La perplejidad que sugiere el título de este ensayo refleja el escepticismo del autor sobre la capacidad de la actual clase dirigente para tomar conciencia y resolver la cuestión económica y social en el marco de un agónico proceso de involución que ya atrapó a la mitad de la población argentina en las redes de la pobreza y la exclusión. Aunque el gobierno proclame con frenesí las venturas del éxito económico de su gestión, el sabe, y todos los argentinos lo sabemos y sentimos, que en el mundo de hoy los datos de la macroeconomía a muy pocos interesa: se fabrican, se compran y se venden en los mercados del poder y aunque reflejaran rigurosamente la verdad, siempre expresarán la evolución de agregados económicos, sin entidad social ni espacial específica.

Problemas sin solución y caminos alternativos para el cambio social

Hacia finales del 2005, después de tantas frustraciones, diversos sectores de la sociedad argentina toman conciencia de tres hechos singulares:

Primero: que en los últimos 30 años, independientemente de los datos de la macroeconomía, la vida real de las grandes mayorías se impregnó de frustraciones, amarguras y carencias. En este largo período el país no logró mejorar su PBI per cápita ni evitar la degradación de los programas sociales.

Segundo: que a pesar de los anuncios oficiales, la actual política económica, en sus trazos esenciales, agrava el modelo de apropiación y distribución del excedente económico que fue responsable por la involución del país. Según datos oficiales del INDEC, en los últimos 30 años, entre 1974 y 2004, la regresividad en la distribución del ingreso se incrementó un 100 %, si medida en términos de las relaciones entre los deciles extremos: de un 12 % pasó a más del 24 %.

Tercero: sabe el gobierno que de continuar por el trillado camino de la ortodoxia económica le faltará el tiempo político necesario para ofrecer a la ciudadanía resultados concretos que eliminen la pobreza, el desempleo y la inseguridad. Cualquier estimación realista permitirá predecir que el país, de continuar bajo el actual esquema económico, no podrá resolver aquellos problemas. De hecho, con una tasa global de desocupación y subocupación demandante de empleo del 20 %, un crecimiento demográfico del 1,5 %, una tasa promedio de crecimiento anual del PBI del 5 % y una elasticidad promedio empleo-producto del 0,3, el país precisaría 20 años para eliminar este flagelo. El tiempo antropológico para el 40 % de la población argentina que sobrevive en la pobreza no permite tan larga espera.

Tranquiliza presentir que el gobierno también es conciente de las amenazas que se ciernen sobre la sociedad si prontamente no reordena la economía para atender los requerimientos de las grandes mayorías. En este amplio escenario, se inscribe una pluralidad de conflictos que caracterizan la realidad del 2005: la inflación reprimida, las presiones del FMI, de las empresas de servicios públicos que reclaman aumentos de tarifas, del CIADE, de los sindicatos, de los piqueteros, de los productores rurales por las retenciones y de muchos otros. Las presiones referidas, son fantasmas que obsesionan al gobierno.

Al evaluar los diversos caminos que podrá recorrer la sociedad argentina para quebrar su involución e iniciar los caminos de su recuperación surgen serias preocupaciones pues todos ellos aparecen bloqueados. En efecto:

• la experiencia de los últimos años demuestra que por los caminos de la ortodoxia económica no fue posible atender los requerimientos sociales.

• La actual política económica integra, en la práctica, una mezcla explosiva de inflación, endeudamiento y desempleo con pérdida relativa de ingresos para los sectores bajos. Así no será posible revertir la crisis en tiempo político oportuno.

• no existe ninguna posibilidad de poner en acción una salida revolucionaria para cambiar el sistema social.

• la sociedad no asigna ninguna confianza a la vía electoral para cambiar el rumbo del país. Las elecciones del 23 de octubre expresan la necrosis de la política.

• la vía de resistencia pacífica impulsada por Gandhi en la India no tiene posibilidad alguna de acontecer en nuestro país.

