. Sin embargo, al final del 2001, pese al carácter terminal de la crisis, la sociedad no pudo asistir a una misa de réquiem para velar los restos del Poder Conservador. Tampoco pudo cantar un Aleluya por el nacimiento de una nueva Argentina, bajo una nueva constelación gobernante en representación legítima de un Poder Social todavía ausente.

Sorprendiendo al mundo y a toda la sociedad argentina, a comienzos del 2002 se inicia el V Ciclo (vigente en la actualidad) bajo la conducción de viejos líderes políticos ya conocidos por la sociedad en las décadas de los 80 y 90 pero ahora transformados en nuevos gobernantes capacitados para reeditar sus promesas y fantasías. A pesar de los esfuerzos realizados por los nuevos gobiernos para avanzar en los procesos de recuperación económica y social, se percibe que el país no logra sedimentar cambios medulares en sus estructuras económicas-sociales ni erradicar los problemas de siempre que impulsaron su dolorosa involución. El Poder Conservador emerge nuevamente desde las cenizas de la crisis terminal del 2001 aunque para preservar y ampliar sus intereses de siempre se vio forzado a adaptarse, ceder espacios de poder y aceptar nuevos socios en los negocios de la economía nacional.

16 de julio 2013

Junio 2012

A partir de 1810, Argentina registró la sucesión de cuatro ciclos históricos completos con duración aproximada de 40/50 años cada uno en cuanto asiste, en la actualidad, al desarrollo de su quinto ciclo comenzado después de la crisis terminal del 2001. Al final de cada uno de sus ciclos, el país se convulsionaba por el abrupto final de sus gobiernos precedido por severas alteraciones en las condiciones de la coyuntura económica, por crisis social, inestabilidad institucional e ingobernabilidad del sistema político. Pasado algún tiempo, el país volvía a restablecer climas de normalidad: estabilizaba su diario vivir, renovaba su elite política dirigente, ajustaba su marco institucional, cambiaba autoridades de gobierno, impulsaba su economía, avanzaba algunos pasos en su progreso social hasta que nuevas situaciones de conflictos impulsaban desequilibrios macroeconómicos y nuevas crisis institucionales anticipaban la ingobernabilidad del sistema y la necesidad de reproducir las mismas secuencias de cambios ya conocidas. Los ciclos cubrieron los siguientes períodos: el primero, desde 1810 hasta 1853/62; el segundo se extendió desde los años 1853/62 hasta el período 1912/16; el tercero, mantuvo su vigencia desde los años 1912/16 hasta 1955; el cuarto expiró al final del 2001 y el quinto ciclo se inició en enero del 2002; transcurre en la actualidad y podrá extenderse por algunos años más.
La razón por la reiterada ocurrencia de los ciclos en la historia argentina no fue debidamente esclarecida hasta el presente en la literatura especializada. Sin embargo, por ser la consecuencia de una policausalidad, tres órdenes de factores pudieron haber ejercido reconocida incidencia al actuar de forma independiente o simultánea: En primer término, por tratarse de un país con economía totalmente dependiente del mercado internacional, cuya dinámica se procesaba más allá de la voluntad de los gobiernos argentinos, cualquier alteración significativa en los mercados externos desencadenaba procesos de ajuste al interior de la economía y tales procesos detonaban conflictos de naturaleza social y política; en segundo lugar, por tratarse de una economía primaria exportadora de base agropecuaria, por lo tanto dependiente de las condiciones climáticas, cualquier alteración climática significativa podía alterar los volúmenes de producción y, en consecuencia, los flujos de renta generada por las actividades agropecuarias. Tales circunstancias, nuevamente, detonaban presiones sociales y alteraciones en la esfera política de los gobiernos. En tercer término, el propio proceso político interno, sometido a incesante desgaste e intensas presiones y contradicciones sociales procedentes de la esfera económica producía, necesariamente, desajustes en el poder político formal que podían agravarse conforme fuesen los desmanes generados por desequilibrios de personalidad, errores de conducción o vicios de corrupción generados al interior de los propios gobiernos.

Economía dependiente, inestabilidad social e ingobernabilidad del país

Argentina, por su estructural dependencia económica, amarró su destino, desde el comienzo, al funcionamiento de esquemas monetarios cercanos al patrón oro para modelar su economía siguiendo el rumbo que orientaban los mecanismos automáticos de estabilización a fin de atemperar la violencia de las crisis en los mercados externos. Cuando los ajustes excedieron la capacidad de soporte social e institucional, el país corregía paridades hasta que, finalmente, por la mega crisis del 29, tuvo la necesidad de abandonar aquel sistema monetario. Para compensar sus efectos, los gobiernos conservadores diseñaron, en la década de los 30, instrumentos reguladores de mercado bajo control estatal y privado y su plena utilización, con algunas adaptaciones para amplificar su alcance social, permaneció durante los 10 años en que Perón gobernó la Argentina a partir de 1946.
El modelo económico nacional adoptado por la elite política dirigente a partir de 1862, asumía, como hecho natural y regular, la intensa dependencia que el país mantenía con el exterior para financiar gran parte del gasto público, exportar sus mercancías, financiar la compra de géneros de consumo e insumos esenciales; financiar las mega inversiones que se requería para dotar al país de la infraestructura productiva, de energía, de transporte, de comercio exterior; incorporar tecnologías, organizar la banca y el crédito para operaciones de mercado interno y externo; urbanizar las grandes ciudades, financiar proyectos de colonización con familias de inmigrantes; realizar la producción de bienes básicos en los mercados internacionales y asegurar las transferencias del excedente económico entre Buenos Aires y plazas europeas.
Cuando por razones diversas se alteraban las condiciones de producción o en los mercados internacionales, las variables de ajuste que posibilitaban volver a los equilibrios macroeconómicos fundamentales implicaban inducir cambios de mayor o menor intensidad en la composición y orientación de las Políticas Públicas que afectaban, principalmente, las relaciones de cambio, los niveles de inflación, la tributación, los niveles de ocupación, el gasto público, las transferencias a provincias y municipios del interior y los coeficientes de participación del trabajo en la apropiación de la renta nacional.
Los desequilibrios y tensiones entre sectores antagónicos, afectaba, tarde o temprano, la legitimidad social de los respectivos gobiernos y daba origen a intensos conflictos de intereses al interior de la elite dirigente. Por el carácter acumulativo de los conflictos, tras el paso de algunas administraciones, los gobiernos entraban en períodos de crisis institucional de carácter terminal que necesariamente inducían a la Matriz real de Poder a proceder al recambio de la dirigencia gubernamental. Los nuevos gobiernos, durante algún tiempo, estabilizaban los conflictos y posibilitaban la continuidad de la administración aún manteniendo la esencia de las contradicciones de fondo hasta que nuevos desequilibrios inducían, nuevamente, la renovación de la elite política dirigente.
El análisis histórico posibilitó observar que las mutaciones más intensas en la esfera de los gobiernos, de las instituciones, de la economía y de las relaciones sociales se inscribían dentro de períodos fuertemente correlacionados con las mutaciones experimentadas en los mercados, en la política y en la economía internacional. La duración de cada ciclo, aunque variable, permaneció enmarcada dentro de períodos situados en torno a los 40-50 años. Al interior de cada ciclo histórico, las relaciones sociales entre sectores antagónicos nunca pudieron responder a pautas de estabilidad. Por lo general, reproducían mini-ciclos con cortos períodos de crecimiento económico seguidos de algunos años de estabilidad institucional, de tensiones sociales y finalmente concluían en crisis de gobernabilidad. Los mini-ciclos dentro de los cuales el país experimentaba la secuencia de situaciones similares a las ya referidas, registraban, en promedio, una duración de 2 a 4 años y al final de cada gran período de 40 – 50 años, la historia argentina registraba crisis virulentas que, al comprometer la gobernabilidad del Poder Formal, forzaban el recambio “aparente y simulado” de las elites dirigentes dando origen a nuevos gobiernos que intentaban serenar los intereses económicos y recomponer las relaciones sociales entre las clases antagónicas.
El carácter “aparente y simulado” se sustentaba, efectivamente, en la sagacidad del Poder Conservador para publicitar y fundamentar, en situaciones de límites (al final de cada ciclo) “el cambio de gobierno” sustituyendo a aquellos políticos y funcionarios ya desgastados ante la opinión pública e incorporando a nuevos personajes que en el teatro gubernamental de la política formal, debían administrar las políticas públicas de forma compatible con la preservación de los intereses de una matriz tradicional de Poder cuya hegemonía pudo mantenerse imperturbable en el curso de 160 años de historia constitucional.

