Desde Abajo

LA DIFICIL RECONSTRUCCIÓN DE ARGENTINA

                                                                                                   Manuel Figueroa

                                                                                                   Marzo 2018                                                                                                                                                              

I

El Enigma argentino: estimaciones sobre su involución económica

 

La Cultura del Poder históricamente dominante en el país, si bien impulsó entre 1860 y 1915 años de esplendor económico y cultural que permitieron incluir a la Argentina del primer centenario entre los 8 países más ricos del mundo, se transformó, tiempo después, en potente impulsora de su decadencia y degradación. Los Proyectos de cambio liderados por el Radicalismo a partir de 1916, por el Conservadorismo Modernizante de la década de los 30 y por el Peronismo de los años 46/55 alentaron esperanzas de progreso y equidad pero al poco tiempo quedaron inconclusos y no pudieron consumar sus propósitos de Transformación y Desarrollo. A pesar de que en algunos años el crecimiento de la economía alentaba expectativas de progreso la evolución de los datos del PBI per cápita, expresados en dólares, así lo reflejan: entre 1950 y 2003, Argentina perdió un 19 %, pasando de 4.656 a 3.760. Sin embargo, en este período, Chile ganó 173 % evolucionando desde 1.972 a 5.381. México, incrementó un 201 %, de  1.462 a 4.395. Brasil, mejoró un 269 %, de 1.184 a 4.376 y España, registró un salto de 600 %  pasando de 2.826 a 19.774. Entre el 2000 y el 2002 sobrevino la debacle nacional. Datos más recientes del Banco Mundial informan que en términos de dólares ajustados por la Paridad de Poder Adquisitivo, el crecimiento del ingreso per cápita durante el período 1998 y 2006, se incrementó en Argentina tan solo un 9 % en cuanto este mismo indicador reflejaba en Brasil un 28%, en México, un 31 %, en Chile, un 40 % y en China un 107 %. A partir del 2001 los indicadores sociales agravaron sus magnitudes y la devaluación de enero del 2002 profundizó los desequilibrios entre los estratos sociales. En aquel momento, el desempleo y subempleo demandante de trabajo trepó sobre el 25 % y la pobreza cubrió al 54 % de la población.

 

Para superar la crisis del 2001, el Gobierno argentino instituyó la pesificación asimétrica del sistema monetario de  convertibilidad vigente durante la década de los 90. Por el nuevo   sistema se pesificaron obligatoriamente los depósitos en dólares de los pequeños y medianos ahorristas a un nuevo tipo de cambio de 1,40 pesos por dólar. Simultáneamente, el Gobierno transformó a pesos las deudas en dólares de los grandes empresarios en una relación de cambio de 1 a 1. Poco tiempo después el dólar cotizaba en el mercado paralelo a un valor fluctuante entre 3,50 y 4 pesos por unidad. Por la nueva política monetaria implementada por el Gobierno Peronista presidido por el Dr. Duhalde se licuaron las deudas en dólares de los grandes empresarios. Las transferencias forzadas de ingresos que impuso el nuevo sistema monetario se estimaron en torno a los 21 mil millones de dólares y beneficiaron directamente a 6.264 operaciones equivalentes al 1 por mil del total de registros que recibieron el 51 % del total de financiamiento en cuanto afectaron  a cientos de miles de  pequeños y medianos ahorristas. Véase, Héctor Rubini: “La pesificación asimétrica: diez años después” citado en Manuel Figueroa: La Cultura del Poder, Vol. II, pág.478.

 

El nuevo sistema monetario posibilitó, naturalmente,  acrecentar en forma significativa la recaudación fiscal pues el Gobierno forzó a las Empresas pagar sus impuestos sin descontar de sus balances las ganancias por inflación. A partir del 2002, para impedir consecuencias inflacionarias, el Gobierno mantuvo el precio de los servicios públicos concediendo a empresarios y consumidores generosos subsidios aunque el costo de tales políticas se tradujo en la paralización de la inversión privada y en su inexorable traslado a escenarios futuros. La elevada tasa de cambio amplificó de inmediato el volumen de las exportaciones en un momento en que el ciclo económico internacional transitaba su mejor etapa de altos precios de intercambio. En tales contextos, fue posible estimular la sustitución de importaciones industriales acelerando el despliegue de  la economía, la generación de empleos y la expansión del mercado interno. La eficiente administración del Estado durante el período 2003-2006 posibilitó al país asegurarse excedentes en su balance fiscal y comercial. La renegociación de la Deuda Externa coronó la gestión gubernamental con resultados favorables en materia de estabilidad monetaria y progreso económico. Adicionalmente, la administración de generosos subsidios para atenuar situaciones de pobreza y desempleo posibilitó estabilidad social y gobernabilidad.

 

Las estadísticas “limpias del INDEC” registraron que entre 2002 y 2006 la economía del país se recuperó a tasas altas, cercanas al 8 % anual, con crecimiento del consumo interno en cuanto decrecieron sensiblemente los índices del desempleo y la pobreza. El grado de apertura de la economía, superó el 40 % del PBI y el país pudo mantener un buen nivel de reservas y positivos resultados gemelos. Durante los años referidos se ocultaron las tensiones inflacionarias latentes y solo afloraron a la superficie en etapas posteriores cuando la Economía quedó empantanada por la recesión y la inflación: caótico período 2007 – 2015. Fuentes estadísticas no oficiales, pero verosímiles, sustentan que durante el período 2010 – 2015 el PBI de Argentina se habría reducido en un 39,46 % y su tasa anual de decrecimiento  habría sido de – 8,36 %. El PBI per cápita a precios de mercado de 1993 perdió un 43,12 % a una tasa a.a. de – 9,41 % y la inflación verdadera alcanzó un 241,28 % con tasa a.a. del 20,72 %. Los datos referidos  resultaron después de ajustar los datos oficiales de PBI a precios de 1993 por el IPC estimado por el Congreso de la Nación en vez de utilizar los datos de inflación manipulados por el INDEC. Véase: Manuel Figueroa, op. cit. Vol. II. Para conocer la evolución de las principales variables económicas durante el período  diciembre 2015-2017 se sugiere ver INDEC Informa. Año 23, N° 2, de febrero 2018. Su atenta lectura genera preocupación.

 

     2 – Argentina, un país de Desarrollo imposible.

 

Para dimensionar con mayor precisión la involución sistémica de la Economía Argentina será conveniente no solo conocer la evolución del PBI. Será necesario, además, disponer de estimaciones relativas a la evolución del PBN (Producto  Bruto Nacional) en la medida en que este concepto incluye el  Resultado Neto de Factores del Resto del Mundo: PBN = PBI + RNFRM. Este último componente incluye los pagos por intereses de la deuda externa. De utilizarse el PBN quedaría en evidencia que en el curso de los últimos años el resultado de la economía del país habría sido significativamente menor pues la incidencia de esta corrección representa, aproximadamente, entre un 2 y 2,5 % del valor estimado del PBI según publicaciones de la Dirección de Cuentas Nacionales, Ministerio de Economía.