• la vía de resistencia activa encarnada por líderes como Nelson Mandela en Sudáfrica también es ajena a nuestro país.

• la vía de ampliar la educación del pueblo para perfeccionar su participación escapa a las dimensiones del tiempo político, a los presupuestos públicos y a la voluntad de los gobiernos.

• la vía que propone utilizar a los medios de comunicación masiva para movilizar a la sociedad hacia procesos de cambio carece de realismo y viabilidad política.

Con caminos bloqueados, ¿qué nos espera?

Tomando en consideración la inocultable decadencia del país, la creciente insatisfacción popular por la ineficacia de las actuales políticas públicas para resolver los problemas esenciales de la sociedad argentina y el irrealismo o bloqueo de todas las alternativas de cambio antes referidas, es válida la preocupación por indagar cual podrá ser el futuro de nuestro país, si los gobiernos no incorporan, rápidamente, cambios significativos en sus políticas públicas y las relaciones sociales continúan su inexorable deterioro. En principio dos deprimentes opciones existenciales aparecen en el horizonte:

• continuar, por algún tiempo más, el proceso de involución con políticas públicas que profundizan las desigualdades sociales y deterioran la calidad institucional del país. Es imposible precisar por cuanto tiempo más la sociedad argentina podrá aguantar este estado de degradación sistémica. Sin duda, será función de la capacidad de resignación de su población y del grado de represión administrada por el gobierno.

• Entrar, prontamente, en una etapa de abiertos conflictos sociales comprometiendo la gobernabilidad del país y el futuro de la nación misma.
Incapacitados de sustentar una u otra de las alternativas referidas, tomamos contacto con otra corriente alternativa de pensamiento estratégico que, en función de las condiciones objetivas existentes en el país, considera equivocadas las teorías que esperan que el cambio social pueda provenir de canteras ajenas a la cúpula del propio gobierno. Estiman, por el contrario, que en países como Argentina, preñados de endémica inestabilidad e imprevisibilidad, ante circunstancias muy particulares, de orden interno y/o externo, será el gobierno, este u otro, el que podrá tomar la decisión de transformarse en vanguardia del proceso de cambio. Veamos con más detalle esta alternativa que abre las puertas a una esperanza de cambio.

La vía del accidente histórico para un cambio súbito

Dentro del confuso panorama que vive el país, un sector de la sociedad argentina todavía espera que el gobierno, este u otro, repetimos, impulsado por algún imprevisible accidente de la historia o por un proceso oculto de la conciencia, en un instante de remordimiento, inspiración o desesperación existencial, adopte, súbitamente, nuevas decisiones para iniciar la marcha hacia la recuperación de la república.
Quienes participan de esta expectativa, imaginan que este cambio sería posible sin estar precedido por movimiento revolucionarios que aspiren a quebrar las relaciones entre sociedad y gobierno. Se trataría de un cambio dentro del capitalismo y en el marco de una democracia participativa. Dada la originalidad de esta tesis, trataremos, a continuación, de verificar si esta formulación, meramente subjetiva y voluntarista, podría ser verosimil. Examinaremos, en primer término, el contexto histórico y, a posteriori, los diversos argumentos que sustenta esta corriente de pensamiento.

