PARA RECONSTRUIR LA ARGENTINA
Manuel Figueroa
En su parte I, este artículo señala algunos hechos de carácter económico, social, demográfico e institucional que en el curso de los últimos 50 años transformaron a la Argentina en un país de Desarrollo Imposible. En su parte II se especifican Directrices de Políticas Públicas que posibilitarían revertir los hechos referidos y abrir nuevos horizontes para avanzar en la reconstrucción del país. La Parte III, a modo de conclusión, esboza rasgos esenciales de la ingeniería política que podría adoptarse para modernizar la institucionalidad del país, asegurar su gobernabilidad y detonar los procesos necesarios a su reconstrucción integral.
I
Es de práctica profesional utilizar múltiples indicadores para dimensionar la evolución y estado real en que se encuentra una sociedad durante un período histórico determinado.1) Para evaluar la situación de Argentina utilizaremos tan solo los siguientes:
1º indicador: Ingreso per cápita. Enla segunda parte del siglo XX, la sociedad argentina padeció una de las experiencias más crueles de involución económica. La información relativa a disponibilidad de dólares per cápita, así lo refleja: entre 1950 y 2003, perdió un 19 %, pasando de 4.656 a 3.760. En ese mismo período, Chile ganó 173 % evolucionando desde 1.972 a 5.381. México, incrementó un 201 %, de 1.462 a 4.395. Brasil, mejoró un 269 %, de 1.184 a 4.376 y España, registró un salto de 600 % pasando de 2.826 a 19.774. Sus respectivas tasas anuales de crecimiento en el PBI per cápita fueron: Argentina, 1,13 %; México, 1,53 %; Chile, 1,61 % y Brasil, 2,03 %. Otros países – período 1900-2009 – informan: Suecia, 2,14 %; Australia, 1,67 %; Canadá, 1,93 %; España, 2,19 % y Japón, 2,65 %.
2ª indicador: Distribución del Ingreso. Registros estadísticos disponibles informan que, en 1945, el país asignaba al factor trabajo el 35,58 % del ingreso nacional; en 1950,el 46,48 %; en 1955, un 45,05 %.A partir de entonces, la información refiere la pérdida permanente de participación llegando en el 2005 a un 27,1%; 2007: 30,1 %; 2009: 36,3 %; 2011: 35,7 %; 2913; 38,2 %. Según tales estimaciones, entre 1950 y 2013, el factor trabajo perdió 22% de su mayor participación en el ingreso nacional. En los últimos 6 años aquellas magnitudes podrían haberse agravado. Respecto a la distribución del ingreso entre deciles de la población, la información registra que en 1974 las relaciones de ingresos per cápita entre los deciles 10 y 1, era de 12,07 veces; en 2017, la misma relación acusó 24,56 veces. Las relaciones de ingresos entre los deciles 6 y 1 (representativos de los sectores medios y pobres) evolucionó de 3,98 en 1974 a 6,60 en 2017. Su grado de inequidad es grave y permanece sin solución. Según cifras oficiales del INDEC, en 1996, las diferencias de ingreso entre el decíl más alto y más bajo de la población era de 20 veces. Al 1º trimestre del 2007, esta relación fue 27. Este indicador puede haber alcanzado en la actualidad alrededor de 30 veces. En países avanzados no supera 10 veces.
3ª Indicador: Inflación. Las estimaciones refieren las magnitudes totales alcanzadas por la inflación en cada uno de los períodos referidos: 1861 y 1916: 85 %; 1917-1930: – 2%; 1931 -1945: 43 %; 1946-1955: 43%; 1946-1955: 386 %; 1956-1966: 915 %; 1967-1983: 8.844.183 %; 1984 – 1989: 477.904 %; 1990 – 2001: 301 %; 2002 – 2003: 13,4 %; 2003- 2006: 27 %; 2007 – 2009: 421 %; 2010 – 2013: 98 %; 2014: 37 %; 2015: 24 %.[1]; 2019: 54 %.