 

La involución económica y degradación institucional alcanzaron su máxima expresión hacia fines del 2015. A partir de entonces, el nuevo Gobierno de Argentina no pudo consensuar con la Sociedad un Programa consistente de Políticas Públicas para los próximos 10 o 20 años. En cuanto las Autoridades persistan en Gobernar desde su  soledad  no podrán contar con la  necesaria sustentación social para enfrentar la  resistencia del Poder Real y/o de los Partidos de Oposición en el seno del Congreso Nacional. Argentina precisa comprender que la resolución de sus graves problemas desborda ya la exclusiva responsabilidad de sus ocasionales Gobernantes. Ya son problemas de la propia Sociedad. Mientras esta simple evidencia no sea reconocida Argentina permanecerá como un país de Desarrollo Imposible.         

 

Para avanzar hacia una Argentina próspera, sin desempleo ni pobreza, el Gobierno  precisará movilizar, en todo el país,  representaciones sociales genuinas para desplegar,  junto a ellas, un intenso proceso de reflexión en torno al país que quisiéramos y pudiésemos reconstruir. Solo así el Gobierno podrá contar con el apoyo social necesario para convocar mañana una Asamblea Constituyente destinada a reformar la Constitución. En su texto reformado  tendrán que insertarse los nuevos marcos de convivencia que en materia institucional, política, económica, social reclama la actual sociedad argentina para asegurar su dignidad, progreso y equidad. Esta gigantesca tarea tendrá que implementarse en el curso de los próximos años antes que el país asista a su convulsiva implosión.

 

Las ideas y propuestas que surgirán de una reflexión compartida con la Sociedad podrán confluir reconociendo que la Atávica Cultura de Poder dominante en el país desde los albores de su nacionalidad fue la causa principal de las deformaciones que atrofiaron el Progreso Nacional condicionando el comportamiento de las Elites Políticas Dirigentes bajo múltiples formas de Abusos de Poder, totalitarismo, caudillismo, centralismo, nepotismo, populismo, corrupción y profundo desprecio por la norma constitucional. Tales deformaciones provienen del fondo de la  historia argentina y en los próximos años las energías de Gobierno y Sociedad tendrán que potenciarse para acelerar su transformación  hacia una nueva Cultura destinada a impulsar la reconstrucción institucional y el progreso del país con grados crecientes de equidad entre regiones y sectores sociales.

 

Tales procesos podrán iniciarse solo cuando Gobierno y Sociedad logren consensuar metas y objetivos bien definidos y la nueva institucionalidad resultante de la Reforma Constitucional se transforme en instrumento operativo eficaz al servicio de los procesos de cambio. La degradación institucional y la involución económica y social del país ya tocaron fondo y estarían dadas todas las condiciones objetivas para iniciar las etapas de su reconstrucción. Solo restaría  consensuar, entre representantes legítimos del Gobierno y de sectores mayoritarios de la Sociedad, dos cuestiones de singular importancia: Primero: cuáles son los principales problemas de orden institucional, político, económico y social que al trabar el progreso del país precisan ser removidos con urgencia; Segundo: cuáles serían las nuevas ideas-fuerza destinadas a resolver aquellos problemas. Tales especificaciones requerirán, naturalmente, identificar la masa de requerimientos materiales e institucionales necesarios para su gradual resolución y consensuar formas alternativas concretas para avanzar en su gradual implementación. En esencia: para acelerar su reconstrucción el país precisa: consensuar las bases de un PROGRAMA POLITICO de LARGO PLAZO  y ELEGIR LAS AUTORIDADES DE GOBIERNO QUE MEJOR PODRÁN EJECUTARLO CON EL CONSENSO Y ACTIVO SUSTENTO DE AMPLIOS SECTORES SOCIALES.

 

Las páginas que siguen presentan una síntesis sobre los problemas a superar para emprender la Reconstrucción de Argentina y un breve resumen sobre las principales Políticas Públicas que podrían implementarse. El texto se presentará en forma esquemática y solo concentrará sus reflexiones sobre algunos aspectos relativos a lo Político-Institucional, lo económico-monetario y financiero y lo relativo a la generación de empleos para reducir la pobreza. Versiones completas sobre estos temas bien como nuevas proposiciones para perfeccionar el Sistema de Coparticipación Federal fueron ya expuestas por el autor de este artículo en los cuatro volúmenes que integran su última Obra titulada “La Cultura del Poder: Ocaso y Reconstrucción”. Editorial Buyatti, Buenos Aires, 2017.

 

3 – Condicionantes Políticas para reconstruir el país  

 

La realidad del Siglo XXI requiere entender que la consistencia de las Políticas Públicas de cualquier Gobierno y país que aspire al progreso de su sociedad tendrá que ser compatible con la dignidad de su población y con las normas vigentes en  el seno de la Comunidad  Internacional de Naciones. Para tanto, tendrán que asegurarse dos condiciones esenciales: en el orden interno, ningún país podrá sustentar gobernabilidad y progreso económico durante largos períodos de tiempo sin avanzar con sus Políticas Públicas hacia niveles crecientes de empleo, equidad y bienestar en todos sus estratos sociales. En el orden internacional: ningún país podrá insertarse y progresar sin armonizar el funcionamiento de su economía con el sistema preexistente de normas consensuadas internacionalmente. La historia comparada registra que aquellos países injustos y necios aún existentes en África y América Latina donde sus Gobiernos se negaron a cumplir las condiciones internas y externas referidas permanecen irremediablemente aislados y errantes en la galaxia internacional de naciones asistiendo a crecientes procesos de ingobernabilidad e involución económica. En las últimas décadas, Argentina fue uno de aquellos países. Resta consignar que, en pleno Siglo XXI, los dos requisitos señalados tendrán que atenderse independientemente de cual sea la filosofía política-institucional dominante al interior de los respectivos países. De hecho, China, Rusia, EEUU y países europeos, aunque adoptan  sistemas institucionales, económicos y políticos altamente diferenciados entre sí, ajustan su comportamiento al tenor de los dos condicionantes referidos.

 

II

          

HACIA LA RECONSTRUCCIÓN DE ARGENTINA

 

  1. Componentes principales:

                                                                    

El Problema de la involución argentina se expresa, nítidamente, mediante un conjunto de insuficiencias dinámicas que históricamente gravitan, de forma simultánea, desde lo institucional y desde la esfera económica-social. Desde lo institucional, el país requiere de sólidos Gobiernos sustentados sobre bases amplias de Poder Social. Solo así podrá desplazar, definitivamente, de la esfera pública, a la tradicional Elite Política Dirigente que en los años del pasado materializó graves abusos de Poder contra los intereses del país y cerrar negociaciones con quienes representan las principales tiendas del Poder Real, interno y externo. En consecuencia, desde esta perspectiva, la reconstrucción institucional de Argentina solo podrá iniciarse cuando expresivas mayorías cristalicen su Poder Social y asuman la decisión de elegir, exigir y apoyar, a conciencia, a Gobernantes comprometidos con doblar las páginas de la historia,  reinsertar a la sociedad bajo el imperio de la Ley y concentrar sus esfuerzos para alentar la formación de una nueva Cultura Solidaria destinada a honrar el cumplimiento de una  moderna Constitución Reformada cuyo plexo axiológico sea expresión de las aspiraciones de progreso y equidad de su sociedad y resulte compatible con los nuevos escenarios que regulan la coexistencia pacífica de las naciones.