La imprevisibilidad argentina como escenario del cambio súbito

Los torrentes de inmigración que llegaron al puerto de Buenos Aires, se encontraron con la sorpresa de un país que no estaba preparado para asegurarles medios de subsistencia ni disponibilidad de tierras para su radicación permanente. Fue, tal vez, la primera muestra de la desorganización, corrupción e imprevisibilidad de nuestros gobiernos en la segunda mitad del siglo XIX. La lucha por la supervivencia encerró a cada familia inmigrante en los confines de su impotencia retardando, naturalmente, la construcción del colectivo social.
La generosa desorganización e imprevisibilidad argentina fue el rasgo original que nos identifica como nación. La geografía de la región pampeana con fértiles praderas y un fácil acceso al puerto de Buenos Aires fue la matriz espacial original y única de la riqueza argentina. Los capitales extranjeros y los inmigrantes llegaron al país para valorizar las llanuras pampeanas y expandir la riqueza agropecuaria. En esta región se concentró la riqueza y la población. El poder terrateniente, religioso, militar y político hermanaron sus intereses para fundar la ideología liberal que impregnó la vida de las instituciones.
La fuerte dependencia de la economía respecto al comercio internacional instaló, desde el comienzo de la vida independiente, dos formas diferenciadas de política económica. Sobre Buenos Aires y región pampeana, fuentes permanentes del poder y de la riqueza, se concentró el afán de las entidades gubernamentales. En el resto de las provincias, con economías de subsistencia o de consumo interno, predominó la ausencia del estado y la precariedad de sus políticas públicas. Las permanentes fluctuaciones del comercio exterior condicionaron por mucho tiempo las finanzas del país. En este contexto de imprevisibilidad estructural, la balanza del poder se inclinó permanentemente a favor de la región central.
El modelo de inserción internacional adoptado por el país en razón de sus particulares características de producción, determinó también la crónica dependencia de nuestra política exterior que básicamente, desde el siglo XIX, estuvo condicionada por las tendencias y fluctuaciones de los mercados internacionales y por los factores de poder que internamente amarraban sus intereses a la suerte de aquellos negocios.
Así ocurrió también en materia de políticas culturales y en todos los órdenes de la vida pública del país. Cuanto más cerca se situaba Buenos Aires de los epicentros comerciales, financieros y culturales del mundo, más distancia la separaba del interior del país y de importantes sectores de su población. Los gobiernos, naturalmente, funcionaron como resortes de un mecanismo inducido por las ganancias del comercio mundial y debían entrar o dejar el poder formal en la medida en que sus servicios fueran o no necesarios a la malla de intereses que sustentaba el poder real de los negocios.

Argentina, desde su origen, se configuró como una sociedad severamente desestructurada en términos sociales y regionales. Poblada básicamente por inmigrantes y gobernada bajo normas de una Constitución que adoptó con reservas el régimen republicano, representativo y federal instituyó un orden de democracia protegida dentro del cual las grandes mayorías integradas por vecinos pobres, gauchos, indios e inmigrantes no pudieron ejercitar sus derechos políticos. A partir de tales diferenciaciones, sociedad y gobierno avanzaron por caminos separados.
En la segunda mitad del siglo XIX, la desértica geografía nacional con el oasis pampeano en manos de muy pocos propietarios pudo impulsar súbitamente la riqueza de la nación cuando eran muy pocos sus habitantes y muy grande la demanda internacional por los frutos de la tierra. Argentina, con muy pocos países, compartía el monopolio de la oferta. En aquellos tiempos, la llegada de capitales e inmigrantes creó el milagro de la riqueza. Cuando después de 100 años aquella relación cambió, el oasis pampeano, polarizado y más concentrado en sus relaciones de propiedad, pudo tecnificarse y continuar expandiendo la producción para el mundo acrecentando la riqueza de muy pocos pero no pudo más sustentar la vida de los argentinos.

Durante los últimos 50 años, los sucesivos gobiernos tampoco quisieron o pudieron construir economías urbanas diversificadas para generar los empleos y rentas que reclamaba la sociedad argentina. El golpe del 55 inició el desmantelamiento de la burguesía nacional y el ataque frontal contra la clase obrera y su organización sindical. La barbarie militar del 76-83 profundizó este propósito y el gobierno de los 90 terminó desmantelando las últimas expresiones de la industrialización argentina minando la densidad de la clase media y expandiendo el desempleo y la pobreza.

