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En razón de las extremas dimensiones del endeudamiento público
y del profundo deterioro de la economía, no existe posibilidad
alguna de que el país pueda cumplir con los servicios de la deuda
si tales exigencias sobrepasan determinados porcentajes en términos
de tasa anual de crecimiento de la economía y de presupuesto
público consolidado. Para garantizar este principio, los servicios
de la deuda (amortización e intereses) no deberían comprometer,
en el promedio de una década, no más de un 35 y 10 % de
aquellas magnitudes, respectivamente.
Con una nueva macroeconomía y la cooperación internacional
en materia de apertura de mercados, el país podrá crecer
en el próximo decenio a una tasa promedio del 6 %. De adoptarse
los criterios ya referidos, los servicios de la deuda, al final del
año 5º, absorberían en torno a los 3.956 millones de dólares
anuales, liberando recursos apreciables, estimados en 7.284 MD, para
la reconstrucción interna. . Hacia el año 10º de la simulación
efectuada, el crecimiento del PBI, respecto al año 9, sería
de 14.190 MD en cuanto los recursos destinados a cubrir los servicios
de la deuda alcanzarían los 4.311 MD, liberando para el desarrollo
interno casi 10.000 MD.
Ahora bien, ¿sobre qué total de deuda pública debería
centrarse la renegociación con los acreedores? ¿sobre
la deuda en default o sobre la deuda total del Estado?. De adoptarse
este último criterio, se trataría de un total de 183.000
MD integrada por 102.000 MD en default (principal de 91.000 MD e intereses
vencidos por 11.000 MD según fuentes de la Secretaría
de Finanzas, agosto 2003) y 81.000 MD como deuda no vencida, en situación
normal, incluyéndose en este último total, 32.000 MD de
Organismos multilaterales, 25.000 MD de BODEN y otros por 24.000 MD.
La necesidad de revisar los criterios de negociación sobre la
deuda aparece como ineludible toda vez que el gobierno, en los próximos
períodos, no podrá disponer de los recursos fiscales necesarios
para cubrir, anualmente, la totalidad de los servicios de la deuda,
tanto de la que está en default como de aquella no vencida. En
razón de esta inviabilidad, el gobierno ya adoptó el criterio
de renegociar, ahora, tan solo, la deuda en default proponiéndose
abordar, posteriormente, los servicios de la deuda no vencida mediante
entrega de nuevos títulos a plazos más largos. Bajo este
concepto, los años 2004 y 2005 registran fuertes vencimientos
equivalentes a 13.715 MD. (4.957 y 8.758 MD, respectivamente).
Cuesta entender las razones por las cuales el gobierno asume la posición
de permanecer en la vía crucis de las renegociaciones anuales
permanentes para administrar el pago de los servicios de la deuda no
vencida cuando, en razón de la reconocida insolvencia financiera
del estado, sería de toda conveniencia renegociar y reestructurar
ahora, de una sola vez, la totalidad de la deuda pública, vencida
y no vencida, despejando, de este modo, los próximos años
de su mandato para ejercitar la difícil tarea de gobernar.
De aceptarse este propósito, será preciso revisar la metodología
de negociación e incluir en su praxis los enfoques de deuda ilegítima,
corresponsabilidad del acreedor, deuda integral y quita universal. Bajo
tales criterios, el país podría renegociar toda la deuda
existente hasta el 30.06.03 y afectar, por igual, a todo el universo
de acreedores, internos y externos, con los mismos coeficientes de quita
sobre capital e intereses que puedan acordarse en el proceso de renegociación.
Además de las decisiones sobre deuda ilegítima y corresponsabilidad
del acreedor que requieren todo un proceso especial de negociación
institucional hasta llegar a un consenso, ¿cuales serán
los elementos principales a considerarse en una metodología objetiva
de renegociación de deuda? Lo esencial se circunscribe a determinar
el monto final del capital adeudado y la capacidad de pago del país.
A partir de tales consensos, se podrán determinar los coeficientes
de quita sobre capital, los plazos de pago y las respectivas tasas de
interés y de amortización o reintegro del capital.
De adoptarse el criterio de destinar, en promedio decenal, un 35 % de
la tasa de crecimiento al pago de los servicios de la deuda pública,
en el primer año aquel coeficiente alcanzaría un 40.48
%. Bajo las hipótesis de un PBI inicial de 140.000 MD, de una
tasa de crecimiento del 6 % y de una tasa promedio de interés
vigente del 5,92 % sobre el total de la deuda, para renegociar sus compromisos
de deuda sin violentar sus posibilidades de desarrollo, el país
tendría que asignar, para este propósito, como piso inicial,
un pago de 3.360 millones de dólares anuales.