 

Desde la esfera económico-social se reconoce que en los 207 años transcurridos desde su Independencia de España, los Gobiernos de Argentina no pudieron acordar con los representantes de las principales tiendas del Poder Real, interno y externo, la implementación de  Políticas Públicas destinadas a impulsar el desarrollo nacional multiplicando y redistribuyendo con equidad la riqueza en beneficio de todas sus regiones y habitantes. Los hechos referidos, lejos de representar resultados independientes, exteriorizan consecuencias inexorablemente articuladas. Sin cambiar la Cultura de Poder y las consecuentes formas de Gobierno Argentina no podrá resolver la  cuestión político-institucional ni avanzar en la implementación de nuevas Políticas Públicas destinadas a impulsar el progreso económico con equidad social y regional. En consecuencia, la reconstrucción del país requiere de Gobiernos decididos a desencadenar dos conjuntos de acciones paralelas: a) instituir un nuevo Estado de Responsabilidad Social para gestar una Cultura de Solidaridad en substitución de aquella Abusiva Cultura del Poder que de forma hegemónica protegió los mezquinos intereses del ya anacrónico Estado Liberal de mediados del Siglo XIX. b): rediseñar las Políticas Públicas que posibilitarán avanzar hacia un progreso económico, con bienestar y equidad en todas las regiones y sectores sociales. Para tales propósitos, sectores mayoritarios de la sociedad tendrán que consensuar: qué tipo de Argentina se requiere reconstruir; que Cambios en las Políticas Públicas estarán dispuestos a impulsar activamente para  concretar sus aspiraciones, y, finalmente, que Partidos y que Candidatos Políticos deberían seleccionar para conducir los destinos del país. ¿Cómo empezar  la búsqueda de consensos?

 

  1. Consulta a la Sociedad:

 

Se recomienda que el Gobierno consulte a la Sociedad sobre las Políticas a adoptarse para potenciar el orden institucional y el desarrollo económico y social. Un Texto – denominado Plan, Propuesta o Directrices para el Desarrollo de Argentina, a Mediano y Largo Plazo – podrá ser publicado para tales propósitos. Tendrá que integrar dos grandes componentes. Primero: un Diagnóstico riguroso sobre la situación actual de Argentina dimensionando cuantitativamente sus principales problemas existentes e identificando el origen causal de tales insuficiencias. Segundo: Una Propuesta integral de Políticas y Programas de Desarrollo Nacional y Regional para reconstruir el país.

 

La Propuesta posibilitará sustentar diversas alternativas de cambio: En la esfera Institucional, podrá proponer la Reforma de la Constitución de 1853/60 para  perfeccionar la República, la Democracia  y el Federalismo mediante la institucionalización de un nuevo Estado de Responsabilidad Social destinado a eliminar los abusos de Poder inherentes al Estado Liberal de mediados del siglo XIX alentando la gradual formación de una Cultura solidaria. La inspiración y fundamento de esta propuesta encuentra sustento en las palabras de Mariano Moreno que Fidel López difunde en su obra “Historia de la Nación Argentina”.

 

“El Pueblo no debe contentarse con que sus magistrados obren bien, sino que debe aspirar a que nunca puedan obrar mal; a que sus pasiones tengan un dique más fuerte que el de su propia virtud para que delineado el camino de sus operaciones por reglas que no esté en sus manos trastornar, la bondad de su gobierno se derive no de las personas que lo ejercen, sino de una Constitución firme que obligue a los sucesores a ser igualmente buenos que los antecesores, sin que en ningún caso les deje la libertad de gobernar mal impunemente…….”  (Véase Manuel Figueroa, op.cit. Vol III, pág. 213.)

 

En materia Económica la Reforma de la Constitución podrá ser la llave maestra para pensar la reconstrucción del país. En efecto, permitiría insertar en su articulado nuevos principios, criterios y valores a ser adoptado por los sucesivos Gobiernos para implementar Políticas específicas destinadas a impulsar el  progreso económico,  la sustentabilidad intergeneracional, la equidad entre regiones y estratos sociales y la generación de empleos eliminando la pobreza y la exclusión social. En términos específicos, la Reforma podrá cimentar una gama de principios para administrar Políticas destinadas a dinamizar la producción, las fuentes de energía, la industrialización, el comercio interno y externo, la distribución del ingreso y la estabilidad monetaria. Por último, otros Capítulos de la Reforma permitirán tratar la Cuestión Social, la Política Exterior, el Desarrollo Cultural, la Seguridad y Defensa Nacional, etc. Completando sus propuestas de Políticas Públicas, el Gobierno informará a la Sociedad sobre: plazos de ejecución; resultados previstos en cada categoría de Políticas y Programas; roles y responsabilidades de agentes públicos y privados durante los procesos de ejecución; origen interno y externo de los recursos materiales y financieros previstos para fines de ejecución.

 

Vale la pena reiterar: para asegurar su legitimidad social, todo el Plan o Programa de Gobierno tendrá que ser sometido a consulta, discusión y revisión con los múltiples estamentos de la sociedad antes de enviarlo al Congreso de la Nación para su oportuna sanción legislativa. En Argentina, donde su Sistema Político de Representación presentó históricamente profundas carencias de legitimidad, ningún Gobierno debería pretender administrar procesos de cambio sin explicar previamente, a toda la Sociedad, con rigor y claridad, lo que cada sector social tendría que aportar para alcanzar objetivos previamente consensuados. Solo así podrá extraer el Poder y la legitimidad social necesaria para iniciar la Ejecución de sus Políticas y ningún sector social podrá argumentar privilegios del pasado para negar su participación en la reconstrucción del país. De seguirse este ritual, las Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación quedarían políticamente comprometidas a prestar toda su cooperación para viabilizar la eficaz implementación de las nuevas Políticas consensuadas con la Sociedad.

 

Por su elevada trascendencia política sería de toda conveniencia que la  Consulta a la Sociedad para iniciar la reconstrucción del País pudiera ser formulada por la Presidencia de la Nación invocando el pleno respaldo de un Consejo Consultivo Asesor integrado por un  reducido número de altas personalidades procedentes de la Ciencia, del Derecho Constitucional, de la Cultura, de la Producción, del ámbito Laboral y de la Política. Será responsabilidad de este Consejo orientar y supervisar la preparación técnica de las principales propuestas de Políticas Públicas que el Gobierno sometería a consulta con la Sociedad.

III

 

PROPUESTAS DE CAMBIO EN LA ESFERA INSTITUCIONAL

 

¿Cuáles podrían ser las principales ideas-fuerza a incorporarse en una Política de  Reconstrucción Nacional? Esquemáticamente, se proponen las siguientes:

 

  • Instituir, mediante Reforma Constitucional, nuevas concepciones de Poder Social y Poder Operativo especificando su gestación, funcionalidad y limitaciones.

 

  • Reconocer al Poder Social como la suma del Poder Permanente de la República y expresión mayor de la soberanía nacional.

 

  • la categoría Jurídica de Poder Moderador podrá representar al Poder Social y será ejercitado por la Defensoría del Pueblo. Concentrará la suma del Poder Institucional y Social de la República. Bajo la categoría de Poder Operativo del Estado funcionará el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial.