A partir de este quiebre en las relaciones de la demoeconomía, el país experimentó un proceso antropofágico de convivencia donde la clase dirigente permaneció físicamente aislada y protegida instituyendo la arbitrariedad y el abuso de poder como método de gobierno en cuanto crecientes sectores sociales fueron excluídos de la institucionalidad. El perverso sistema social instituído en el país terminó desecando la vida de los indígenas, pequeños productores, comerciantes, industriales, obreros, jubilados y pensionados, pequeños empresarios, maestros, profesores e investigadores y finalmente de los ahorristas y bonistas que confiaron en el país.
Por el camino de la exclusión social gruesos sectores de la población se despegaron de los gobiernos e instituciones del estado y aprendieron a sobrevivir en un país donde el caos fue la norma y el azar fue la ley. En esta ficción institucional, la dirigencia política y autoridades del gobierno terminaron perdiendo responsabilidad, legitimidad social y toda conciencia respecto a la inexorable necesidad de cumplir y hacer cumplir el orden constitucional y el imperio de la Justicia.
Después de las tensiones del 2001, se alteró el escenario de la economía y de la política. Cambiaron las tendencias del comercio mundial y Argentina utilizó la devaluación monetaria como instrumento de redención para iniciar su recuperación económica. De hecho, en los últimos tres años, al amparo de una política económica disciplinada y regresiva que transfirió excedentes desde los sectores de bajos ingresos para financiar al gobierno y a los sectores de altos ingresos, circunstancias favorables en el costo del dinero y en los mercados y precios de nuestras exportaciones primarias hicieron posible el crecimiento de la macroeconomía con expresivos resultados fiscales que el gobierno exhibe ante los organismos internacionales como expresiones de éxito.
Pero la sociedad comienza ya a percibir que este modelo de inserción es inestable e imprevisible por naturaleza a pesar del cúmulo de arabescos introducidos en las políticas de renegociación de la deuda y en materia cambiaria y monetaria. La economía, habiendo retrotraído su proceso de acumulación a los moldes de la etapa agropastoril del siglo XIX, no puede, espontáneamente, distribuir ingresos ni generar empleos genuinos en la escala que la población reclama. Por ello, independientemente de la macroeconomía, la población no logra superar su actual frustración y expresa su ansiedad por un cambio súbito.
El gobierno no ignora esta realidad. El íntimo reconocimiento de la ineficacia de su política económica, más las múltiples presiones que a diario recibe, complican la gestión presidencial generando tensiones que dificultan, aún más, su proceso decisorio y el accionar operativo de las instituciones. Siente la presión de un tiempo que se acaba y de una sociedad que reclama resultados concretos y una conducción abierta y participativa. Los impactos de la representación mediática duran poco en Argentina y el gobierno percibe que su tiempo político se acorta.

Argumentos que sustentan la expectativa de un cambio súbito

Entre los argumentos más consistentes que sustenta esta tesis, se encuentran los siguientes:

1º) En el marco de crecientes presiones internas y externas que expresan el malestar de la sociedad y que el gobierno no puede resolver, el temor a un fracaso político y la visualización de las elecciones del 2007 podrá desencadenar en las altas esferas del poder la decisión de instituir un escenario de cambio social que rápidamente provoque la adhesión de la ciudadanía. En esta imaginativa proyección, se asume, como base de argumentación, que Argentina presenta la dimensión de un país situado más allá de la razón por lo que ninguna teoría formal de cambio social tendría potencialidad suficiente como para prever sus mutaciones dejando amplio espacio para el accidente histórico, como explicación posible de lo inexplicable o imprevisible.
2º) La irrupción del Peronismo en la década de los 40 condicionó la formación de una conciencia crítica sobre el carácter antagónico de las relaciones sociales entre el capital y el trabajo. Al incorporar al estado como mediador y protector de aquellas relaciones, el Peronismo amortiguó la lucha de clase como sustento de la organización sindical. Con este mecanismo de intermediación y representación, y con los ejemplos concretos aportados en beneficio de la clase obrera durante el primer gobierno de Perón, el Justicialismo acumuló memoria nacional y desencadenó adhesiones sociales sin límites ni tiempos hasta los días actuales, a pesar de las incoherencias y desmanes cometidos por el mismo partido en otros períodos de la historia reciente.