16 de julio 2013

Mayo 2012. La Trampa que estrangula el progreso del país

La Trampa Estructural, como concepto, resume el conjunto de deformaciones y contradicciones  que a lo largo de la historia surgieron en el seno de la sociedad argentina trabando el desarrollo de su economía y desencadenando la inexorable involución política, institucional y social del país. Por lo general, sus gobiernos concentraron sus energías, prioritariamente, en asegurar gobernabilidad y permanencia para completar sus respectivos mandatos; en segundo lugar, utilizaron los instrumentos de la gestión pública para impulsar políticas económicas de coyuntura, bajo la dinámica de su propia inercia, funcional, naturalmente, a la tradicional matriz de poder dominante; solo en tercera prioridad, procuraron implementar algunos programas estratégicos pero no pudieron avanzar en la superación de los problemas que históricamente conformaron la Trampa que imposibilita el progreso del país.

Ningún factor real de poder podría, aisladamente, ser señalado como único responsable  por la existencia de los problemas estructurales que estrangulan el desarrollo del país. Sin embargo, las circunstancias históricas dominantes en la economía mundial a partir del siglo XVIII y la acción directa del conjunto de agentes sociales que  integraron en su origen la Matriz Real de Poder gestaron  a lo largo del tiempo, una singular y anacrónica Cultura que influenció y condicionó la conducta y los comportamientos de  gobiernos y sociedad asegurando la preservación de sus propios  intereses  y su permanente hegemonía en la esfera de las relaciones sociales.

La Trampa Estructural fue la necesaria consecuencia de relaciones sociales antagónicas de poder y dominación entre una clase dirigente que históricamente condujo, con manos de hierro, los destinos del país y una sociedad que, a pesar de heroicos gestos de resistencia, terminó siendo vencida y sometida. Tales procesos acontecieron históricamente de forma independiente, tanto de los modelos de políticas públicas adoptados por los diferentes gobiernos, como también del carácter civil o militar  de los regímenes políticos que administraron el país en el curso de 150 años de vida constitucional.

El análisis de la Trampa focalizará la atención del lector sobre  aquellas fallas de carácter estructural que desde 1850  distorsionaron, por un lado, el desarrollo institucional del país; por el otro, su desarrollo económico y social. En este viaje analítico siguiendo los dos caminos referidos, adoptaremos visiones de largo plazo y, para ver lejos, necesitaremos encender las luces altas de la reflexión. A pesar de la extrema importancia que las trabas estructurales ejercieron sobre los procesos económicos y sociales del país, el instrumental de políticas públicas necesario de adoptar para su eventual remoción no se sitúa en este plano; por el contrario, incide, esencialmente, en el plano político-institucional. Su implementación requerirá, algún día, recrear nuevas formas de gestión gubernamental, eliminar de raíz sus vicios deleznables y afectar los intereses materiales de los factores de poder dominantes. Este simple hecho explica el profundo silencio que históricamente dominó la escena de los gobiernos en relación al tema de las reformas estructurales.

Es común advertir que este tema no aparece en la Agenda de las Políticas Públicas de Argentina y, como consecuencia, sus gobiernos carecen de los conocimientos necesarios respecto a la morfología de los mayores problemas que traban el progreso del país. Para fines analíticos es preciso distinguir dos grandes categorías de problemas estructurales. El primero, permanece enquistado en la organización  político-institucional del país; el segundo, en su economía. Brevemente, su análisis requerirá  concentrar la reflexión sobre los aspectos siguientes.

La trampa en el plano institucional
Refiere, básicamente, la necesidad de reformar la Constitución sancionada en 1853/60, perfeccionar el sistema político de representación y ajustar los roles del Poder Judicial. La superación y eliminación de la Trampa en el terreno institucional exigirá, necesariamente reformar la Constitución y, gradualmente, instituir en el país, en su gobierno y sociedad, una nueva cultura de poder; resolver las inconsistencias entre las instituciones del estado y los requisitos de un régimen republicano, democrático y federal; ampliar la capacidad operativa de los gobiernos y reestructurar su administración y métodos de gestión.

La trampa en el terreno de la economía

Múltiples problemas caracterizan la trampa que, desde el plano de la economía, impulsa la involución argentina. Entre aquellos más relevantes, se encuentran: la elevada concentración en la distribución de la propiedad de la tierra; la acentuada inequidad que caracteriza la distribución del ingreso nacional entre estratos sociales y regiones; la acelerada urbanización y excesiva concentración de la población en la región central del país; las formas de organización de la economía que en tiempos de economía globalizada condena al desempleo a un tercio de la fuerza de trabajo; la crónica insuficiencia de la infraestructura física productiva necesaria para sustentar altos niveles de crecimiento económico; la estructura tributaria que afecta al trabajo y al consumo de forma más intensa que a las ganancias del capital; las asincronías entre sindicalismo, legislación social y laboral y estadios de industrialización; la depredación de los recursos naturales no renovables y el uso irracional de los recursos de suelos bajo la exclusiva inducción de los mercados internacionales; las inequidades del federalismo fiscal entre nación, provincias y municipios; el anacronismo que siguen representando los modelos de gestión de provincias y municipios sin la conformación de regiones y microrregiones de administración; las formas de organizar y administrar la política monetaria y bancaria que imposibilita al país disponer de mercados de capitales, de crédito a largo plazo y de un sistema monetario que preserve la estabilidad monetaria; el modelo vigente de integración regional.

Los temas referidos en cada una de las dos grandes categorías de problemas estructurales serán esquemáticamente abordados en próximos editoriales de esta página.