 

  • Redefinir roles y responsabilidades de cada uno de los Poderes dentro de un Nuevo Estado de Responsabilidad Social.

 

  • Instituir como principio constitucional la caducidad de mandatos de Representación para quienes asuman cargos de Representación en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial en caso de violación de la Constitución por parte de cualquier Poder Operativo del Estado cuando situaciones específicamente definidas en la Reforma configuren Abusos de Poder contra el Orden Constitucional.

 

  • Mediante cumplimiento pleno del debido proceso  establecido por la Carta Constitucional y legislación complementaria, el Poder Moderador podrá conducir el proceso jurídico destinado a sancionar la caducidad de mandatos de cualquier integrante del Poder Operativo.

 

  • Fortalecer institucionalmente la República mediante la creación de un Sistema Nacional de Democracia Participativa destinado a funcionar de forma simultánea y paralela con el Sistema de Democracia Representativa.

 

  • Mediante Reforma Constitucional, asignar a la Defensoría del Pueblo el carácter de Institución Mayor del Poder Moderador potenciando su Autoridad mediante legislación específica para funcionar como Unidad Central del Sistema Nacional de Democracia Participativa.

 

  • Modernizar el funcionamiento del Estado y crear capacidad operativa en niveles subnacionales para reducir el Gasto Público y multiplicar la capacidad de gestión de las Instituciones.
  • Racionalizar y reducir el costo financiero del Federalismo y del Sistema Político de Representación creando Macroregiones y Microregiones para administrar con rigor los procesos de Inversión Pública  y Privada. Las Macroregiones podrán formarse por acuerdos entre Provincias y las Microregiones, por acuerdos entre Municipíos.  Las nuevas Instituciones de Gestión no eliminarían  las Provincias ni los actuales Municipios. Solo posibilitarían concentrar los procesos de Programación, Ejecución y Control y Evaluación de Inversiones en torno a 7 Macroregiones y alrededor de 140 Microregiones factibles de formarse mediante la expresa voluntad de las 24 Provincias y 2.750 Municipios existentes en la actualidad. El Artículo 75 de la Reforma Constitución reformada en 1994, en diversos incisos, ya habilitaba la formación de estas nuevas instancias de gestión.

 

  • Instituir un Sistema Nacional de Leyes de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales y Tributarios para perfeccionar el Federalismo Argentino impulsando el Desarrollo Económico y Social de las diferentes regiones del país.

 

  • Proponer la Reforma del Sistema Político a escala Provincial para instituir un Sistema Unicameral de Representación.

 

  • Modernizar el sistema electoral y restituir el funcionamiento del Colegio Electoral.

 

  • Instituir, constitucionalmente, períodos de Gestión de 6 años de duración para la Presidencia de la República, Gobernadores, Intendentes, Diputados, Senadores, sin reelección inmediata. Solo el transcurso de un período presidencial habilitará la posibilidad de un único período de reelección.

 

  • Instituir la Reforma Integral del Sistema Judiciario para su estricto funcionamiento en todo el país. Para tales propósitos se requerirá convocar a especialistas con reconocido prestigio internacional  para formular los diversos Proyectos de Reformas que serán sometidos a consideración de la Asamblea Constituyente.

 

  • Reformulación integral de una Política de Defensa Nacional de forma compatible con las características que el país, la región y el mundo presentan en materia de  nuevas tecnologías, seguridad, narcotráfico y desempleo. En este contexto, la sociedad podrá evaluar la conveniencia de restablecer un Servicio Nacional Obligatorio  para jóvenes de 18 años con la finalidad de proporcionarles bases de instrucción militar y capacitación en materia de educación cívica, artes, oficios y conocimientos de informática sea para potenciar su ingreso al mercado laboral, finalizar sus estudios secundarios o participar en actividades de solidaridad y emergencia nacional.

 

  • Modernizar, digitalizar, racionalizar el funcionamiento del Estado.

 

  • Eliminar prácticas de Nepotismo, asegurando el funcionamiento de un  Servicio Público Profesional.

                            

IV                                                                                                                                                                                   

 

PROPUESTAS DE CAMBIOS EN LA ESFERA DE LA ECONOMÍA

 

  1. El legado de la historia

 

La historia enseña que los males de la Sociedad y Economía argentina se incubaron en tiempos de la Colonia y asumieron formas concretas a partir del siglo XIX cuando el Poder Real, obnubilado por las oportunidades de ganar fortunas con el comercio exterior, necesitó doblegar e integrar a las provincias del interior del país y crear Instituciones inherentes al Orden Liberal de Gobierno sin asumir la responsabilidad de avanzar concomitantemente hacia la integración económica-social de una población  estructuralmente desigual. Por aquel imperativo de las cosas, su Economía Productiva generó, desde siempre, severa inequidad distributiva en materia de riquezas e ingresos  y articuló su dinámica en estricta, orgánica y abusiva dependencia del capitalismo comercial y financiero internacional. Con las corrientes de inmigración masiva Argentina pobló su territorio a partir de la segunda mitad del Siglo XIX y multiplicó su producción para comercio exterior cristalizando en su sociedad los genes de la inequidad distributiva. La inflexibilidad estructural de su régimen de tenencia de tierras, imposibilitó que Argentina pudiera expandir en todo su territorio un régimen de democracia rural mediante distribución de la propiedad de la tierra pública disponible para la radicación de ciento de miles de familias decididas a poblar el interior del país. Por sus condicionamientos históricos y geográficos, Argentina fue, siempre, una excepcional plataforma de riquezas y de negocios en que la mayor parte del excedente generado fue apropiado y concentrado, básicamente, en beneficio de una región, de un sector de actividad y de una clase social privilegiada radicada dentro y fuera del país. Para preservar sus riquezas por fuera de las ideas socialistas propagadas por los inmigrantes, buena parte de los excedentes generados por la economía primaria exportadora  fueron transferidos hacia el exterior. Tales realidades impidieron la expansión de una Burguesía Nacional comprometida con la industrialización plena del país y propiciaron la desmesurada concentración demográfica en zonas urbanas cercanas a las grandes ciudades del centro del país.

 

La Crisis del comercio mundial del 29 fue el punto de ruptura entre la Argentina del Atlántico y la Argentina del Pacífico potenciada por el caudal inmigratorio. El violento quiebre social, cultural y político tuvo como epicentro el Gran Buenos Aires donde las expectativas de progreso habían concentrado a millones de inmigrantes provenientes de Europa, de países limítrofes y provincianos del norte argentino. La crisis desnudó los profundos desequilibrios latentes entre las aspiraciones  de la sociedad y las realidades de la Economía. Los sucesivos gobiernos no pudieron, hasta el presente, construir la  Institucionalidad y la Economía necesaria para el bienestar de 45 millones de habitantes.