A partir de la segunda mitad del siglo XIX y hasta 1946, los gobiernos, por medio de las fuerzas armadas y de seguridad, se constituyeron en garantes de las relaciones de clase bajo los términos impuestos por la clase dominante. En cumplimiento de este rol, los mayores hechos de represión violenta que registró la historia argentina contra los intereses de peones, arrendatarios y obreros, en el sur, centro, litoral y norte del país fueron protagonizados por aquellas fuerzas. Perón, como ex militar y presidente de la nación, desarticuló esta funcionalidad y las convirtió en sustento de su propio gobierno, comprometido, abiertamente, con políticas económicas y sociales destinadas a diversificar la economía y elevar el bienestar de la clase obrera. Diez años después, el poder militar volvió a cumplir los roles asignados por la clase dominante.
Cuando después de los 70/80 el capitalismo debilitó en el país y a escala mundial la soberanía del estado-nación, internacionalizando las economías, los gobiernos perdieron legitimidad y el sindicalismo encontró crecientes dificultades para focalizar al contrincante. De hecho, los gobiernos y el gran capital diluyeron su presencia en las tinieblas de la globalización y el sindicalismo se encontró desnudo, sin condiciones de organización masiva ni de conciencia crítica para retomar la lucha directa contra el real antagonista de su clase social. En el país, los desocupados y los trabajadores en negro configuran mayoría dentro de la fuerza de trabajo, pero permanecen al margen de los sindicatos, carecen de organización y representación. La desregulación y apertura indiscriminada de la economía durante la década de los 90, asestó un golpe fulminante sobre el factor trabajo y el poder sindical.
Después del 55, durante 50 años, la resistencia obrera organizada, con la memoria de la triangulación de las relaciones sociales inducidas por Perón, asumió la defensa de sus derechos focalizando su proceso de organización interna y el peso de sus presiones no contra el capital, sino contra los sucesivos gobiernos, militares y civiles. En todo este período, el gran capital, inteligentemente, salió del centro de las contradicciones sociales y concentró su trama al interior de los procesos de formulación de las Políticas Públicas, territorio donde la CGT, por sus reconocidas insuficiencias de capacidad operativa, – producto de errores de focalización – no pudo negociar ni competir.
La misma cadena de argumentaciones podría aplicarse para entender el surgimiento y eclipse de las organizaciones empresarias creadas por el peronismo para promover los intereses de la pequeña y mediana empresa industrial. Por esta realidad muy argentina, la crisis actual creó las condiciones objetivas necesarias para presionar por el cambio pero la sociedad no cuenta con sectores sociales concientemente organizados para provocarlo. Como consecuencia, la ecuación del cambio social solo podrá resolverse desde dentro del propio gobierno.

3º) Quienes sustentan la factibilidad del cambio súbito argumentan que en aquel momento fundacional, otras sensaciones podrán servir también como detonantes decisorios. Entre ellas: los llamados de la conciencia para cumplir las promesas formuladas en tiempos de juventud y campaña política, la enorme atracción por el bronce de la historia, la necesidad de jugarse por la recuperación del país, el afán de liderar una causa nacional que encolumne a la ciudadanía y permita reeditar las imágines del mítico 17 de octubre.

4º) Por su naturaleza, el cambio súbito acontecerá en cascada incontenida tan pronto el gobierno decida alterar el rumbo de las políticas públicas para emprender un nuevo camino hacia la equidad y el progreso de las grandes mayorías. Una decisión como la expuesta no violentará la tradición ideológica del peronismo toda vez que en su concepción movimentista permanecen siempre abiertas las diversas opciones para inducir el cambio social.