4ª Indicador: Ingresos y Gasto Público. Antes de 1961 la información se refiere a la Administración Pública Nacional. Desde 1961, al Sector Público Argentino no financiero. La información registra, en primer término, como resultado primario, la diferencia entre ingresos y egresos totales, excluyendo los pagos por amortización e intereses de la deuda. En segundo término, como resultado financiero, registra las diferencias entre ingresos y egresos totales, incluyendo los pagos por amortizaciones e intereses de la deuda. Se expresan en %:
1931: 0,14 y -2,26; 1945: -33,63 y -5,24; 1967: – 1.11 y – 2,02 1983: -6,41 y -10,36
1946: – 3,14 y -4,12; 1955: – 2.96 y -3,77: 1984: – 5,12 y – 6,73 1989: 4,15 y – 3,66
1956: -3,79 y -4,04; 1966: -3,79 y -4,04: 1990: -3.08 y – 4,73 2001: -1,96 y – 7,03
2002: 1.84 y -0,81; 2003: 3,95 y 1,59 2006: 3,43 y 1,36 2007: 3,21 y 0,77
2009: 0,46 y -2-20.
5º indicador: La Cuestión de la Tierra. Argentina solo pudo implementar su Reforma Agraria ampliando la concentración promedio de la propiedad de la tierra. En efecto, “La información censal del INDEC certifica que entre 1969 y 2002 desapareció el 53 % del total de los establecimientos registrados con superficies inferiores a 100 hectáreas, esto es, 193.010 unidades, transfiriendo hacia otros estratos superiores 5.250.902 hectáreas, es decir, el 51 % del total de las tierras que poseían en 1969. Sobre un total de 297.425 establecimientos agropecuarios, 6.160 que solo representan el 2 % del total, poseen unidades superiores a 5.000 hectáreas y se apropian de 87,3 millones de hectáreas, es decir, del 50 % de total de la superficie agropecuaria del país, en cuanto 291.265 establecimientos, el 98 % del total, con superficies inferiores a 5.000 hectáreas, poseen el otro 50 % de la superficie agropecuaria. En el año 2002 el país disponía de un total de 4.270.178 de hectáreas aptas no utilizadas: región pampeana, 2.682.627; región Noroeste; 497.461 has; región Noreste; 452.209; región Patagonia: 370,281;
6º indicador: Pobreza y Desempleo. La indigencia y la pobreza afectaron, en 1994, al 3,3 y 16,1 %, de la población, respectivamente. Al 1º trimestre del 2007 llegaba al 8.2 y 23.4 % y para el 2016, se estimaba un 32,9 % de personas en situación de Pobreza y un 6,3 % de personas en situación de indigencia. La crisis del 2001 y su resolución a partir de enero del 2002 llevó la pobreza a niveles del 57 % de la población en cuanto el desempleo afectaba al 24 % de su población activa. En el primer trimestre del 2016, la población excedente y desempleada, representaba un tercio de la total del país: ¡14 millones de personas en situación de pobreza! Durante el Gobierno Macri, la pobreza cubrió al 45 % del total de la población.
7º Indicador: Grado de urbanización. Al respecto, reciente publicación del Banco Mundial refiere que entre 1960 y 2016 la reducción de la población rural en diversos países del mundo acusó la siguiente dinámica: Alemania: 29 y 24 %; Australia: 18 y 10 %; Canadá: 31 y 18 %; Chile: 32 y 10 %; China: 84 y 43 %; EEUU: 30 y 18 %; Federación de Rusia: 46 y 26 %; Francia: 38 y 20 %; Hungría: 44 y 22 %; Israel: 23 y 8 %; Noruega: 50 y 19 %; Reino Unido: 22 y 17 %. Suecia: 28 y 14 %; Suiza: 49 y 26 %. México: 49 y 20 %. Nueva Zelanda: 24 y 14 %. En Argentina, la población urbana en 1960 era del 60 %; en el 2002, del 92 %. Hacia el 2020 su población rural podrá alcanzar el 5 % y su población urbana un 95 %.