16 de julio 2013

Marzo 2012

Históricamente, los gobiernos mantuvieron un complaciente silencio sobre la importancia de los problemas de naturaleza estructural, y en particular, sobre sus implicaciones en la dinámica social y económica del país. Como consecuencia, las políticas públicas adoptadas en el curso de nuestra historia circunscribieron su temática, básicamente, a los problemas de la coyuntura macroeconómica. Tales actitudes no fueron motivadas por el simple olvido ni por la ignorancia o incapacidad operativa de sus cuadros dirigentes. Fueron impulsadas por la fuerza de la propia Cultura del Poder que, en todo momento, prefirió esquivar o postergar su tratamiento a fin de preservar el estatus-quo reinante.
Confirmando lo expuesto, es de destacar la fuerza que trasmiten ciertos datos relativos a tasas de crecimiento económico entre países de la región y a participación de los salarios en la renta nacional. Su comparación podrá aportar sólidas conclusiones.
Comparación de tasas de crecimiento entre países de la región

Concepto    Año        Argentina           Brasil         Chile        México
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PIB          1900          13.691              13.057       5.796          18.581
Poblac.                        4.693              17.984       2.974          13.607
PIB/
per cápita:                  2.917               724             1.949          1.365
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PIB          2004        321.272        1.064.745      173.136      772.702
Poblac.                     37.431            184.204        15.929      107.612
PIB/
Per cápita                  8.583                  5.780       10.870         7.180

En 1900, Argentina tenía un PIB total prácticamente equivalente al de Brasil. Le superaba tan solo en un 5 %. Sin embargo, su PBI per cápita era 4 veces más grande. En el 2004, el PIB total de Brasil era 3,31 veces superior al de Argentina en cuanto su PIB per cápita, que en el año 1900 representaba el 0,25 % del argentino, creció hasta alcanzar el 0,67 %. En 104 años, el PBI per cápita de Brasil se multiplicó 8 veces en cuanto el argentino pudo incrementarse tan solo 2,94 veces.
Respecto a Chile, la información comparada conforme a la misma fuente refleja que en 1900 el PBI de Argentina era 2,36 veces superior al de Chile en cuanto en términos per cápita, el PIB argentino era 1,50 veces superior. En el año 2004, las diferencias se achicaron y el PIB total argentino tan solo era 1.85 veces más grande que el correspondiente a Chile. Sin embargo, en términos per cápita, el PBI chileno era 1,27 veces más grande que el de Argentina. En 104 años, Chile pudo incrementar su PBI per cápita 5,58 veces en cuanto Argentina solo pudo aumentarlo 2,94 veces.
Por la información contenida en el mismo cuadro, verificamos también que en 1900 Argentina tenía un PBI total equivalente al 70 % del PBI total de México pero en términos per cápita, registraba un valor 2,14 veces más alto. En el 2004, las diferencias también disminuyeron y el PBI total de Argentina solo representaba el 42 % del PBI total de México y, en términos per cápita, solo era 1,20 veces más grande que el de México. En cuanto México pudo multiplicar su producto per cápita 5,26 veces, Argentina solo pudo hacerlo 2.94 veces.
En el transcurso de 104 años, las respectivas tasas anuales de crecimiento del PBI fueron: Brasil 4,23 %; Chile 3,26 %; México 3,58 y finalmente Argentina con un 3 %. Paralelamente, para aquel mismo período, las tasas anuales de crecimiento demográfico fueron, para aquellos mismos países y años, del 2,23 %, 1,61 %, 1,99 % y 1,96 %, respectivamente. Las tasas anuales de crecimiento del PBI per cápita fueron las siguientes: Argentina: 1,04 %; México, 1,60 %, Chile, 1,65 % y Brasil, 2 %.
Participación de los salarios en el PBI de países latinoamericanos durante el período comprendido entre 1970 y 2004.

Años         Argentina        Brasil         Chile        Colombia        México          Perú          Venezuela
1970          45,8               40,7           47,8         42,2                37,5              39,0            42,9
1975          40,4               36,6           45,3         41,0                40,4              40,0            40,3
1980          30,8               38,4           43,3         46,2                39,0              32,8            42,7
1985          29,6              42,5            42,4         45,3                31,6              30,5            37,6
1990          29,6              53,5            38,7         41,4                32,3              28,7            31,1
1995          36,8              45,3            40,9         38,7                34,0              28,3            34,0
2000          31,9              45,2            46,5         37,8                34,5              27,1            35,6
2001          32,1              44,6            46,8         38,0                35,9              27,0            38,2
2002          25,4              43,7            46,7         38,1                35,6              26,4            36,1
2003          22,9              42,9            46,9         36,7                35,0              26,1            33,3
2004         23,9               42,9            44,2         35,7                33,6              26,1            33,2
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El cuadro registra que durante los últimos 34 años se verificó, en diversos países de la región, la pérdida de participación del salario en la distribución funcional del ingreso de los países. Sin embargo, esta tendencia, general en toda la región, acentuó su regresividad en Argentina al punto de que, en el curso de los últimos 34 años, la participación del salario en la renta nacional se redujo en un 48 % de los niveles alcanzados a comienzo de la década de los 70.
La información precedente revela que, durante el período analizado, ningún otro de los países incluidos en este análisis experimentó tan intensa contracción en los ingresos de su clase obrera como aconteció en la Argentina. En efecto, Brasil pudo incrementar en un 5 % la participación del factor trabajo en la distribución de la renta; Chile redujo esta participación en un 5 %; En México los trabajadores perdieron un 10 %; en Venezuela, la pérdida fue del 23 % y en Perú, la contracción en los ingresos del factor trabajo alcanzó un 33 %.
La ausencia de políticas públicas para la gradual resolución de los problemas estructurales trabó el desarrollo nacional y afectó el bienestar de los ciudadanos. La persistencia y agravamiento de aquellos problemas, fue limitando, gradualmente, los espacios de actuación de los sucesivos gobiernos forzándolos a reducir su actuación pública dentro del estrecho marco de las políticas de corto plazo.

Véase: Orlando Caputo Leiva . “La crisis actual de la economía mundial. Una interpretación teórica e histórica”. Universidad de Chile. Cuadro construido en base al anuario estadístico de la CEPAL, 2007.

16 de julio 2013

Diciembre 2011

El país comienza una nueva experiencia de gobierno y renacen las expectativas para impulsar la vida nacional. La ocasión es propicia para reflexionar sobre dos conjuntos de restricciones que condicionarán la suerte del país en el curso de los próximos años. En primer término, precisamos dilucidar con rigor cuales son los condicionamientos de orden político, económico y social que tendremos que superar para avanzar en la resolución de los problemas del país para construir un futuro mejor. En segundo lugar, será prudente tomar muy en consideración las claves de funcionamiento del mundo global dentro del cual Argentina se inserta.

La dinámica de la sociedad argentina fue la resultante de una pluralidad de causas y circunstancias históricas enraizadas en los genes formadores de nuestra identidad como nación. En el curso del tiempo, dieron origen a un sistema de relaciones sociales y a una anacrónica Cultura de Poder que si bien históricamente fue capaz de potenciar sus luces para elevar al país a la cima del progreso entre 1870 y 1930 y alentar la expansión y el brillo de una cultura argentina reconocida a escala mundial, también impulsó con sus sombras largos períodos de deterioro y dolorosa involución. Durante sus años de oscuridad, entronizó en gobiernos y elite política dirigente valores y actitudes provenientes de formas atávicas de organización y relaciones sociales donde predominaban rasgos de arbitrariedad, autoritarismo, despotismo, verticalismo, nepotismo, centralismo, absolutismo.