5º) Se tiene conciencia que en muy pocos países del mundo la ocurrencia de un cambio súbito podría configurar una variante factible del progreso social. Desde la academia de la historia, se enseña que para impedir cambios radicales, arrebatos o aventuras en la vida de una nación, las clases dominantes instituyen la Constitución y depositan en las manos del poder el monopolio de la fuerza para garantizar su cumplimiento. En los tiempos actuales, los múltiples amarres provocados por la globalización de la economía, la cercanía de los factores de poder y el andamiaje de sólidas estructuras jurídicas suelen estar siempre presente para impedir súbitas mutaciones en la vida de las naciones. Todo esto es verdad.
En nuestro país, hasta la década de los 80, aquellos sensores del cambio también funcionaron con eficacia para impedir tentaciones y rupturas. Sin embargo, después de Malvinas y particularmente a partir de los 90, el núcleo gobernante encarnó el poder con visión hegemónica, ganó en potestad soberana y redujo, hasta extremos mendicantes, la capacidad operativa de los guardianes de la Constitución. Las Fuerzas Armadas desaparecieron y el Ejecutivo pasó a ejercitar el poder absoluto quebrantando, reiterada y deliberadamente, la independencia de los poderes de la república y los predicamentos de la Constitución.

6) Los procesos políticos en Venezuela y los niveles de precios alcanzado por el petróleo en el mercado internacional agigantan la figura de nuevos líderes que anuncian tiempos de cambio en Sudamérica. Argentina y Brasil, con su decisión final, podrán frenar o desencadenar un vuelco en la política regional. El tiempo apremia y una decisión y compromiso por parte de nuestro gobierno tendrá que expresarse a muy corto plazo. El cambio súbito podrá ocurrir bajo las presiones de este contexto temporal.

7º) A través de la historia aprendimos que, a diferencia de lo que ha ocurrido en países vecinos, sean cuales sean las presiones que a diario atormenten a los gobiernos, nuestra dirigencia política no se suicida, ni renuncia ni abandona voluntariamente el poder. Pero, si las circunstancias apremian, puede cambiar súbitamente sus decisiones políticas bajo el asedio de la presión social. Tal vez esta sea la mejor enseñanza que dejan los años de crisis y el único camino de redención que resta explorar a la sociedad argentina.

¿Qué hacer para legitimar e institucionalizar el cambio súbito?

Profundizando el significado de la expresión popular “en este país puede ocurrir cualquier cosa” llegamos a la conclusión de que, después de 50 años de involución permanente, el pueblo no se equivoca al acuñar aquel aforismo. En un contexto histórico cultural de imprevisibilidad estructural y de coyunturas políticas y económicas de límite como las que definen el pasado y el presente de nuestro país, estarían dadas las condiciones objetivas y subjetivas apropiadas para llevar al gobierno a una autotransformación súbita, a fin de salir de su encierro asumiendo la vanguardia de un proceso de cambio social. En Brasil, donde esta metamorfosis del poder también es frecuente, se utiliza la expresión “dar volta por cima”.
Al evaluar esta vía de cambio en el marco de todas las otras alternativas ya referidas en páginas anteriores, la tesis del accidente histórico y del cambio súbito aparece como la menos traumática de las alternativas posibles y la más compatible con la ideología del Peronismo, movimiento que en los últimos 50 años condicionó, con su Partido Justicialista, las facultades del poder.
Si los vientos del 45, del 73, del 75, de los 90 y de enero del 2002 lo inclinaron hacia orientaciones profundamente diferenciadas entre sí, la crisis que todavía condiciona a la sociedad argentina en el 2005 podrá inclinarlo ahora hacia un nuevo horizonte progresista abriendo, por vez primera después del 45, las puertas del poder a la creativa participación de la población.
De ocurrir este proceso de cambio súbito al interior del gobierno tendrá que transformarse rápidamente la escenografía del poder para ser creíble ante la opinión pública del país y del exterior. Asegurando la permanencia de la figura presidencial en respeto a los tiempos constitucionales, podrá acelerarse el recambio de las primeras y segundas líneas del gobierno a fin de incorporar nuevas personalidades que, además de encarnar en plenitud los anhelos de la sociedad, cuenten con los antecedentes necesarios de probidad moral y capacidad profesional e intelectual para reinsertar al país en el exigente escenario internacional.