Habida cuenta de las necesarias correcciones para ajustar los números
definitivos, este volumen de dinero sería compatible con un superavit
fiscal del 2.40 %, una quita del 45.35 % sobre el total de la deuda
de 183.000 MD; una quita del 42.56 % sobre la tasa promedio de interés;
una tasa anual de interés y de amortización del capital
del 2.40 y 1 %, respectivamente y un plazo de 10 años hasta llegar
al momento en que la incidencia de la deuda sobre el PBI decreciera
desde su actual 131 % hasta un 50.39 % y la incidencia de las transferencias
para cubrir los servicios de la deuda alcanzaran un nivel de 29.57 %
sobre la tasa de crecimiento.
En este escenario, al final del año 1, el país tendría
que destinar como pago de los servicios de la deuda, un 40.48 % de su
tasa de crecimiento: 28.17 % para el pago de intereses y un 12.31 %
para el pago de amortizaciones, pero al final del año 10, la
suma de aquellas transferencias absorberían un 29.57 % de la
tasa de crecimiento posibilitando, en la década, un promedio
cercano al 35 %.
De verificarse todas las proyecciones incluidas en este modelo de simulación,
el final del año 10 encontraría al país con un
PBI de 250,720 millones de dólares, (MD); la deuda total impaga
sería de 127.620 MD pero representaría, tan solo, un 50.39
% del PBI. En los 10 años transcurridos, se habrían pagado
intereses totales por 26.350 MD y el total de amortización de
la deuda original habría sido de 11.530 MD. Al final del año
10, el dinero destinado a cubrir los servicios de la deuda sería
de 4.196 MD exigiendo, en consecuencia, un superavit fiscal del 1.67
% del PBI de aquel año.
Con una situación fiscal normalizada, recuperado el nivel promedio
del PBI en dólares de la década de los 90 y habiendo estabilizado
en niveles razonables la incidencia de la deuda sobre el PBI, el país
podría recurrir nuevamente, a partir del año 11, al mercado
internacional de capitales y redefinir sus relaciones con el mundo acreedor
mediante un nuevo proceso de negociación que pudiera contemplar
ajustes compensatorios en las tasas de interés y/o de amortización
del capital.
El modelo de simulación que proporcionó los datos referidos,
solo contiene las vigas centrales de una propuesta para negociar. En
esencia, refiere los datos claves que permitirán al gobierno
verificar el impacto final que los resultados de las negociaciones sobre
pago de la deuda podrán tener sobre la dinámica de la
economía. Sin embargo, será en el curso de negociaciones
concretas cuando se definirán, por consenso entre el país
y los representantes de los acreedores, la letra chica de los acuerdos
y las especificidades relativas a plazos, tasas de interés o
de amortización y tipos de bonos a ser emitidos para formalizar
el cierre de los acuerdos especificando sus respectivas tasas de descuento
para evaluar el valor presente de los diversos instrumentos de pago.
Resta consignar que en el escenario presentado, la decisión de
incluir un porcentaje del 1 % por concepto de amortización del
capital de la deuda, asume, en las presentes circunstancias, tan solo
un carácter simbólico y estaría indicando la decisión
del Gobierno de evitar nuevo endeudamiento externo, y, paralelamente,
comenzar el rescate del capital adeudado. No obstante, en razón
de la extrema incidencia de las tasas de interés compuesto, importa
destacar cuan importante será para el país incluir una
tasa de rescate o amortización por lo menos igual al 1 %. En
simulaciones efectuadas con iguales parámetros pero con 0 tasa
de amortización, la deuda al final del año 10 sería
de 139,700 MD en vez de 127,620 MD; la suma de intereses pagados alcanzarían
los 39.720 MD en vez de vez de 26.350 MD y el coeficiente de transferencias
para cubrir los servicios de la deuda absorbería un 32,37 % de
la tasa de crecimiento, en vez de un 29,57 %.
Innecesario resulta reconocer las dificultades de negociación
que comporta cualquier acuerdo sobre pago de deuda, más aún
cuando los criterios de quita a aplicarse, sobre capital e intereses,
tendrían que asumir un alcance integral y universal, esto es,
incluir toda la deuda existente y además, afectar a todo el universo
de acreedores y tenedores de bonos, incluyendo, naturalmente, a la deuda
registrada ante los propios organismos de crédito internacional.
En las negociaciones en curso, esta política, de hecho, aunque
reclamada por los tenedores privados de bonos del Estado para reducir
los niveles de quita, no logra la adhesión de los países
que integran el G 7 ni del propio FMI.
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