Por su inexorable reflejo sobre la sociedad, la misma Cultura del Poder, con sus luces y sombras, creó condiciones propicias para potenciar las virtudes de su gente y con sus vicios y deformaciones fue erosionando gradualmente su espontaneidad, generosidad, ingenuidad y resistencia induciendo actitudes de exacerbado individualismo, desconfianza sobre gobiernos e instituciones, frustraciones y escepticismo respecto al futuro del país. Los efluvios permanentes de aquella Cultura del Poder, mediante hilos inasibles, penetraron el tiempo y permanecen activos hasta nuestros días.

Explorando el túnel abierto por esta concepción, comprendimos que las “realidades resultantes”, tanto en la primera etapa de progreso del país como en los largos años de su dolorosa involución, fueron consecuencia de abusos de poder, errores u omisiones de gestión cometidos por gobiernos y actores sociales en sus propósitos de organizar la institucionalidad del país, administrar la economía y regular sus relaciones sociales.

Aunque durante toda su experiencia histórica Argentina estuvo inmersa en la dinámica de un sistema capitalista globalizado, sus gobiernos y elite política dirigente no supieron, no pudieron o no quisieron adaptar sus Políticas Públicas para atender los condicionantes necesarios que pudieran asegurar sustentabilidad institucional, progreso económico y bienestar social a toda la población. En particular, dejaron de entender y de aplicar tres claros principios – de valor equivalente – impuestos por la cruda realidad de nuestra dependiente inserción en la economía mundial:

Primero: en mercados abiertos, el progreso sustentable de un país con economía capitalista dependiente exige estructurar sus procesos productivos de modo a atender sus requerimientos de productividad, rentabilidad y competitividad internacional;

Segundo: para su gobernabilidad y estabilidad institucional se requiere asegurar el progreso y bienestar de toda la población mediante políticas públicas que potencien la preservación ambiental, la creación de riquezas y regulen la apropiación y distribución funcional del ingreso nacional;

Tercero: para asegurar el pleno cumplimiento de los principios antes referidos, habría sido necesario asegurar su inserción en el texto Constitucional con cumplimiento obligatorio para todo gobierno especificando, además, con precisión, las sanciones y penalidades a aplicarse a quienes, desde las instituciones del estado o desde el sector privado, incumplan o dificulten su aplicación.

Como corolario, restaría mencionar que en un sistema democrático y republicano debe ser competencia de la Alta Política la construcción permanente de consensos entre los sectores sociales para administrar con sabiduría la aplicación de los principios enunciados evaluando con objetividad los límites de lo posible en el marco de las realidades de cada tiempo-histórico.

Es nuestro pensamiento que toda reflexión honesta sobre las desviaciones ocurridas en torno a los principios referidos aportará claridad para explicar la dinámica histórica de la sociedad argentina y los fundamentos de nuestros problemas actuales. Por lo demás, permitirá comprender que para armonizar soluciones convergentes que posibiliten concretar los objetivos de progreso y bienestar, en vez de considerar los niveles de empleos e ingresos de los sectores pobres y medios de la sociedad como variables de ajuste cuando sobrevienen tensiones y crisis en la economía, será de toda racionalidad y equidad ajustar las formas de organizar la economía, racionalizar la acción del estado, insertar inteligencia en la gestión del territorio y redefinir los niveles de participación y responsabilidad ciudadana tanto en los procesos productivos como en sus niveles de contribución impositiva para generar empleos e ingresos de vida digna a toda la población asegurando gobernabilidad y estabilidad institucional.

16 de julio 2013

Noviembre 2011

Pasaron ya las elecciones. Pueblo y gobierno estaban esperanzados en tomarse de la mano y caminar hacia un país mejor. Sin embargo, tras sus primeros pasos, la realidad del país abrió súbitamente la puerta de las sorpresas y, en el marco de una crisis internacional cuyos impactos y profundidad se desconocen, la incertidumbre y el miedo alteraron el ánimo colectivo nublando los cielos de las mañanas argentinas. Las casas de cambio de pronto se poblaron de ciudadanos deseosos de cambiar sus tenencias de pesos para posicionarse en dólares en la búsqueda de protegerse mejor ante la eventualidad de futuras tensiones en el frente de la economía.

Será tema discutible el determinar cuales fueron las razones que motivaron la creciente incertidumbre que desataron los hechos comentados en este editorial. Algunas voces señalarán a la inflación generada por los excesos del gasto público o por la generosa emisión monetaria del Banco Central; otros podrán atribuirlas a la inercia del gobierno frente al mapa de desequilibrios estructurales que se potenciaron en el curso de los últimos años. También se escucharán voces que expliquen la inestabilidad cambiaria como resultado de la crisis internacional o por la acción amenazante de grupos económicos adversos al gobierno actual. En todo caso, su discusión desborda la superficie temática de este Editorial.

Lo que sí nos interesa destacar, en carácter de profunda convicción, es que, independientemente de las motivaciones que pudieran haber determinado las recientes tensiones en el sistema monetario y cambiario, Argentina carece de un sistema trimonetario que, en carácter regular y simultáneo, asegure a la sociedad:

a)el imperio de la moneda nacional de curso legal en todo el amplio territorio nacional para la realización de todas las actividades que demande la sociedad;

b)La legalidad y libertad para realizar operaciones en divisas que aseguren la fluidez del comercio exterior y operaciones externas de orden personal-familiar;

c)la permanente vigencia de una tercera moneda como unidad de cuenta de valor constante para referenciar la preservación de los mecanismos de ahorro-inversión y facilitar la realización de operaciones mercantiles que requieran de contratos proyectados en el tiempo.

Un país sin un sistema monetario estable es un velero a la deriva que solo puede avanzar hacia un destino mejor siempre y cuando la fuerza de los vientos y la suerte del destino le acompañen. Sin embargo, en cualquier momento en que la sociedad perciba rumores de un posible peligro repliega sus alas de esperanza y aún con viento a favor no podrá superar su desconcierto. Una economía moderna sin crédito no puede superar las telarañas del precapitalismo. Y el crédito para la reproducción del capital es imposible de ser otorgado por el sistema bancario en una sociedad que palpita tan solo en la dimensión del corto plazo sin ningún mecanismo de indexación que posibilite asegurar la permanencia del valor de la moneda.

Una economía sin inversiones cercanas al 30 % del PBI nunca podrá generar los empleos que la sociedad argentina requiere para derrotar la exclusión y la pobreza y una sociedad sin un sistema de ahorro-inversión en moneda nacional que pueda asegurarle al ahorrista y al inversor la preservación del valor del esfuerzo realizado y una retribución positiva – que es en definitiva la medida de su trabajo bien como la medida de su consumo pospuesto – nunca podrá comprometer sus mayores energías para impulsar el progreso del país. Preferirá, naturalmente, desviar sus ahorros hacia otros sistemas y el ahorro argentino junto a la inteligencia de sus técnicos-científicos y emprendedores seguirá desplazándose hacia otros países y mercados en busca de reconocimiento y justa retribución.