Los indicadores referidos fueron resultado de las deformaciones estructurales del país y explican sus dificultades para sustentar el progreso con equidad después de 160 años de su Constitución de 1853. El paso del tiempo registró también severas deficiencias en la esfera institucional ocasionando su profundo deterioro. En efecto:
Argentina terminó destruyendo todos los diques de contención institucional establecidos en la Constitución de 1853 para sustentar, regular y controlar el Poder. Ya perdió solemnidad, virtud y admiración la Autoridad Presidencial; grandes mayorías sociales perdieron su confianza en la división de Poderes, en la plena independencia del Poder Judicial, en la fuerza moral de la Iglesia Católica como faro orientador del devenir institucional de la Nación; en el Federalismo como poderoso instrumento de Gobierno, en la Educación bajo directa responsabilidad del Estado como derecho ciudadano e instrumento nivelador de oportunidades para todos; en los Medios Masivos de Comunicación como poderosos instrumentos de educación pública y de información cotidiana para Gobernantes y gobernados; en la presencia de las FFAA como último recurso para preservar la Nación; en el libre voto ciudadano y la acción de los Partidos Políticos como poderosos instrumentos electorales y formadores de opinión para sustentar una Democracia viva. Ninguna Administración despierta, a priori, abierta confianza en la mayoría de la población. Sus tradicionales actos de corrupción, extensamente divulgados por los medios de comunicación, arrasaron con la confianza que la ciudadanía podía depositar en sus gobernantes. Sin embargo, como expresión de nuestro subdesarrollo político, una expresiva mayoría de la sociedad continúa emitiendo su voto sin valorizarlo políticamente; sin cuestionar la moralidad de los candidatos; sin evaluar sus antecedentes profesionales; sin conocer, al menos, una síntesis programática de sus Propuestas Partidarias.
Argentina, con sus actuales 45 millones de habitantes, continúa falsamente presentándose ante el mundo como un solo país integrado. Sin embargo, su sociedad y territorio expresan dos realidades altamente diferenciadas en materia de institucionalidad, ocupación productiva, ingresos, empleos y educación. Desde mediados del Siglo XX, la dinámica de aquella severa diferenciación estructural imposibilitó fortalecer vínculos de complementariedad y solidaridad en su sociedad cristalizando, en la actualidad, un país de desarrollo imposible que avanza, inexorablemente, por senderos de involución económica, degradación institucional y desgarramiento social y regional.
A pesar de tan extrema conclusión, se considera que si los diferentes Gobiernos que administraron el país en sus últimos 70 años no pudieron impulsar desde arriba la Reconstrucción y el Progreso del país este proceso sólo podrá detonarse desde abajo cuando una expresiva mayoría de la sociedad decida cristalizar su consenso para elegir una nueva Dirigencia dispuesta a impulsar, mediante Reforma Constitucional, la modernización de las Instituciones para transformar al país en una verdadera República Democrática y Federal. Para tales propósitos, se necesitará que la Asamblea Constituyente logre consensuar Un Nuevo Contrato Social destinado a impulsar el progreso y la equidad para una Argentina con 50 millones de habitantes. Después de su sanción por el HCN, todos los Gobiernos, Ciudadanos, Empresas e Instituciones, Públicas y Privadas del país, tendrán que cumplir con las múltiples Reformas que consagre la Nueva Constitución.
II – Principales Esferas Temáticas de la Reforma para reconstruir la Argentina:
1.Esfera Institucional: Conviene recordar que el país sancionó su Constitución en 1853 cuando su población solo alcanzaba 1,5 millón de habitantes y recién comenzaba su parcial inserción en la economía mundial exportando materias primas procedentes de su pampa húmeda bajo la plena dependencia comercial, industrial y financiera de Inglaterra. Aquel modelo de inserción internacional, a pesar de sus limitaciones, posibilitó importar los insumos y bienes de capital necesarios para construir la infraestructura básica que abrió las puertas al acelerado progreso económico de Argentina hasta la crisis mundial de 1929.
Por sus severas consecuencias, la violenta contracción de sus exportaciones cambió radicalmente las condiciones preexistentes de producción, empleo y comercio exterior en Argentina y los esfuerzos realizados por diferentes gobiernos durante los siguientes 40 años no fueron suficiente para completar la diversificación productiva del país ni para generar los niveles de ingresos, empleos y bienestar que demandaba su creciente población. En los 50 años posteriores, – entre 1970 y 2020 – una caótica y acelerada sucesión de crisis de origen económico, social y político terminó degradando o destruyendo las principales instituciones de la República y transformando a la Argentina en un país de desarrollo imposible.