Adicionalmente, será preciso instituir nuevas alianzas en el ámbito regional sudamericano, proceder a la ejecución de un nuevo programa de gobierno destinado a convocar el apoyo de la ciudadanía para avanzar hacia un desarrollo autónomo y más equitativo y convocar las energías de la sociedad para iniciar la reforma de la Constitución que institucionalice los cambios posibles.
De ocurrir tales acontecimientos el país se desplazaría bajo los avatares de las propias circunstancias pudiendo llegar a buen puerto y alumbrar un nuevo país o terminar diluyéndose en el fragor de su histórica imprevisibilidad. El resultado dependerá, por vez primera, del grado de participación y compromiso que, como sociedad, estemos dispuestos a asumir. Ya no será solo responsabilidad del gobierno.
Asumiendo como verosímil y factible la tesis de que, en razón de una pluralidad de circunstancias que tensionan sus relaciones con la sociedad y con los tradicionales factores de poder, el gobierno asumirá, en el espacio de su tiempo político disponible, la decisión de cambiar el rumbo de las políticas públicas para recuperar la economía nacional y atender los reclamos sociales, habría llegado el momento de movilizar la sociedad para formalizar consensos que posibiliten socializar interpretaciones respecto al pasado y, en segundo lugar, formular nuevas directrices para iniciar la ansiada etapa de recuperación nacional. Al gobierno le incumbirá, básicamente, asumir la histórica decisión de abrir las puertas a la participación de nuestra sociedad largamente ignorada por los gobiernos de turno y crear condiciones para que sus organizaciones representativas puedan aportar creatividad, imaginación y propuestas concretas de cambio.

¿Por qué consensuar una interpretación común sobre nuestro pasado?

No se trata de caprichos de intelectuales ni de pruritos académicos. La afanosa búsqueda de un consenso sobre la pluralidad de causas que determinaron la involución de la nación será esencial para formalizar acuerdos de cooperación entre las fuerzas sociales y vivificar la convivencia democrática posibilitando que el gobierno pueda encontrar en la ciudadanía la base de confianza y la energía necesaria para imprimir un nuevo rumbo a la conducción de la república. Caso contrario, será prácticamente imposible avanzar en la resolución de sus problemas. Los ejemplos de España y Bolivia reproducen casos extremos donde fue posible e imposible, respectivamente, llegar a mínimos consensos entre sectores sociales. En un caso, el país pudo avanzar aceleradamente en la construcción de un país mejor en cuanto el otro permanece, todavía, trabado en su gobernabilidad, con riesgo de colapso global.

Queda en evidencia que en esta primera etapa de recuperación de la nación, las organizaciones representativas de intereses comunitarios, vecinales, sectoriales, empresarios, trabajadores, universidades, partidos políticos y organismos profesionales de todo el país tendrán ingente responsabilidad en aportar sus reflexiones para ampliar las bases del consenso nacional.
Cuando núcleos representativos de los diversos sectores sociales establezcan discusiones sistémicas y profundicen disensos y consensos sobre determinados asuntos públicos, estaremos más cerca de identificar cuales son los principales problemas nacionales que tendremos que resolver si queremos construir un país mejor. El Congreso de la Nación, con sangre renovada, tendrá que ser, algún día, la caja de resonancia del gran acuerdo que posibilite al poder ejecutivo avanzar en la gestión de las nuevas políticas públicas que el consenso societario recomiende.

¿Por qué consensuar una mirada común para transformar el país?