La adopción de un Sistema trimonetario como el ya referido en este Editorial, configura, además, un poderoso instrumento de disciplina para aquellos Gobiernos realmente interesados en controlar la inflación y administrar con sabiduría la emisión monetaria y el gasto público. Su puesta a punto y su institucionalización requerirán la tarea creativa del Parlamento, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial y para su eficiente implementación será necesario contar con una red de instituciones dotadas de elevada capacidad operativa. Se recomendaría, además, estudiar en profundidad las experiencias que países vecinos pudieron realizar – desde ya más de 40 años – para estabilizar sus sistemas monetarios y sustentar las olas de progreso material que impulsaron el bienestar de sus sociedades.

Para asegurar que la historia puede repetirse, sería prudente recordar también que fue bajo la Presidencia del General Julio A. Roca, hacia fines del siglo XIX, cuando el país pudo lograr, por vez primera, la institucionalización de un Sistema Monetario que, a pesar de sus reconocidas imperfecciones, hizo posible sustentar años de progreso a nuestro país. Después de la Gran Depresión del 29, Argentina nunca más pudo recrear ni instituir las bases de un sistema monetario que, junto a un conjunto mínimo de otras Políticas de Estado, pudiera asegurar el trabajo, el ahorro y la inversión como fuentes de progreso y bienestar.

Al tenor de las convulsiones que a diario nos informa el escenario mundial, cabe preguntarnos: ¿habrían llegado los tiempos para que Argentina pudiera emprender esta ciclópea tarea dando inicio a una nueva etapa en que Gobernar pueda significar avanzar en la implementación de las profundas reformas que la sociedad reclama? Si la respuesta fuese positiva, se avecinan los tiempos de los grandes estadistas que nuestra sociedad reclama para mejorar su presente y ampliar su futuro.

16 de julio 2013

Octubre 2011

Se vienen las elecciones para elegir un nuevo gobierno. Diversas fórmulas presidenciales ya se instalaron y ofrecen sus servicios. De sus profundas galeras extraen con elegancia pañuelitos de colores prometiendo progreso, bienestar, salud, educación y empleos productivos para todos. Como ciudadanos tendremos que concurrir a las urnas y en un acto de profunda responsabilidad cívica deberemos elegir aquella fórmula presidencial que nos inspire mayor confianza para acercarnos al país que quisiéramos construir en los próximos años. ¿Cómo sería el país que los políticos nos ofrecen construir? ¿Cómo será el país que nosotros quisiéramos construir? Las preguntas referidas delimitan escenarios contrapuestos y nos impulsan a reflexionar antes de emitir nuestro voto.

¿Qué sociedad queremos? ¿Qué modificaciones tendremos que introducir en nuestro ordenamiento jurídico para garantizar un sistema político federal y republicano que articule en todo el territorio las relaciones entre sociedad, gobierno y estado? ¿Cómo administrar el tránsito desde una democracia representativa imperfecta hacia una democracia participativa mejor? ¿Cómo avanzar desde un centralismo exacerbado por un estado fofo hacia la autonomía de macroregiones y microregiones formadas por la asociación voluntaria de provincias y municipios? ¿Que grado de equidad predominará en las relaciones sociales?

¿Qué coeficientes de participación del trabajo y capital en el ingreso nacional asumiremos como metas para los próximos 20 años? ¿Que tipo de capitalismo tendremos que perfeccionar para compatibilizar los intereses globales y privados? ¿Cómo restablecer equilibrios de base entre las diversas regiones del país? ¿Cuanta inversión en infraestructura y en desarrollo productivo y social será necesario transferir a escala regional para ampliar y equiparar en el largo plazo las oportunidades de desarrollo de las diversas regiones del país? Los Fondos de cohesión social que hicieron posible la integración europea, ¿Podrían ser implementados en Argentina junto a una nueva ley de coparticipacion?

¿Cómo instituir el régimen de las Tres Economías para compatibilizar los intereses permanentes del estado con la economía privada y con una economía social-comunitaria? ¿Qué responsabilidades deberán permanecer como funciones indelegables
del estado y cuales podrán ser transferibles al sector privado? ¿Que relaciones estableceremos a futuro entre el mercado y el estado para alcanzar los propósitos del bienestar social? ¿Qué limitaciones tendremos que introducir en el derecho de propiedad privada para garantizar su dimensión social? ¿Cómo podrá la nación recuperar la potestad y soberanía sobre los recursos naturales que por la Reforma Constitucional del 94 pasaron a poder de las provincias y de estas al sector privado multinacional? ¿Será posible recuperar el artículo 40 de la Reforma Constitucional del 49?

¿Cómo podremos construir y financiar al estado para que los gobiernos puedan asegurar a la población sus derechos al trabajo, a una remuneración digna y al goce de los derechos sociales de educación, salud y previsión social? ¿Como garantizar la preservación de nuestro patrimonio físico y cultural para beneficio de las generaciones futuras? ¿Cómo redefinir formas apropiadas de inserción internacional de la Argentina para potenciar los beneficios de un orden globalizado sin afectar el desarrollo nacional? ¿Como orientar nuestra participación en el marco sudamericano para participar activamente en la construcción de una Comunidad integrada que transforme a nuestra región en un polo de poder dentro de la nueva configuración del poder mundial multipolar?

¿Qué políticas nos ofrecen los diversos candidatos para eliminar en los próximos años la extrema pobreza en nuestro país? ¿Sería posible conformar por ley del Congreso un Fondo Nacional de Desarrollo destinado a financiar la creación de empleos productivos en regiones y municipios bajo responsabilidad y control de nuevas organizaciones sociales autónomas y descentralizadas, con sustentación técnica, ajenas al clientelismo político? ¿Sería posible consolidar este Fondo con recursos presupuestarios, préstamos internacionales específicos y recursos privados transferidos al Fondo desde los sectores de alta renta bajo el carácter de anticipos por futuros pagos impositivos?

La materialización de esta propuesta representaría una verdadera revolución en términos de gestión pública a nivel descentralizado. Posibilitaría eliminar el desempleo y la pobreza; impulsar y valorizar el trabajo como factor esencial para construir la riqueza de las naciones; crear empleos, producción, construir infraestructura física, emprender programas de preservación ambiental, de desarrollo social y asegurar trabajo, renta, educación, salud y viviendas para todas las familias argentinas vitalizando los procesos de recuperación económica y social en los ámbitos locales de este inmenso país.
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Las preguntas formuladas tendrán que haber sido ya discutidas y evaluadas por los partidos políticos en múltiples foros al interior de la sociedad argentina. Tratemos de informarnos. Si no podemos encontrar respuestas adecuadas aún tenemos algún tiempo para observar y evaluar las ofertas políticas disponibles antes de emitir nuestro voto. Otros pueblos de América cumplen regularmente con este ritual esencial de reflexionar y, antes de emitir sus votos, presionan intensamente a los candidatos para conocer las verdaderas motivaciones que sustentan sus aspiraciones de conquistar el poder de gobernar. La historia nos enseña que no todas las consecuencias provenientes de errores cometidos en el pasado al elegir a nuestros gobernantes pudieron redimirse en el futuro.