La reconstrucción integral del país requiere, con urgencia, institucionalizar una Nueva Cultura del Poder que instituya los necesarios mecanismos constitucionales de control social para asegurar: el buen funcionamiento de todos los Gobiernos, la independencia de los tres poderes de la República, la caducidad de mandatos de representación ante hechos comprobados de corrupción, nepotismo o abusos de poder y la renovación permanente de las Autoridades de Gobierno instituyendo un único período de 6 años – con eventual reelección por un solo período tras permanecer 6 años fuera del Estado – en el ejercicio de cargos públicos del orden nacional, provincial y municipal.
2. Esfera de la Política Internacional: Será prioridad de los Gobiernos promover la reinserción de la Argentina en el orden mundial fortaleciendo sus vínculos de cooperación cultural, económica y social con organismos internacionales y con el resto de las naciones para construir un mundo mejor, socialmente más democrático y equitativo.
3. Esfera de la Política Económica: En razón de la gravedad que asumen los procesos de involución económica y de la reconocida precariedad de nuestra cultura institucional se imponela imperiosa necesidad de inscribir en el propio texto de la Constitución Reformada aquel conjunto de normas y criterios de orden macroeconómico cuyo cumplimiento obligatorio por parte de los futuros gobiernos posibilitará administrar con mayor consistencia sus políticas de corto y largo plazo. En especial, podrán especificarse, numéricamente, los rangos de variación anual dentro de los cuales los Gobiernos tendrán que administrar aquellas variables de mayor relevancia para sustentar una macroeconomía estable: déficit fiscal, inflación, tasa de cambio, emisión monetaria, desempleo y niveles de equidad entre estratos sociales. Como antecedente, vale mencionar que tras del Tratado de Maastrich de 1992, aquella disciplina institucional posibilitó a países europeos controlar y armonizar su macroeconomía para avanzar en sus procesos de integración.
Competerá a los integrantes de la Asamblea Constituyente decidir que otros objetivos de Políticas Públicas se inscribirán en el texto de la Reforma. Algunos en su parte dogmática; otros, en su parte programática identificando, además, aquellos que requerirán legislación específica. Entre los requerimientos de mayor trascendencia para la reconstrucción del país, destacan los siguientes:
- Reformar la legislación existente para adoptar un nuevo sistema monetario, cambiario y bancario destinado a asegurar estabilidad y la formación de ahorro nacional para el progreso económico sustentable del país.
- Legislar en materia de política de redistribución del ingreso nacional para alcanzar, gradualmente, mayores niveles de equidad social entre regiones y sectores sociales.
- Promover la diversificación del sistema productivo nacional en sectores de la pesca, explotación forestal, minería, agricultura de secano y de irrigación, industrias de bienes de capital, energía, turismo, desarrollo científico-tecnológico y de una nueva economía productora de servicios para exportación.
- Instituir por Ley del HCN el Estatuto Argentino de Inversiones y gestionar su homologación en la Organización Mundial del Comercio de las Naciones Unidas. En esta nueva Ley se especificarán todos los requerimientos de la Legislación argentina en materia ambiental, social, laboral, previsional y tributaria y se informará respecto a la seguridad jurídica que protegerá a todos los capitales invertidos en el país, independientemente de su origen nacional o internacional.
- Instituir un Nuevo Sistema Económico mediante la acción convergente de tres regímenes complementarios: una economía privada de libre mercado accionada principalmente por los intereses de la empresa privada nacional e internacional bajo normas legales predeterminadas por el estado; una segunda economía pública bajo égida del estado nacional dentro de la cual funcionarán las Empresas Públicas en cooperación con el sector privado empresarial, nacional e internacional; Finalmente, una tercera forma de economía social-comunitaria destinada a crear empleos, ingresos y riqueza material bajo un nuevo marco normativo instituido por el estado para beneficio directo de los perdedores del actual sistema social. La principal función de la Economía Pública será:
- perfeccionar la legislación relativa a la “regulación de la economía” disciplinando en todo el país el funcionamiento de la empresa privada de origen nacional e internacional dentro de las normas que el Estado legislará y controlará en materia social, laboral, tributaria, ambiental y previsional.