¿Qué sociedad queremos? ¿Qué modificaciones tendremos que introducir en nuestro ordenamiento jurídico para garantizar un sistema político federal y republicano que articule en todo el territorio las relaciones entre sociedad, gobierno y estado? ¿Cómo administrar el tránsito desde una democracia representativa imperfecta hacia una democracia participativa mejor o el tránsito desde un centralismo exacerbado por un estado fofo hacia la autonomía de municipios y comunidades locales? ¿Que grado de equidad predominará en las relaciones sociales? ¿Que tipo de capitalismo tendremos que perfeccionar para compatibilizar los intereses globales y privados? ¿Cómo instituir el régimen de las Tres Economías para compatibilizar los intereses permanentes del estado con la economía privada y con una economía social-comunitaria? ¿Qué responsabilidades deberán permanecer como funciones indelegables del estado y cuales podrán ser transferibles al sector privado? ¿Que relaciones estableceremos a futuro entre el mercado y el estado para alcanzar los propósitos del bienestar social? ¿Qué limitaciones tendremos que introducir en el derecho de propiedad privada para garantizar su dimensión social? ¿Cómo podrá la nación recuperar la potestad y soberanía sobre los recursos naturales que por la Reforma Constitucional del 94 pasaron a poder de las provincias? ¿Cómo podremos construir y financiar un estado que pueda asegurar a la población sus derechos al trabajo, a una remuneración digna y al goce de los derechos sociales de educación, salud y previsión social? ¿Como podremos garantizar la preservación de nuestro patrimonio físico y cultural para beneficio de las generaciones futuras? ¿Cómo redefinir formas apropiadas de inserción internacional de la Argentina para potenciar los beneficios de un orden globalizado sin afectar el desarrollo nacional? ¿Como orientar nuestra participación en el marco sudamericano para participar activamente en la construcción de una Comunidad integrada que transforme a nuestra región en un polo de poder dentro de la nueva configuración del poder global multipolar?

El bicentenario y la reforma de la Constitución

En el transcurso de los últimos 200 años, el país quedó inserto en un mundo sometido a intensos procesos de cambio que culminó con las formas actuales de un capitalismo global y hegemónico. En todo este tiempo, cambiaron las relaciones sociales al interior de nuestro país y los mecanismos de inserción de Argentina en el mercado internacional experimentaron también profundas transformaciones que lesionaron su cohesión social. Ambos procesos terminaron debilitando al estado, deslegitimando socialmente el marco constitucional original instituído hacia mediados del siglo XIX, desintegrando a la sociedad argentina y comprometiendo la gobernabilidad de la nación.
En el propósito de avanzar hacia una Reforma Constitucional que actualice e institucionalice nuevos derechos y responsabilidades del ciudadano y del estado, el gobierno cumpliría su tarea más importante creando las condiciones necesarias para la búsqueda de consenso entre los principales sujetos sociales, en las diversas regiones del país sobre cada uno de los principales temas que integren la agenda de la Asamblea Constituyente.
A posteriori, restará decodificar tales consensos, comprimirlos y expresarlos en lenguaje constitucional para incorporarlos al debate de la Asamblea Constituyente que pueda sancionar la Reforma. Como antes señalamos, a partir de un nuevo escenario político, la construcción del futuro será responsabilidad, por sobre todo, de grandes segmentos de la población aunque al gobierno le corresponderá la enorme tarea de convocar y conducir las energías de la sociedad para avanzar en la reconstrucción nacional.
La institucionalización constitucional de los cambios que reclama la sociedad argentina para asegurar el progreso y bienestar de su población será la principal responsabilidad de los gobiernos. Como ciudadanos, tendremos que colaborar e involucrarnos en esta gesta nacional empujando cuanto esté a nuestro alcance para concretar su realización. Como resultado, talvez podamos celebrar en el 2010, los 200 años de vida independiente y la Reforma de nuestra Constitución para instituir la juridicidad necesaria a una nueva Argentina.

(1) Véase: Manuel Figueroa, “La economía del poder”. Eudeba, 1998