16 de julio 2013

Deuda pública y presupuesto 2012 (22 de septiembre de 2011)

El Proyecto de Ley de Presupuesto 2012 – que el Poder Ejecutivo acaba de remitir al Congreso y sobre el que todavía no se dispone de información completa – permite constatar, en principio, tres hechos concretos y muy importantes: 1. La Deuda Pública sigue aumentando, 2. También aumentan los pagos por Intereses, y 3. El Presupuesto cierra con Deuda.

Vamos a desarrollar brevemente la explicación de estas tres afirmaciones, ligadas todas al problema insoluble de la Deuda Perpetua Argentina.

EL DESENDEUDAMIENTO PÚBLICO ES UNA MENTIRA.
El stock de Deuda del Estado Central a la última fecha informada por el Ministerio de Economía – 31.3.2011 – es de 184.400 Millones de Dólares (MD), saldo integrado siempre en pesos y en moneda extranjera.
A esta suma habría que agregarle entre 55 y 60.000 MD más de Deuda no Registrada por conceptos de Capitalización de Intereses (4.000 MD), Indexación de Deuda en Pesos ajustada por Inflación (22.000 MD) y Unidades ligadas al PBI (32.000 MD): aproximadamente 58.000 MD.
Durante el corriente Ejercicio 2011 – según el Presupuesto vigente – está previsto que la Deuda aumente unos 9.400 MD y que, además, el Gobierno pueda emitir avales por otros 18.000 MD de Deuda que toman Empresas del Estado, Organismos Nacionales y Fondos Fiduciarios (cuyo saldo no se computa dentro del stock de Deuda Pública del Estado Central).
Para el año 2012, según el proyecto oficial, el aumento de la Deuda será de 11.700 MD porque el Presupuesto prevé Amortizaciones de Capital por 40.100 MD y toma de Endeudamiento Público por 51.800 MD (Refinanciación de vencimientos más Deuda Nueva).
El Proyecto contempla utilizar – por tercer año consecutivo – Reservas Internacionales del Banco Central (BCRA) para el pago de Deuda Externa. Lo hace a través del denominado Fondo del Desendeudamiento Argentino, creado por Decreto del PEN 298/10 y en este caso sería por 5.674 MD (durante el actual Ejercicio se están disponiendo para el mismo destino otros 7.500 MD).
La mayor parte de estos pagos se abona ya a Acreedores Privados pero en el 2012 todo el Fondo se usará sólo para este tipo de Acreedores, lo que va contra el Artículo 6 de la Ley 23.928 de Convertibilidad del Austral, que dice que las denominadas Reservas de Libre Disponibilidad podrán utilizarse para pagar a Organismos Financieros Internacionales, no a tenedores Privados de Deuda.
A su vez, las reservas del BCRA que se emplean para efectuar estos pagos de Deuda Externa se compraron en gran parte con Deuda, tomada a través del mecanismo de Letras y Notas del Banco: el stock de Reservas al 7.9.11 es de 49.700 MD mientras que la Deuda Cuasi-fiscal por LEBAC/NOBAC, que sirvieron para comprar esas reservas, equivale a 22.200 MD (siendo que por estos pasivos se paga una Tasa de Interés promedio del 13 %).
Este nuevo préstamo del BCRA a la Tesorería – un crédito contra Letras intransferibles a 10 años de plazo que no tienen capacidad de repago demostrada – es independiente de los Adelantos Transitorios del Banco al Tesoro, que para el próximo año se fijan en 19.000 Millones de Pesos (M$, equivalentes a unos 4.500 MD).
Hay que agregar a esto la autorización de avales o garantías de la Tesorería sobre deudas que serán contraídas por el Ministerio de Planificación Federal para el financiamiento de Obras de Infraestructura y Equipamiento, que se prevé otorgar en el 2012 por 27.900 MD (casi 28.000), sin que tampoco se tenga demostración de la capacidad de pago para afrontar en el futuro estas nuevas obligaciones respaldadas por el Estado Central.

AUMENTA EL PAGO DE LOS INTERESES.
Este año – 2011 – está previsto pagar Intereses de la Deuda Pública por unos 9.000 MD (en promedio son 25 MD por día o un millón de dólares por hora) y para el 2012 se planea pagar 10.300 MD.
En ambos casos, se trata de Intereses a Pagar: no incluyen los Intereses Devengados que se capitalizan por Anatocismo (que son del orden de los 1.300 MD por año).
Lo mismo que aconteció el año en curso con respecto al año pasado, también en el 2012 el Gasto Público por Intereses aumenta a un ritmo mayor que el Gasto Total: en este caso 24.0 % contra 18.8.
El Gasto por Intereses de la Deuda Pública – más de 10.000 MD en 2012 – según el proyecto pluri-anual del nuevo Presupuesto, crece a 13.100 MD en 2013 y a 16.900 (casi 17.000) en 2014.
Para el mismo período 2012-2014 el perfil de vencimientos por Capital es de 40.100, 43.300 y 46.200 MD respectivamente (cifras éstas que “blanquean” una información que no es coincidente con la que informa la Oficina Nacional de Crédito Público de la Secretaría de Finanzas).

EL PRESUPUESTO CIERRA CON DEUDA.
El Proyecto de Presupuesto 2012 prevé Recursos Totales por 506.600 M$ y Gastos Totales por 505.200 M$, esto es, un ejercicio prácticamente equilibrado, incluso con un pequeño superávit de 1.400 M$.
El Gobierno confunde comúnmente a la Opinión Pública mostrando – como lo está haciendo también este año en curso – un Superávit Fiscal Primario muy elevado – 46.300 M$ – pero ocurre que descontándole a este importe los pagos de Intereses por 45.000 M$ el Resultado Financiero queda en los 1.400 M$ citados.
El problema es que a este resultado, supuestamente equilibrado, se llega gracias a que se contempla la refinanciación de la totalidad de los vencimientos de Deuda por Capital que caen durante el Ejercicio 2012 y además – como lo hemos dicho más arriba – merced a contraer Nueva Deuda por 11.700 MD.
La mitad de esta deuda adicional correspondería al nuevo Fondo de Desendeudamiento para pago a Acreedores Privados con reservas del BCRA (5.674 MD).
Por lo tanto, el Gobierno Kirchner no tiene un leve superávit ni siquiera un verdadero equilibrio fiscal porque el Presupuesto sólo cierra con Deuda como Fuente de Financiamiento.