*

Habida cuenta de los antecedentes referidos, la eficaz resolución de los problemas que en la actualidad traban el Desarrollo Argentino exige tomar en consideración dos condicionantes esenciales: Primero, la urgente necesidad de sanear la macroeconomía severamente desquiciada; Segundo, edificar una nueva institucionalidad inclusiva para redimensionar, desde la Política, los flujos de distribución del ingreso nacional a fin de mejorar, en términos relativos, la participación de “los de Abajo” y sobre esta decisión, orientar los instrumentos de la Política Económica para diversificar la matriz de producción a fin de asegurar el crecimiento económico, el empleo y el bienestar social. Para lograr tales propósitos, se requiere, fundamentalmente, cambiar las formas de organizar la economía, amplificar las baterías instrumentales de la Política Económica y mejorar significativamente la actual distribución de los ingresos entre regiones y estratos sociales.

 

Los severos desequilibrios reales y monetarios que presenta actualmente la macroeconomía argentina reclaman  la urgente intervención del Gobierno para restablecer su normalidad y asegurar la gobernabilidad. Sin embargo, será preciso entender y aceptar que políticamente ya no será posible volver a descargar un nuevo Proceso de Ajuste sobre las  espaldas de los sectores sociales más débiles. Tales decisiones se aplicaron durante el Gobierno del General  Onganía en la década de los 60; tras del golpe militar del 76; en los Gobiernos civiles de las décadas de los 80 y 90 y, finalmente, durante la crisis de enero del 2002 cuando una sociedad desgarrada por el desempleo y la pobreza fue también obligada a soportar los procesos de Ajuste. Por las circunstancias referidas,  ha llegado el momento apropiado para que Argentina se aparte de las terapias del pasado recomendadas y diseñadas por el FMI y Banco Mundial y pase a adoptar nuevas políticas compatibles con la historia y requerimientos de la sociedad argentina.

 

Para administrar por vez primera una Política de Ajuste Hacia Arriba el Gobierno precisa poner en funcionamiento un Fondo Nacional de Solidaridad destinado a “cofinanciar el Ajuste de la Macroeconomía y la creación de puestos de trabajo”. Los recursos provendrán de una tributación especial a ser aplicada sobre aquella selecta minoría de personas físicas y jurídicas que, históricamente, lograron acumular exuberantes patrimonios y riquezas materiales. Paralelamente, para acrecentar los recursos del FNS, será esencial: reducir el Gasto de la Política y de la Burocracia Estatal de Nación, Provincias y Municipios, bajar la incidencia fiscal relativa del Sector Público en el Presupuesto Nacional; disminuir la carga tributaria sobre las empresas privadas; ampliar la inversión privada en infraestructura; reconstruir niveles de equidad en la distribución del ingreso entre los sectores del capital y del trabajo y modernizar y eliminar los abusos que protege la legislación socio-laboral existente a fin de potenciar la productividad y competitividad de la economía nacional. Este último objetivo solo podrá ser abordado después que los sectores sociales de altas rentas formalicen su aporte al FNS y después de que el Gobierno proceda a reducir el Gasto Público v los costos de la Política. Numerosos países del mundo transitaron el camino señalado. Adoptar para fines sociales específicos una legislación tributaria destinada a grabar directamente a los sectores de muy altos niveles de riqueza y desregular el mercado laboral no constituye herejía alguna ni retroceso político  en el moderno y actual orden económico internacional. Países nórdicos, Francia, Canadá e Inglaterra son algunos de los ejemplos a seguir.  La única y gran diferencia será la siguiente: Argentina no podrá asegurar a todos los desocupados un ingreso básico de vida digna (sin trabajar) como sí pudieron hacerlo diversos países europeos. Sin embargo, debería asegurarles trabajo con salarios de vida digna en mercados sociales a ser organizados en todo el país.

 

Para avanzar en la implementación de las ideas expuestas el país requiere ser conducido por Gobiernos Legítimos dotados de amplias bases de sustentación provenientes de un Poder Social configurado democráticamente también con genuinas representaciones de sus clases medias y clases pobres. A partir de esta nueva configuración del Poder el futuro argentino podrá ser cincelado y la acción pública transitará mediante nuevas iniciativas a ser implementadas con rigor profesional en las esferas de las Instituciones y de la propia Economía. En la esfera institucional el país requiere resolver, con urgencia, cinco grandes problemas que a continuación se exponen:

 

  1. Reformar la Constitución para una nueva institucionalidad que asegure la consistencia intertemporal de la Política Económica.

 

Para asegurar en el futuro que todos los Gobiernos administren la Macroeconomía con criterios de sustentabilidad y consistencia interna se requiere insertar en la Reforma Constitucional la responsabilidad de los Gobiernos para asegurar el Marco Cuantitativo dentro del cual tendrá que ser administrada la Macroeconomía del país. Al definirse este marco quedarán determinados los límites que cada Gobierno tendrá que imponerse para definir el Presupuesto Anual de Fuentes y Usos de Recursos Públicos. Dentro del Marco Cuantitativo tendrán que especificarse los límites máximos que regirán el Gasto Público, el Gasto de la Administración Central, el Gasto Social, la Recaudación Tributaria, la Inversión Pública, la Inflación, el Desempleo, las relaciones de ingresos entre clases sociales, la Política Cambiaria, la Política Crediticia, las Reservas del Banco Central, la Deuda Pública y los Servicios anuales de la Deuda Pública interna y externa. Las  especificaciones referidas tendrán carácter obligatorio para todos los Gobiernos. La generalidad de los países que integran la Comunidad Europa ya adoptaron tales recomendaciones. Es decir,  institucionalizaron como norma permanente para sus Gobiernos determinados límites cuantitativos para cada una de las variables referidas y consensuaron, adicionalmente, márgenes máximos de desviaciones posibles.

 

  1. Redistribución del Ingreso a favor de las clases medias y pobres de la sociedad.

 

Se propone, mediante Reforma Constitucional, revisar con criterio progresista la actual política tributaria y proceder a la creación de un Fondo Nacional de Solidaridad para avanzar hacia la IGUALDAD tantas veces proclamada en los párrafos del Himno Nacional. Al respecto, parecen pertinentes las siguientes consideraciones. No se necesita recurrir a los textos emblemáticos de la literatura socialista del siglo XIX. Tan solo sería recomendable  estudiar y tomar en cuenta las teorías liberales de la Justicia y, en particular, las  enseñanzas del filósofo John  Rawls cuando se aventura a dibujar a grandes rasgos el tipo de sociedad que podría llamarse justa:

 

El mercado remunera el esfuerzo, el trabajo, la competencia, la responsabilidad, el riesgo y la suerte pero ignora las necesidades. Es por ello que el Estado debe redistribuir las rentas primarias, por medio de impuestos y transferencias. Con el fin de satisfacer el principio de diferencia, pero también, con el fin de satisfacer los principios de igualdad de derechos, libertades y  oportunidades. De ahí que sea necesario a la vez, un impuesto a la herencia y a las donaciones, para evitar que la fortuna y el poder, al concentrarse, pongan en peligro las libertades y la igualdad de oportunidades; un sistema de transferencias a favor de los más desgraciados, asegurándoles un mínimo social lo más elevado posible (maximim) y una fiscalidad justamente repartida para financiar estas transferencias.”.Véase Jean Pierre Dupuy, El sacrificio y la envidia, Editorial Gedisa, Barcelona, 1998 pág. 183. Cuando escribió este libro, el autor era catedrático de Filosofía Social y Política en la Universidad de Stanford (California).

