Desigualdad social y la brecha entre ricos y pobres son los temas analizados
en esta entrevista por Manuel Figueroa. Lo hace desde su amplia experiencia
en la ONU y el estudio específico que realizó en el INDEC.
Buenos
Aires > Manuel Figueroa trabajó 30 años para Naciones
Unidas temas de desarrollo regional. En 1993 se alejó de la ONU
y siguió trabajando este tema desde el INDEC, como asesor del
senado, universidades y ONG´s. Publicó, entre otros, El
desafío argentino. Un modelo autónomo de desarrollo; Economía
de Poder, Una salida de la Convertibilidad. Y tiene en proceso de edición
Argentina entrampada.
En esta entrevista, Figueroa analiza los últimos datos de desigualdad
social, reconstruye la historia de cómo llegamos a esta enorme
brecha que distancia a los argentinos ricos de los argentinos pobres
y qué podemos hacer para detener el proceso.
La
Argentina sigue ascendiendo posiciones en el ranking de desigualdad
social de América Latina. El 10% más rico de la población
se queda con el 38,6% de la riqueza, ¿cómo llegamos a
esta situación después de haber tenido los 70 indicadores
similares a los de países europeos?
Medir
la distribución del ingreso es como hacerle una análisis
de sangre a la sociedad. Permite saber si está sana o no. La
últimas informaciones del INDEC muestran que en la Ciudad de
Buenos Aires el 10% más rico de los habitantes se apropia de
50 veces más ingresos que el 10% más pobre. Entre los
’40 y los ‘60 teníamos el 50% de la riqueza nacional
en manos del factor trabajo – de quienes aportan al proceso productivo
su fuerza de trabajo, obreros, profesionales-. Hoy estamos en torno
al 20, 21%. Esa distribución de la renta nacional entró
en un gradual deterioro a partir de los ’50. Y a fines de los 60
el país cambia su modelo de apropiación del excedente:
comienza a reducir la participación del trabajo en el ingreso
y aumenta la participación del capital dentro del mismo. Para
comprender este quiebre es necesario entender que el plano de la distribución
es consecuencia de un proceso político que ocurre en la sociedad
argentina, la lucha entre peronismo y anti peronismo. El peronismo tuvo
su esplendor en la década de 1945 al 1955, cuando los puntos
de la distribución del factor trabajo alcanzaron su máxima
expresión. Las clases sociales que se vieron afectadas por las
políticas activas del peronismo efectivamente reaccionaron a
esas políticas que redistribuían ingresos y impulsaron
el golpe del 55. Desde 1955 hasta los ‘70 se abre un periodo en
que se deteriora esa relación, pero es a partir de los ’70
cuando la brecha entre ricos y pobres pasa a ser ostensiva.
¿Qué
hizo el peronismo cuando llegó al poder?
Entre
el 45 y el 55 la matriz política sufre una extraordinaria transformación:
deja mayor espacio para la participación de la clase obrera y
de la pequeña burguesía, que son los dos fenómenos
sociológicos que alteran la matriz de poder tradicional que venía
del siglo XIX. En esa matriz, el poder fundamental era la tierra. Lo
que en términos políticos daba sustento a una clase conservadora.
El poder político de la tierra fue afectado por el peronismo.
Perón necesitaba recursos públicos para financiar la industrialización,
que se hizo inevitable una vez terminada la segunda guerra mundial y
el ciclo de la expansión de los mercados agropecuarios argentinos.
En los ’50, el 70% de la población estaba en zonas urbanas.
El Argentina no aceleraba un proceso de diversificación productiva,
no tenía ocupación para la mano de obra. La industrialización
era inexorable, pero para hacerla se necesitaban recursos. Los recursos
los captó Perón a través de ciertos mecanismos
que incidieron sobre la renta de los factores tradicionales de poder.
Pero no podía haber industria sin clase obrera, ni clase obrera
sin sindicalismo. Lo que transformó a la clase obrera en incipiente
factor de poder y generó reacciones en los otros elementos de
la matriz tradicional. Esos sectores afectados por el peronismo son
los que impulsan el golpe en el 55. Los sucesivos gobiernos civiles
y militares que se sucedieron hasta el 74 no quisieron deteriorar la
distribución del ingreso del factor trabajo. No obstante, las
inestabilidades institucionales que vivió el país marcaron
un inexorable retroceso del factor trabajo. En el golpe de 1976 cambia
radicalmente la matriz política y el modelo económico
de Argentina. Argentina se propone desde lo político arrasar
con los símbolos del poder político del peronismo. El
modelo político de 1976 intenta regresar a la Argentina agropecuaria
del siglo XIX, eliminando las tensiones sociales de una clase social
que reivindicaba mayor participación en el ingreso. La Argentina
de Martinez de Hoz y del ciclo militar es un intento de regresar a la
Argentina agroexportadora. En la esfera económica: la clase obrera
retrocede y el país gradualmente va perdiendo los avances que
había logrado en términos de industrialización.