DEUDA Y ELECCIONES DE OCTUBRE.
La Administración Kirchner ya habría llegado al tope de su Deuda Intra-Estado.
Sus principales contribuyentes son la Administración de Seguridad Social (ANSES) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
El 55 % del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES – que es el dinero de los Jubilados administrado por el Estado – está prestado a la Tesorería Nacional bajo la forma de Títulos Públicos: son casi 107.000 M$, equivalentes a unos 25.000 MD.
Paralelamente, el Tesoro le debe hoy al BCRA 42.000 MD: 31.000 MD por Títulos Públicos en cartera y 11.000 MD por Adelantos Transitorios. Es un importe tan elevado que se acerca al monto de las Reservas Internacionales (49.700 MD), suma de la cual sigue extrayendo divisas para pagar más Deuda Externa.
Este aumento extraordinario de la Deuda Intra-Sector Público no tiene capacidad de pago demostrada y está llevando al empapelamiento del propio Estado con deudas impagables, lo que agrava la disponibilidad de fondos del Sistema Previsional para sus fines específicos, que son la atención del pago a los Sectores Pasivos, y a la vez debilita la posición financiera del Banco Central, cuyas reservas están para el respaldo de la Base Monetaria y la atención de las obligaciones de corto plazo en divisas.
En la medida que esta situación interna se le agrava, el Gobierno Kirchner estaría entonces cada vez más necesitado de acelerar el cumplimiento de su llamada Hoja de Ruta – objetivo reiteradamente declarado del Ministro Boudou – consistente en llegar a un pronto arreglo con los Tenedores de Bonos que no entraron en el Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005 (los Holdouts), formalizar el nuevo acuerdo de pagos con los países del Club de París (cuyo monto ya ha reconocido en 8.400 MD mientras que hasta ahora se computaban 6.400 MD, sin Intereses Moratorios y Punitorios) y, todo ello, para volver al Mercado Internacional de Capitales, precisamente para tomar más Deuda Externa.
La Deuda Pública, como constante de Deuda Perpetua, mantiene así su rol determinante en las Finanzas del Estado, papel que en este caso está doblemente comprometido porque la aprobación por Ley del Presupuesto 2012 no sólo confirmaría el nuevo esquema de endeudamiento público armado para el año que viene sino también convalidaría todo lo actuado y convenido en esta materia durante el corriente ejercicio, que fue fijado unilateralmente por Decreto del Poder Ejecutivo – el 2.054/10 – y no por Ley del Congreso.
La Administración Kirchner confía en que la mayoría de la partidocracia opositora con representación parlamentaria le facilite, directa o indirectamente, una rápida aprobación de este Proyecto de Presupuesto 2012.

16 de julio 2013

Agosto 2011

A lo largo de nuestra historia, los conflictos no resueltos entre el Poder Conservador que rige los destinos del país desde los albores del siglo XIX y las mayorías sociales que permanentemente presionaron por su inclusión con trabajo y dignidad, acumularon un núcleo duro de problemas estructurales que, al permanecer sin resolución definitiva, crecieron con intensidad y terminaron limitando fuertemente el desarrollo del país. Nos referimos al grado de legitimidad del sistema de representación política vigente; al problema de la tierra, a la inequidad de origen en la distribución de la riqueza y de la renta, a la pobreza y exclusión social consecuente, a la concentración demográfica en la región central del país, a las inequidades del régimen tributario, al sistema de coparticipación federal de los impuestos, a los problemas de la educación, salud, saneamiento, etc.

Históricamente, los gobiernos mantuvieron un complaciente silencio sobre la importancia de aquellos problemas, y en particular, sobre sus implicaciones en la dinámica social y económica del país. Como consecuencia, las políticas públicas adoptadas en el curso de nuestra historia circunscribieron su temática, básicamente, a los problemas de la coyuntura macroeconómica de corto plazo. Tales actitudes no fueron motivadas por el simple olvido ni por la ignorancia o incapacidad operativa de sus cuadros dirigentes. Fueron impulsadas por la fuerza de la propia Cultura del Poder que, en todo momento, prefirió esquivar o postergar su tratamiento.

En general, los gobiernos optaron por ignorar la existencia de los problemas estructurales, o por las limitaciones-debilidades de su poder real, o por sus implicaciones políticas y por el tiempo que demandaría encontrar soluciones, o por las extremas dificultades operativas y financieras que seguramente tendrían que resolverse para avanzar en su solución. El olvido de los problemas estructurales no fue indiferente para la suerte de la república ni para la vida de los argentinos.

La ausencia de políticas públicas para su gradual resolución, trabó el desarrollo nacional y afectó el bienestar de los ciudadanos. La persistencia y agravamiento de aquellos problemas, fue limitando, gradualmente, los espacios de actuación de los sucesivos gobiernos forzándolos a restringir su actuación pública dentro del estrecho marco de las políticas de corto plazo. No pudieron penetrar en la médula de los problemas nacionales ni asumir responsabilidades por la resolución de los problemas mayores que históricamente limitaron el progreso del país.

En el curso de los últimos 50 años, los sucesivos gobiernos aplicaron, en su praxis de gestión, los mismos pasos de ballet, las mismas coreografías que adoptaron sus predecesores; utilizaron mecánicamente las mismas recetas provenientes de una ortodoxia anacrónica o condujeron sus políticas públicas sustentándose en la opinión de pocos, en el mero voluntarismo o en la suerte de la simple improvisación. Anunciaron, públicamente, sus decisiones de resolver los síntomas por los cuales se manifiestan los problemas reales, a sabiendas de que su efectiva resolución no podría comportar soluciones de corto plazo.

Ante la impotencia para resolver problemas relevantes con políticas concretas, adoptaron como vínculo con la sociedad las artes de la representación teatral y de la ficción cinematográfica potenciando el uso de los instrumentos mediáticos para presentarse ante la opinión pública divulgando relatos artificialmente construidos y versiones imaginadas como realidades concretas. Con tales armaduras, y con mucho dinero público concentrado en tales propósitos, los gobiernos de los últimos años pudieron sostener sus monólogos con la opinión pública y cabalgar entre promesas incumplidas procurando inducir el favor de los ciudadanos.

Por tales circunstancias, asumieron permanentemente decisiones inconsistentes de mera coyuntura, eludieron responsabilidades mayores transfiriendo sus soluciones a futuras administraciones y mediante recursos mediáticos apelaron a la generosidad de programas asistenciales que nada resuelven, a la ficción, al engaño, a la mentira institucional para distraer o confundir la opinión de los ciudadanos. En los últimos tiempos, llegaron al extremo de falsificar informaciones esenciales para negar frontalmente la existencia de determinados problemas reales que la sociedad percibe y condena. Mientras tanto, el núcleo duro de los problemas estructurales permanece sin solución y el tiempo solo agrava sus magnitudes deteriorando el clima social y la gobernabilidad del país.

Reiterando lo ya expresado en editoriales anteriores, situamos a la Cultura del Poder, cristalizada en la Argentina durante el siglo XIX, como fuerza inmaterial y material que impulsó y condicionó la evolución histórica del país. Importa destacar que en esta interpretación, la Elite Política Dirigente fue el instrumento operativo orgánico que aquella cultura utilizó, en todos los tiempos, para penetrar en la esfera de las instituciones del estado y en la vida de los ciudadanos. La Elite, como orgánico eslabón operativo, tuvo la histórica misión de proteger y articular los legados axiológicos e intereses del pasado con las realidades del presente influenciando la praxis de gestión de los diferentes gobiernos. En el cumplimiento de este rol, durante los últimos 60 años, tuvo que asumir, desde los ojos de la sociedad, intensos procesos de deslegitimación, degradación moral y pérdida de capacidad operativa como consecuencia de su obsecuencia y funcionalidad a los intereses del Poder.