 

El país precisa iniciar su lucha por la IGUALDAD para reducir las severas inequidades de ingresos existentes entre regiones y sectores sociales. Para tal propósito se propone grabar, por vez primera, todo patrimonio de persona física valorado por encima de un determinado nivel de riqueza. Tales estimaciones deberían procesarse  utilizando como base de cálculo un valor cercano al promedio situado entre los parámetros de la valuación fiscal de un bien determinado y su correspondiente valuación de mercado. Estimaciones formuladas por el autor en su libro ya citado, refieren que, dependiendo de las decisiones del Gobierno, una recaudación adicional estimada en torno al 2 % del valor del PBI del país, sería posible recaudar anualmente mediante una Tributación Solidaria a ser aplicada sobre aquella extrema minoría de grandes millonarios que habitan el país. Políticas semejantes se administran en la actualidad en diversos países desarrollados como Canadá, Inglaterra, Francia, Países Nórdicos.

 

Con recursos tributarios crecientes el país podrá administrar un Fondo Nacional de Solidaridad cuya gestión podría ser delegada directamente a representantes del propio Sector Privado. La responsabilidad del Gobierno sería formular en todas las provincias la cadena de Proyectos Productivos Municipales destinados a generar empleos productivos y supervisar su gestión maximizando transparencia y rendiciones de cuenta. Los recursos del FNS se destinarían básicamente, a financiar la ejecución de la gama de Proyectos en el ámbito de los nuevos mercados sociales de trabajo con salarios de vida digna. En materia de Políticas de Redistribución de Ingresos, se propone abordar la cuestión de la Distribución del Ingreso desde los conceptos y registros de las Cuentas Nacionales en vez de utilizar tan solo los datos de inflación para negociar recomposición y ajustes salariales anuales. Desde esta nueva perspectiva, sería necesario que Autoridades de Gobierno y Entidades Empresarias y Sindicales reconozcan que la masa de trabajadores del país perdió entre 12 y 15 puntos en sus niveles de participación del ingreso nacional en el curso de los últimos 30 años. Frente a tal intensidad en el deterioro en los ingresos del Factor Trabajo se propone que el Estado pudiera transferir, anualmente, durante un período de 10 años, por lo menos, un 1 % de la Renta Nacional (alrededor de 5.000 millones de dólares) a fin de cofinanciar la creación de empleos en blanco en beneficio directo de la masa de trabajadores desocupados e informales existentes. Cuanto mayor sea el número de trabajadores en blanco que pudiera cofinanciar un FNS más acelerada podrá ser la recuperación de las finanzas de la ANSES. Tales transferencias, (de carácter solidario) tendrán que procesarse de forma independiente y separada de las negociaciones para ajustes salariales por inflación vigente en la legislación argentina.

 

Mientras transcurren los procesos referidos, el Gasto Público consolidado de toda la Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal tendría que experimentar sensible reducción dejando espacios para que el Gobierno pudiera diseñar una nueva política tributaria destinada a eliminar el Déficit Fiscal reduciendo la tasa promedio de tributación sobre los negocios del sector privado, eliminando la evasión y la elusión fiscal. La reducción de la tasa tributaria sobre las empresas se transformaría en arma disuasiva posibilitando la estabilización del nivel de precios de bienes no agrícolas. Los precios de los servicios públicos también podrían estabilizarse mediante una inteligente administración que contemplara su estricta diferenciación según niveles de renta de los usuarios y fajas de consumo. Mediante las Políticas sugeridas, el saldo positivo de las cuentas públicas sustentaría superávit fiscal, estabilidad de precios internos, estabilidad en el valor de las divisas; ampliación del crédito público a bajas tasas de interés impulsando la promoción industrial y la expansión en la producción de bienes y servicios vinculados al mercado interno. Con tales resultados, sería factible asistir a la continua expansión del empleo en el campo y en las ciudades bien como a la expansión del comercio exterior.

 

  1. Adoptar un nuevo enfoque para implementar Políticas de Corto Plazo.   

 

En un contexto de recesión o bajo crecimiento del PBI, déficit fiscal equivalente al 7 % sobre el PBI., déficit comercial, déficit en la balanza de pagos, elevada inflación, atraso cambiario, masa crediticia y tasas de inversión inferiores al 20 % del PBI, tasas de interés para las empresas superiores al 40 % anual y un crónico desempleo y subempleo equivalente a un tercio de la población activa resulta inconsistente que Argentina administre sus Políticas de Corto Plazo sin haber consensuado previamente con la sociedad un Plan o Programa Integral de Mediano o Largo Plazo.  En efecto, el Gobierno asumió el comando de sus Políticas Públicas utilizando como guía de acción tan solo un Modelo de Metas de Inflación sustentado en la apertura de la cuenta de capitales, el financiamiento externo, libre flotación del valor del dólar, determinación de la tasa de interés, regulación de los flujos monetarios y una Política Fiscal gradualista con modalidades de ajuste ortodoxo y tradicional. Sobre esta maqueta de Política Económica de corto plazo el Gobierno adiciona metas exógenas de Inversión Pública y de Políticas de Desarrollo Social definidas en estricta función de la coyuntura política y social. Después de 30 meses de  ejecución de este Modelo, sus escasos resultados generan desconcierto y preocupación.  ¿Qué hacer?

 

La Política Económica aplicada por el Gobierno resulta de aceptar la apertura y libre funcionamiento del mercado de capitales como eje  del trilema ortodoxo de la economía. Por la adopción de este principio, el Banco Central solo administra los flujos monetarios y la tasa de interés dejando al tipo de cambio como variable de ajuste para encontrar su propio nivel de equilibrio dinámico sin ninguna interferencia oficial. Bajo esta concepción,  el Banco Central solo participaría activamente cuando la tasa de cambio se situara por fuera de las bandas de flotación cambiaria específicamente predeterminadas. Esta concepción ortodoxa de la Política Económica resulta de adoptar las “metas de inflación” como método de gestión de los instrumentos de la Política Económica de Corto Plazo.

 

Galopando sobre la coyuntura imprevisible y en el propósito de trasmitir confianza en la pronta recuperación del país, el Gobierno decidió, además, que el Banco Nación iniciara operaciones de crédito a largo plazo para adquisición de vivienda mediante el pago mensual de cuotas fijas y plazos finales de los contratos reajustables según sean los niveles de inflación. Esta experiencia genera ya altos riesgos crediticios y severos conflictos de orden jurídico pues al substituir mecánicamente el ajuste monetario de las  cuotas mensuales por la extensión automática del plazo de los contratos  se redefine, de hecho, nuevos e inesperados escenarios temporales para los contratos con imprevisibles consecuencias sobre los patrimonios e ingresos de las familias tomadoras del crédito. Anticipando futuros problemas jurídicos, el Gobierno ha optado por insertar en el modelo operativo de los contratos de créditos a largo plazo la adopción de seguros especiales contra expresivas devaluaciones monetarias que pudieran afectar patrimonios familiares y la normalidad de las operaciones de crédito.