El modelo que comienza en el 76 culmina recién en la década
de los 90.
¿En
este intento de volver a la matriz del siglo XIX de una Argentina agroexportadora?
En
la década del 90, el gobierno del presidente Menem asume en condiciones
de un profundo deterioro institucional, producto de 40 años de
crisis institucionales y después de la hiperinflación
que terminó de desordenar todas las relaciones económicas.
En 1989 el gobierno de Menem se hace cargo de un país absolutamente
desestabilizado, desorganizado y quebrado. En un país plenamente
desmantelado, ya a final de los 80 la capacidad operativa del gobierno
era casi nula. La principal decisión de Menem fue transferir
al sector privado la responsabilidad de construir el futuro de la nación.
Ante la incapacidad de reconstruir lo público, privatizó
el Estado. Para poder renegociar su deuda, el país procedió
a la venta de su patrimonio público del cual se apropiaron grupos
internos y externos. Y la convertibilidad, instituida por Cavallo, fue
el seguro de cambio, se les aseguró a los poseedores del capital
elevados retornos sin riesgo cambiario. Fue el mecanismo cambiario adoptado
en los 90 para garantizar el excedente en términos de divisas.
Ese proceso de privatizaciones y de convertibilidad estaba asociado
a la apertura indiscriminada del comercio internacional y a la desregulación
de los mercados. Eso fue una concepción plenamente integrada
para permitir una flotación de la economía argentina en
el contexto de los mercados internacionales. Argentina en los 90 se
capitaliza mediante dos procesos: endeudamiento e inversiones directas.
Dentro
de este modelo integral que se configuró en la década
de los 90, ¿qué lugar ocupaba la desigualdad social y
la pobreza? ¿Era una prioridad?
El
tema de la pobreza va asociado al tema de la distribución del
ingreso y al tema del desempleo. Es curioso pero los índices
históricos del desempleo en la Argentina en los 70 era del 5,
6%. Argentina era un país estabilizado en términos de
su mercado laboral. En la década de los 80, con el grave deterioro
de la economía bajo el gobierno de Alfonsín, los índices
de desocupación no llegaron a las dos cifras, se situaron entre
7 y 9%. La desocupación da un salto enorme a partir del segundo
quinquenio de los 90. En los primeros años de la década,
todavía el país podía contener la desocupación.
La clase obrera había elevado sus ingresos en dólares.
A partir del segundo quinquenio de los 90, es cuando aparecen las grandes
crisis internacionales que golpean fuertemente a la Argentina. Se comienza
a tornar más difícil el proceso de financiamiento vía
endeudamiento y el desempleo comienza a elevarse.
Los avances tecnológicos hacen que hoy el trabajo no requiera
tanta mano de obra, por eso algunos anuncian “el fin del trabajo”,
¿se puede aspirar a tener las mismas tasas de ocupación
que en los 70?
Argentina tiene un nivel de desocupación que bordea el 20%, Incluyendo
el importante contingente que está en los programas asistenciales.
Este 20% da cuenta de la tragedia social que vive el país, este
20% es una cantera permanente de inestabilidad social. El drama mayor
está en que lo que ocurre en Argentina no es exclusividad de
Argentina, está sucediendo a nivel mundial. A partir de los 70,
la expansión del capitalismo -con sus consecuentes procesos de
interacción financiera, de tecnología, de mercados- lleva
a que hoy las economías dependientes como Argentina sean economías
que tienen muchísima dificultad para administrar las tecnologías.
Cualquier proceso de automatismo de mercado en fronteras abiertas incorpora
patrones tecnológicos que están diseñados para
situaciones y contextos internacionales diferentes. No hay posibilidad
alguna de que Argentina pueda volver a un desempleo del 4, 5,6 % como
pudo haber sido en la década del 70. Los niveles de crecimiento
que tendría que tener la economía para tales consecuencias
son prácticamente imposibles de alcanzar. Lo que quiere decir
que vía desarrollo espontáneo de los mercados Argentina
no podrá resolver el problema social. Requeriría un volúmen
tan inmenso de inversiones que no hay razón alguna para que el
capital del mundo venga a este país, que además presenta
enormes deficiencias institucionales y coeficientes de elevadísimos
riesgos sobre la inversión, lo que coloca al problema social
en una enorme dificultad. Las posibilidades de que Argentina logre resolver
la cuestión social está asociada a otra manera de pensar.
Las alternativas a las que el gobierno o los gobiernos tendrán
que apelar no pasan por la terapia tradicional de recuperación
del ciclo económico que es la tecnología que nosotros
sabemos manejar. Argentina no está saliendo de un etapa depresiva
del ciclo. Aún recuperándose la economía argentina
al ritmo actual -que es profundamente elevado- la incidencia en la recuperación
del desempleo y consecuentemente en la distribución del ingreso
es prácticamente insignificante.