Mientras una misma monolítica Elite Política Dirigente permanezca ocupando cargos de responsabilidad pública, será muy difícil neutralizar sus efectos sobre la salud de la república. Es nuestra convicción que la única alternativa que resta a las grandes mayorías para que Argentina pueda aspirar a horizontes de progreso y equidad será aquella de potenciar su Poder Social para elegir nuevas representaciones políticas capacitadas para impulsar consensos con los factores reales de poder y crear nuevas condiciones para impulsar la recuperación y el progreso del país.
Cambiar una Cultura del Poder y una Elite Política Dirigente configuran, de hecho, ciclópeas tareas para una sociedad y solo el paso de algunas generaciones y la perseverancia de una sucesión de gobiernos constitucionales con administración ponderada, austera y consistente de las Políticas Públicas en beneficio de toda la población permitirá avanzar en la configuración de nuevos genes a inyectarse en los torrentes sanguíneos formadores de una nueva cultura. Ojalá la sociedad pudiera reflexionar sobre tamaños desafíos antes de emitir su voto en las próximas elecciones.

16 de julio 2013

Editorial Julio 2011

Una Constitución para ser socialmente legítima, reconocida, valorada y respetada por la ciudadanía debe ser consistente con la razón de su época, con las características socio-culturales y requerimientos de progreso y bienestar de la población a la que se destina y, fundamentalmente, debe canalizar las energías de las fuerzas sociales que en un determinado espacio y tiempo histórico determinan la evolución de una sociedad. La Constitución Argentina de 1853, a la luz de los criterios referidos, registraba, en su tiempo, plena correspondencia respecto a la razón de su época. Su esencia liberal se inscribía en la ideología revolucionaria precursora del capitalismo dominante en los países más evolucionados del mundo. Sin embargo, no expresaba la diversidad cultural ni las características socio-económicas de la población argentina radicada en las diversas regiones del país; su articulado tampoco explicitaba un programa de largo plazo para atender explícitamente los requerimientos de progreso y equidad de las grandes mayorías sociales radicadas en regiones distantes que durante 300 años venían luchando contra el colonialismo español.

Su contenido programático estaba destinado, principalmente, a potenciar el progreso del país por la mano de las fuerzas sociales radicadas en su región central que, por ser aquella con mayor potencial de expansión y generación de excedente económico, ya se insertaba activamente en el mapa global del capitalismo naciente. Para impulsar su agresiva expansión la Constitución definió normas, criterios, programas y caminos a seguir dentro de un régimen de republica y democracia posible.

Cuando después de su sanción en 1853 la Constitución debía comenzar a funcionar como Carta Magna para asegurar gobernabilidad y ordenar las relaciones sociales en todo el país, manifestó de inmediato su orgánica inadaptación con las fuentes de poder imperantes en la realidad de la época. La primera prueba de lo expuesto, es que de inmediato fue rechazada por la principal provincia argentina, Buenos Aires, que optó por mantenerse al margen de la Confederación Argentina y preservarse como unidad independiente. Con el paso del tiempo, las provincias del interior terminaron manifestando también su plena disconformidad por la profunda disociación existente entre sus postulados conceptuales y las evidencias de la cruda realidad económica y social que condicionaba y limitaba su aplicación.

La forzada reforma de 1861 solo posibilitó atender los requerimientos de Buenos Aires para asegurar su retorno e integración a la Confederación. Sin embargo, el antagonismo creciente entre las estructuras de Poder central que aquella Constitución instituía y las necesidades de equidad y bienestar que reclamaban grandes sectores sociales de la población se potenciaron con el tiempo y después de 150 años de su vigencia formal se verifica, en la actualidad la urgencia de proceder a la Reforma de su texto para adaptarlo a las exigencias del presente.

Desde una perspectiva actual, compatible con la razón de nuestro tiempo, se asume que una Constitución, para ser socialmente legítima y merecer el respeto y pleno acatamiento de la ciudadanía, debería establecer principios y normas de valor general que posibiliten, a todos los ciudadanos de la nación, el gozo de sus derechos fundamentales en el marco de relaciones sociales e institucionales que preserven la gobernabilidad del sistema. Las reformas que el país requiere tendrán que asegurar, entre otros propósitos importantes, el pleno funcionamiento del Poder Judicial para eliminar de raíz los vicios de la corrupción ya enquistada en la esfera pública y privada, la permanente renovación democrática de las autoridades de gobierno, la limitación de los mandatos a un período máximo de seis años, sin reelección, para todos los cargos del poder ejecutivo y legislativo.

En este marco de valores compartidos por toda la ciudadanía, el contenido normativo de la Reforma debería instituir que las formas de organización económica, social e institucional que la sociedad determine adoptar por consenso mayoritario de sus representantes, asegure a los sectores más débiles y vulnerables de la sociedad el goce pleno de sus derechos humanos esenciales: libertad, inserción social, trabajo con remuneración de vida digna y servicios sociales esenciales. De igual modo, la Reforma debería incorporar también en su articulado aquel conjunto de normas que aseguren la preservación del patrimonio físico natural comunitario para que las futuras generaciones puedan también beneficiarse de su racional aprovechamiento. Tales enunciaciones no podrán asumir un carácter meramente declamativo; tendrán que estar sustentadas en normas y nueva legislación que transformen sus postulados en Políticas de Estado para asegurar su riguroso cumplimiento en el curso de las próximas décadas.

Implícito en los conceptos antes referidos subyace la convicción de que el destino de las familias en situación de pobreza e indigencia no puede ni debe depender ni de la buena voluntad de los gobernantes ni de las fuerzas automáticas del libre mercado. Por el contrario, se considera que para garantizar equidad y potencialidades de progreso para todos los habitantes y regiones del país se requiere que la Constitución, deliberadamente, institucionalice, en su texto normativo, nuevas formas de organización económica-social para que los sectores sociales más vulnerables puedan insertarse en la sociedad participando activa y productivamente en mercados privados y/o sociales de trabajo con remuneración de vida digna y acceso a los servicios sociales esenciales.

Subyace también en esta propuesta de reforma constitucional que ni la buena voluntad de los gobernantes ni las prácticas del libre mercado posibilitan asegurar, para beneficio de las futuras generaciones, la preservación del patrimonio físico de la comunidad razón por la cual el Estado tendrá que instituir mediante la Reforma nuevas normas que aseguren su preservación y determine formas racionales de utilización productiva. En el marco de tales reflexiones, será necesario recuperar para el Estado Nacional la propiedad de los recursos del subsuelo.

Desde nuestra concepción, ni la pobreza ni la exclusión social ni la depradación de los recursos naturales deben ser las variables de ajuste para maximizar los resultados de un sistema económico de libre mercado. Por el contrario, las variables de ajuste en un sistema económico y social que asegure gobernabilidad, equidad y progreso para todos tendrán que ser las formas de organización societaria y la graduación relativa de participación de los diversos estratos sociales en los costos tributarios para la sustentación y gobernabilidad del propio sistema. En tiempos de elecciones, las reflexiones formuladas en este Editorial podrán potenciar su utilidad.