La experiencia comparada a escala internacional enseña que diversos países del mundo solo llegaron a adoptar éste método de gestión después de haber realizado singulares esfuerzos para asegurar disciplina económica-social y gobernabilidad institucional. La experiencia de Chile merece especial atención. Las primeras decisiones del Banco Central para modelar una eficiente Política monetaria, crediticia y cambiaria  se adoptaron en la década de los 60. Posteriormente, a partir del Gobierno del General Pinochet – durante 30 años – el Ministerio de Economía y las Autoridades del Banco Central introdujeron múltiples correcciones en las Políticas de corto plazo antes de llegar al mecanicismo que presentan en la actualidad. En diversos países del mundo, las metas de inflación y el conjunto de regulaciones  sobre circulación monetaria, apertura de la cuenta de capitales, gestión del crédito a largo plazo con mecanismos de indexación y políticas automáticas y flexibles de fluctuación cambiaria  solo se pudieron adoptar con razonable éxito después de un largo período de errores, aprendizaje y rectificaciones. Y se trataba  de países previsibles, ordenados, con institucionalidad manifiesta sin Estados voraces, sin populismo y sin inflación galopante.

 

Habida cuenta de las realidades que caracterizan la Economía Nacional a comienzos del 2018 se considera que un Banco Central, un Ministerio de Economía y un Consejo Nacional de Planeamiento Económico y Social podrían administrar, de forma sincronizada, las Políticas Monetaria, Cambiaria, Crediticia, Fiscal, de Endeudamiento Público, de Empleo, de Infraestructura, de Desarrollo Social y Regional. Bajo un nuevo Modelo de Gestión, orientado y supervisado directamente por el Presidente de la República, competería a las autoridades del Banco Central supervisar el funcionamiento del Sistema Bancario y administrar directamente la  cuenta de capitales, la tasa de cambio, la tasa de interés, los encajes bancarios y los flujos de emisión monetaria de forma compatible con la dinámica de la Economía Real del país y las previsibles tendencias de la Economía Internacional. En razón de lo expuesto, sería recomendable, por algún tiempo, fundamentar la Gestión Cambiaria y Monetaria sobre modelos sustentados más bien en   las  experiencias del propio país antes que en la trasposición mecánica de modernos métodos de gestión adoptados en países centrales y recomendados por la Banca y la Academia Internacional. A este respecto, conviene recordar que Argentina pudo realizar, entre el último cuarto del siglo XIX  y las décadas de los 30 y 40 del siglo XX – una de las más exitosas experiencias internacionales en materia de administración bancaria, financiera, monetaria y cambiaria. Sería de toda conveniencia rescatar dentro de aquel extenso baúl de la historia económica sus  mejores lecciones para administrar el turbulento presente de las Políticas Monetaria y Cambiaria.

 

Para que Argentina pueda redefinir sus políticas de Corto Plazo sería recomendable atender las enseñanzas de su propia  historia económica y volver la atención sobre los cambios introducidos en la economía internacional a partir de la Gran depresión del 29. Los años comprendidos entre 1860 y 1915 constituyeron en Argentina el escenario temporal dentro del cual se procesó su progreso económico y cultural y su orgánica inserción en la órbita del comercio mundial de productos primarios. En el mismo escenario temporal se verificó también la masiva afluencia de inmigrantes en edad activa procedentes de diversos países del mundo que transformaron el mercado laboral amplificando las potencialidades productivas del país. Sin embargo, cuando a partir de 1929 la crisis internacional alteró los parámetros del comercio mundial y limitó abruptamente sus exportaciones Argentina perdió su rumbo; descarriló; su economía se estancó; el desempleo y la pobreza se expandieron y los suburbios de sus principales ciudades sucumbieron ante la presión social detonada por los marginados de la economía y de la vida.

 

Frente al cambio radical del escenario económico internacional producido a partir de la crisis del 29 Argentina debía remodelar su Política Económica para superar las restricciones generadas por el nuevo contexto impulsando procesos integrados de desarrollo nacional. Para tales propósitos, sus Gobiernos adoptaron durante las décadas de los 30 y 40 dos modelos divergentes de Políticas Públicas. Mientras el primero pudo implementarse bajo la égida del Poder Hegemónico del Sector Privado Conservador, el segundo entronizaba el Poder del Estado como ancla central de sus Políticas Públicas. El primero – vigente durante el período 1930-1943 – se orientaba hacia la adopción sistémica de una Política Exterior sustentada en un tipo de cambio alto para impulsar los encadenamientos productivos destinados a expandir las exportaciones, acelerar la substitución de importaciones, avanzar en la  industrialización y generar empleos e ingresos para su población. Aunque el país era gobernado por el Poder Conservador la gestión de la Economía quedó en manos de una selecta tecnocracia modernizante que tuvo la capacidad de iniciar la reconstrucción de la economía. Este camino requería que Argentina pudiera crear su propio Banco Central para administrar, directamente, la dinámica de los procesos monetarios, cambiarios y crediticos privilegiando una Política de Cambio Alto para impulsar la producción substitutiva e impulsar la gradual  conformación de una sólida burguesía industrial. Requería también  de Gobiernos austeros decididos a contener el gasto público asegurando la estabilidad monetaria necesaria para el despegue de la economía. En aquel modelo de Desarrollo, los excedentes generados por el trabajo de la clase obrera debían ser apropiados por el Gobierno y el sector privado para alimentar el proceso de acumulación. En efecto, el Gobierno, para cumplir roles de activación económica, generación de empleos y diversificación productiva sin alterar las tradicionales estructuras de propiedad, debía instituir una potente tributación y desplegar la Obra Pública en todo el país. Una explícita redistribución del ingreso en beneficio directo de los sectores sociales no constituyó, en aquella década, prioridad política razón por la cual continuaron agravándose los problemas sociales a pesar del sensible mejoramiento de las variables macroeconómicas.

 

Con el golpe militar de Junio de 1943 Argentina pasó a adoptar un nuevo modelo de Desarrollo sustentado, básicamente: en la acción central del Estado, en la expresiva presencia de las Fuerzas Armadas, en la nacionalización del Banco Central, en la captación de excedentes desde sectores rurales para financiar las bases de la Industrialización y de la Infraestructura en todo el país, en la activa participación de Estado en el Comercio Exterior Agropecuario y, fundamentalmente, en la organización sindical de la clase obrera para impulsar el acelerado  mejoramiento de sus niveles de apropiación del ingreso nacional. Este segundo modelo de Política Económica entronizaba la suprema hegemonía del Estado como centro decisorio destinado a diversificar la economía, acelerar su industrialización y garantizar el progreso social. El Peronismo se transformó en  Gobierno fuerte sustentado tanto en la disciplinada participación de los trabajadores organizados en redes sindicales como en la cooperación inicial de importantes sectores de la Iglesia Católica y del Ejército.  Para tales propósitos se puso en marcha un Plan de Obra Pública destinado a generar infraestructura y empleos; se ampliaron las obras sociales financiadas por el Estado; se nacionalizaron los servicios públicos de propiedad extranjera; se acrecentaron los beneficios sociales en favor de los trabajadores; con recursos públicos se crearon  grandes Unidades  Industriales destinadas a la producción de armamentos, de insumos, bienes intermedios y bienes de capital. El Gobierno pasó a administrar protección arancelaria, crédito público y divisas a sectores empresarios comprometidos con impulsar procesos substitutivos de producción industrial. Otorgaba subsidios directos para reducir los costos de los servicios públicos a empresas y familias de medianos y bajos ingresos. Finalmente, para ciertos productos masivos de consumo popular, adoptó instrumentos directos de control y regulación de precios.