- Ampliar la capacidad de exportaciones del país potenciando la cooperación del Estado con el Sector Privado Empresarial bajo la acción oportuna e inteligente de una Agencia Estatal promotora del comercio exterior.
- promover la creación de un Sistema de Grandes Empresas Mixtas formadas con la cooperación del estado con grandes empresas privadas de origen nacional y extranjero para diversificar la producción exportable, explotar las riquezas naturales del país, acelerar la formación de capital, la transferencia y generación de tecnologías, multiplicar los flujos del comercio internacional y la generación de divisas. La principal característica de la Economía Social Comunitaria será:
“Proporcionar trabajo a todas las personas en edad activa bajo situación de desempleo asegurándoles salarios de vida digna, la provisión de servicios esenciales y capacitación técnica a sus respectivas familias. La tercera economía posibilitará organizar y movilizar la acción conjunta de micro-empresas, entidades comunitarias y trabajadores desempleados tras la ejecución de una amplia gama de “proyectos” destinados a la creación de empleos productivos vinculados al sector agropecuario, forestal o de la pesca o bien a la construcción de infraestructura física, a la realización de obras de alcance social, ambiental o cultural. El Estado aportará personal para la supervisión de los Proyectos, mano de obra y financiamiento. Una red de Empresas Privadas convocadas mediante concursos abiertos podrá participar en su ejecución.”
4. Esfera del Desarrollo Regional: La Reforma podrá incluir criterios para:
A) Perfeccionar el federalismo promoviendo la modernización del país mediante nueva legislación destinada a la formación de regiones y microregiones para reducir el gasto público, modernizar su administración y potenciar inversiones en todas las provincias.
B) Promover un Nuevo Sistema Nacional de Leyes de Coparticipación Federal de Impuestos especificando los principales mecanismos de regulación y control de flujos financieros entre Gobierno Central y Provincias;
C) Conceder prioridad nacional a la ejecución de grandes proyectos nacionales que posibilitarán multiplicar las riquezas del país: entre ellos, la “canalización del Río Bermejo”, la “construcción de un puerto de aguas profundas”; la “recuperación de la red ferroviaria en todo el país”; la “construcción de un nuevo paso cordillerano en la región central del país para potenciar el comercio internacional por el Pacífico”; “impulsar el crecimiento integral de las actividades de la Pesca” en toda la región Patagónica.
D) Impulsar la ejecución de Proyectos de Colonización y la construcción de ciudades intermedias para repoblar el interior y potenciar el surgimiento de Polos de Desarrollo Microregional. Para tales propósitos será esencial movilizar la participación de Grandes Empresas Nacionales y utilizar tecnologías intensivas en mano de obra.
5. Esfera del Desarrollo Social: Mediante el proceso de Reforma Constitucional podrán inscribirse nuevas formas de cooperación entre el Estado y Sector Privado Empresarial para proveer a la sociedad la amplia red de servicios que requiere en materia de:
- Educación preescolar, primaria y secundaria; Red de Universidades nacionales;
- Salud Pública; Vivienda Social, Defensa y Seguridad;
- Construcción de la infraestructura básica de transporte;
- Construcción y administración de actividades relativas al saneamiento básico: agua potable, cloacas, energía, gas, telefonía y telecomunicaciones.
6. En la esfera del Financiamiento Público: Parareconstruir el país será necesario contar durante muchos años con recursos financieros de origen Público. El texto de la Reforma podrá instituir nuevos criterios de gestión para generar parte de los recursos necesarios. Ejemplo:
- Que el Estado Nacional administre el consolidado de sus gastos corrientes sin sobrepasar límites equivalentes al 25 % del PBI de cada ejercicio. Tal decisión implicará incurrir necesariamente a la reducción del gasto público corriente en todos los niveles de gestión.
- Acrecentar la inversión pública hasta representar alrededor de un 10 % anual sobre el PBI a fin de que el Estado pueda participar como asociado en la explotación de nuevas actividades productivas en el país destinadas a mercados internos y externos.
- Reducir la masa de subsidios sociales que administra en la actualidad. y concentrar tales recursos en beneficio de aquellas familias que por circunstancias especiales no puedan insertarse en Frentes de Trabajo productivo a ser organizados en todo el país.