El razonamiento sería: la desigualdad creciente es causa del
desempleo pero no podemos revertir este proceso reactivando la economía
para que haya más empleo.
Es un poco más que eso. Para resolver la distribución
desigual del ingreso inexorablemente hay que resolver el problema del
desempleo, pero para resolver el problema del desempleo es necesario
reordenar institucionalmente el país. No estoy pronunciándome
por un cambio de sistema social que tiene absoluta inviabilidad práctica.
Lo problemático de la situación Argentina y latinoamericana
es, dentro del sistema actual social dominante, cuáles son los
arreglos institucionales que necesitamos hacer. En ese sentido, creo
que Argentina tiene una extraordinaria posibilidad de resolver estos
problemas.
¿Qué
sería reordenar institucionalmente el país?
En
una economía globalizada como la actual, lo que se ha globalizado
es el capital. En consecuencia, tenemos un modelo de acumulación
en el que no existe inversión productiva en las pequeñas
y medianas empresas. Allí no hay resto de inversión en
magnitudes significativas. Las Pymes nacionales están caracterizadas
por esa limitación de acumulación. ¿Qué
domina la economía argentina? Fundamentalmente el segmento de
grandes empresas multinacionales, que son las que controlan más
del 50% del PBI y más de la mitad de las pautas salariales del
país. Argentina debería retener el excedente que generan
estas empresas en un porcentaje mayor para poder activar el proceso
de inversión. Pero como estamos en una economía globalizada,
el excedente que estas empresas generan son transferidos al exterior,
dados los mecanismos de liberación financiera. Las empresas siguen
acumulando en sus sedes matrices. Lo que queda en el país en
términos de reinversión es muy poco. Otro drama que tenemos
es que no hay ahorro posible en las familias, debido a que el 50% de
la población está en estado de pobreza. Y las familias
que pueden retener excedente los transfieren al exterior porque no existen
mercados de capitales institucionalizados en Argentina. Y tampoco hay
inversión pública porque el Estado está quebrado.
Lo único que nos queda como fuente de inversión son las
multinacionales que hacen una inversión mínima en función
de sus necesidades internas y el resto lo transfieren al exterior. Se
estima que los depósitos argentinos en el exterior equivalen
a 140.000 millones de dólares, el valor del PBI anual. Creo que
hay que dar lugar a un modelo de país con tres sistemas económicos
convergentes. El primer sistema, una economía privada de libre
mercado –un capitalismo competitivo bajo claras reglas de regulación
establecidas por el Estado- que dinamice la producción. Por otro
lado es necesaria una economía pública en donde el Estado
recupere sus sectores vitales del proceso económico. No existe
país que pueda pretender un mínimo nivel de autonomía
si no tiene densidad de capital patrimonial. Chile nunca privatizó
su cobre, México y Venezuela nunca privatizaron el petróleo
y ni qué decir los países europeos. Argentina al perder
toda densidad en patrimonio público se transformó en un
parea internacional, no somos sujetos de crédito, no tenemos
con qué garantizar ningún excedente. Cuando México
tuvo su grave crisis en 1994, comprometió el flujo de sus exportaciones,
porque el petróleo sigue siendo mexicano, y el mundo entero estuvo
dispuesto a financiarlo. Si Argentina no se plantea como política
de largo plazo recuperar una economía pública, no tenemos
destino. El tercer régimen que necesitamos instituir es una economía
social comunitaria donde el objetivo fundamental sea inducir y estimular
la empresa pequeña y generar fuentes de trabajo social para absorber
todo el desempleo. Esta economía social comunitaria significaría
una revolución. En los mercados, los precios surgen del propio
mercado, pero el mundo nos ha enseñado que también los
países ordenan sus procesos sociales incorporando precios políticos.
Y no por ellos los mercados dejan de funcionar. Argentina tiene que
saber cómo manejar esto, no hay ninguna solución en las
espontaneidades del mercado.
¿Qué
motivos tendrían los sectores hoy beneficiados en el reparto
de la riqueza para ceder parte de sus ingresos?
Se
puede consensuar con los sectores de alta renta que participen de un
proceso de reconstrucción social del país o si no lo quieren
hacer en forma espontánea para que adelanten tributación
a cuenta, para que esos recursos fiscales puedan servir para la recomposición
de los ingresos en los sectores medios y bajos. Evidentemente en todas
las sociedades los sectores más conservadores retienen sus recursos
y están muy lejos de entender la actitud de redistribuir. El
drama argentino es que el gobierno no tiene capacidad operativa para
administrar un programa de transferencia del ingreso. Basta mirar las
enormes dificultades que tiene el Gobierno para administrar el programa
Jefas y Jefes que son solo 150 pesos para cada persona. Hay que recuperar
la capacidad operativa del gobierno porque es imposible solucionar el
tema de la pobreza si uno envía alimentos a una familia pobre
y no llegan porque alguien se los roba en el camino.