 

En el propósito de expandir su hegemonía sobre toda la sociedad el Gobierno redujo tanto su tolerancia al disenso como los espacios para el libre ejercicio de la democracia política.  El Gobierno destinó buena parte de los recursos públicos para mejorar el bienestar de los trabajadores y ampliar consensos con los sectores medios de la sociedad. En este período, el total de beneficiarios del Sistema de Seguridad Social pasó de 92.506 a 503.203 entre Jubilaciones y Pensiones concedidas. También aceleró la inversión sobre el PBI pasando de un 14,3 a un 16,6 % y acrecentó la inversión en equipos durables para potenciar la industrialización a una tasa a.a. del 10,91% en cuanto la inversión en construcción creció a una tasa a.a. del 3,24 %. Para financiar la ampliación de sus actividades, el Gobierno decidió evitar el endeudamiento con el exterior y pasó a utilizar, directamente, gran parte de las reservas disponibles en el Banco Central al momento de iniciar su administración. Expresadas en  términos del PBI de Geary Khamis 1990, las Reservas del Banco Central que representaban el 14,62 % en 1946 se redujeron al 1,10 % en 1955.

 

La ejecución de las políticas referidas, en la medida en que debían financiarse con recursos fiscales internos, tensionaron las relaciones entre el Gobierno y sectores representativos del Poder Tradicional afectando la estabilidad institucional y los equilibrios macroeconómicos esenciales. Tales resultados se intensificaron cuando las exportaciones primarias del país fueron significativamente afectadas por severas crisis climáticas. La decisión Oficial de retornar rápidamente al equilibrio macroeconómico tensó aún más las relaciones entre gobierno y amplios sectores de la sociedad. Un 16 de setiembre de 1955 aconteció el golpe militar que destituyó a Perón de la Presidencia de la República y desde entonces, hasta y Diciembre del 2015, Argentina fue administrada por 20 gobiernos militares y civiles. En su gran mayoría, amplificaron el Gasto Público, acrecentaron el endeudamiento externo, desnacionalizaron la economía,  privatizaron patrimonio público, agravaron procesos inflacionarios, acrecentaron el desempleo  y sumieron en la pobreza a un tercio de la población argentina minando la legitimidad de las instituciones de la República.

 

La información económica disponible destaca que el Gasto Público fue del 6,65% sobre el PBI en 1916; 9,21 % en 1931; 11,39 % en 1945; 15,48 % en 1946; 14,20 % en 1955; 24,33 % en 1966; 25,07 % en 1967; 26,21 % en 1983; 26,01 % en 1989; 30,65% en 2001; 25,16 % en 2003; 28,56 % en 2006; 37,72 % en 2009. La Tasa de Inflación promedia anual se estimaba en 1,10 % para el período 1861 -1916; – 0,15 entre 1917-1930; 2,39 % entre 1931 -1945; 15,80 % entre 1946-1955; 25,59 % entre 1956-1966; 67,00 % entre 1967-1983; 141,23 % entre 1984-1989; 11,57% entre 1990-2001; 17,81 % entre 2001-2003; 5,97 % entre 2003-2006; 11,54 % entre 2007-2009; 20,72 % entre 2010-2015. Véase, Manuel Figueroa op. cit.. Vol. III. Capítulo XIII.

 

 

  1. Ampliar la inversión sobre el PBI incentivando la participación del Capital

      Público y Privado, Nacional e Internacional.  

 

Mientras Argentina no eleve significativamente su actual tasa de Inversión en relación al PBI su economía carecerá de las energías necesarias para sustentar un alto crecimiento económico con generación de empleos. En efecto, con una tasa anual de crecimiento demográfico del 1 %, si el Gobierno se propusiera como meta organizar sus instrumentos de  Política Económica para duplicar el PBI per cápita del país tendrían que asegurarse durante 14 años una tasa promedio anual de crecimiento del PBI equivalente al 6 % a fin de duplicar el valor de su PBI per cápita. Esta meta solo sería consistente si el país pudiera incrementar la Inversión en torno a un 40 -50 %. De lograrse tales propósitos, el país podrá alcanzar un PBI per cápita cercano a los 25.000 dólares anuales. Este nivel sería equivalente, tan solo, al 50 % de aquel que predomina actualmente en países desarrollados.

 

Para materializar tales objetivos será preciso movilizar tanto la Inversión Privada como la Inversión Pública promoviendo asociaciones con capitales privados de origen interno y externo. Tómese en consideración que Argentina, tras haber privatizado su Parque de Empresas Públicas en el curso de los últimos 30 años, es el único país de la Región en que su Estado no genera un dólar de divisas propias y depende exclusivamente de las que pueda adquirir del Sector Privado, nacional e internacional. Por tales circunstancias, sería altamente conveniente que el Estado Argentino asuma la responsabilidad de crear y operar en el próximo futuro  un Complejo de Grandes Empresas Mixtas destinado a multiplicar la exploración, explotación, industrialización y comercio exterior de los principales recursos naturales del país mediante asociación con inversionistas nacionales e internacionales en condiciones de movilizar tecnologías y grandes masas de inversiones productivas.

 

La inmensa riqueza potencial del patrimonio de Recursos Naturales disponible en todas las regiones del país podrá ser de inestimable valor para formar Grandes Empresas Mixtas (Pública-Privada) orientadas a la extracción, industrialización y comercio exterior de las materias primas estratégicas existentes en todo el país. La capacidad de Argentina para sustentar en los próximos años niveles avanzados de desarrollo económico generando los empleos productivos necesarios con altas remuneraciones dependerá, esencialmente, de cuánto pueda avanzar  en los próximos años para completar todas las etapas de su industrialización y abrir su economía al comercio mundial.  La inexistencia en el país de una expresiva Burguesía Nacional determina la extrema necesidad de centrar la atención prioritaria de los Gobiernos en potenciar la formación de grandes complejos industriales bajo la esfera del Estado asociado al capital privado para explotar racionalmente las múltiples riquezas del país. Tales propósitos requerirán, paralelamente, destinar ingentes recursos para la formación de una nueva generación de empresarios capacitados para operar en escenarios altamente competitivos a escala mundial. Países vecinos, desde hace ya 50 años, vienen trabajando sistemáticamente en este propósito.

 

Para implementar esta propuesta será necesario superar dos condicionantes: Primero: eliminar la ineficiencia y corrupción que históricamente caracterizó la gestión del Estado argentino. Segundo: Acordar con las provincias fórmulas apropiadas para la explotación conjunta de las riquezas del subsuelo reintegrando a la soberanía del Estado Nacional la plenitud de la propiedad de los recursos naturales. Esta exigencia, requerirá, naturalmente, dejar sin efecto el artículo 124 de la Constitución de 1994. Otras medidas de Políticas altamente prioritarias para estimular la Inversión requerirá ins