- Para reducir el gasto público corriente, será necesario reestructurar y reducir el empleo público en todas las reparticiones del Estado comprimiendo, muy en especial, los gastos relativos al funcionamiento del Poder Ejecutivo y Legislativo en todo el país.
- Las personas receptoras de Planes Sociales en buenas condiciones de salud dejarán de percibirlos pero podrán ser contratadas como mano de obra en los Proyectos a implementarse en la esfera de los Mercados Sociales de Trabajo Productivo. (pag.6) Paralelamente, los empleados públicos excedentes – referidos en esta página Letra D – también podrán ser contratados, previa capacitación, para desempeñar tareas de supervisión de Proyectos en las Empresas que el Estado contrate para su Ejecución.
- Avanzar en la Reforma Tributaria a fin de eliminar la evasión y la elusión fiscal y reducir la presión tributaria sobre el sector privado empresarial.
- Modernizar y perfeccionar la Política salarial-sindical y el funcionamiento de la ANSES para que su Fondo de Garantía se transforme en potente instrumento de financiamiento, prioritariamente, para el Sector Privado Empresarial.
- En materia de endeudamiento externo será necesario instituir una nueva Cultura a fin de que, anualmente, el Poder Ejecutivo, junto a los Gobernadores de Provincias, asuman la responsabilidad de evaluar y compatibilizar los diferentes proyectos de financiamiento externo y someterlos a consideración de HCN para su final decisión.
- El texto de la Reforma podrá también conceder alta prioridad a todo Proyecto de endeudamiento destinado a potenciar la capacidad financiera del Estado para asociarse con el Sector Privado Empresarial en materia de Desarrollo Tecnológico y explotación de Grandes Proyectos Productivos destinados a potenciar el Empleo y las Exportaciones.
III – Ingeniería política para reconstruir la Argentina.
Para reconstruir el país, el primer paso será conformar una Potente Concertación de Partidos Democráticos. Para tales propósitos, la actual Coalición, “Cambiemos”, podrá abrir sus puertas y acordar la incorporación de aquellas vertientes Democráticas del Peronismo y del “Socialismo” que, por diferentes razones y circunstancias, permanecieron distantes o quisieran alejarse del Frente de Todos que actualmente gobierna el país. La incorporación de nuevos cuadros y el debate abierto de nuevas ideas posibilitará consensuar una potente Plataforma de Políticas Públicas destinada a reconstruir el país. Su amplia divulgación y discusión en todas las Provincias e Instituciones relevantes de la Sociedad posibilitará la cristalización de conciencia crítica en las grandes mayorías. Este hecho fundante, orientará, en el momento apropiado, el destino de su voto y la suerte de la República. El contenido del presente artículo pretende servir a este propósito.
Como última reflexión interesaría destacar que Alberdi consideraba que, en razón de las dificultades existentes hacia mediados del Siglo XIX, Argentina encontraría severas dificultades para definir formas institucionales apropiadas para gobernar e impulsar su progreso. Tales percepciones fueron también expresadas previamente por Mariano Moreno, Belgrano y San Martín. Por aquellas circunstancias, la Constitución sancionada en 1853 solo posibilitó institucionalizar la “Argentina Posible”. Ahora bien, después de haber experimentado en sus últimos 70 años un traumático proceso de involución económica, social y degradación institucional es un imperativo de conciencia histórica reconocer que ha llegado la hora de iniciar la Reconstrucción del país para materializar, tan pronto sea posible, la “Argentina verdadera” que, invocada también por Alberdi, posibilitará atender los requerimientos de progreso y equidad que demanda la actual sociedad argentina.
Para viabilizar este tránsito será imprescindible definir los contornos del país que quisiéramos reconstruir, diseñar las Políticas prioritarias para su materialización, elegir buenos candidatos para Gobernar, ganar las Elecciones por amplia mayoría, convocar una Asamblea Constituyente y sancionar una Nueva Reforma de la Constitución. Una amplia exposición sobre tales propósitos, se encuentra en la Obra ya citada del autor.
2 Véase, Manuel Figueroa, op- cit. Volumen III.