Una reflexión global sobre la dinámica de los cinco ciclos históricos identificados en el Editorial del mes de julio 2012, nos posibilitó comprender que Argentina, en el transcurso de sus 200 años de historia, se mantuvo orgánicamente amarrada a un sistema de inserción internacional cuya intrínseca inestabilidad le obligaba a adoptar en su interior mecanismos flexibles de administración para acomodar sus estructuras productivas conforme fueron las mutaciones experimentadas en el orden internacional del capitalismo. Tales ajustes implicaron, necesariamente, elevado costo social que fue soportado, básicamente, por los sectores más débiles de la sociedad. La Argentina del siglo XIX nació y permaneció hasta el presente en el seno pujante de un sistema social capitalista que abría sus puertas al mundo para anunciar su etapa imperial bajo el liderazgo de Inglaterra. Con el correr de los años, el capitalismo se transformó en sistema social hegemónico a escala mundial y sus permanentes mutaciones internas forzaron adaptaciones en países dependientes condicionando su gobernabilidad y el progreso y bienestar de sus poblaciones.

En la actualidad, el sistema capitalista sustentado en una extraordinaria acumulación de capitales, en un incesante progreso tecno-científico y en la multiplicación de los instrumentos financieros, alcanzó los límites extremos de la globalización en términos geográficos, temporales y espaciales. Como sistema hegemónico, logra, cada día más, ampliar la producción con menos ahorro real y menos mano de obra. Esta dinámica en el proceso de acumulación genera crecientes procesos de inequidad social que obliga a los gobiernos a destinar ingentes recursos públicos para paliar sus consecuencias. En países periféricos como Argentina, las mutaciones referidas pusieron al descubierto la debilidad de sus estructuras productivas, la insuficiencia del proceso de ahorro-inversión nacional, la crónica debilidad de las pequeñas y medianas empresas privadas, la hegemonía que imponen las grandes empresas multinacionales y la escasa capacidad operativa de las instituciones del estado para resolver la cuestión del desempleo generándose severas consecuencias en materia social y económica.

En lo social, el crónico desempleo, la pobreza y la exclusión configuran una realidad sin teoría y todavía los gobiernos no logran adoptar políticas públicas apropiadas para su eliminación. En el Informe Situación de la Población en Argentina, publicado por PNUD-UNFPA, 2009, se registra que el desempleo según edades y niveles de ingresos reproduce resultados dramáticos: en la población con edades comprendidas entre 15 y 29 años que integra el quintil más pobre, la tasa de desempleo alcanza un 31,7 %. El 86,7 % de los incluidos en este quintil no realiza aportes jubilatorios. En el segundo quintil de ingresos, la incidencia de la desocupación y falta de aportes alcanza al 20,4 % y el 64,5 %, respectivamente; en el tercer quintil, 18,5 % y 52 %; en el cuarto quintil, 11 % y 34,2 %. Finalmente, en el quinto quintil, la desocupación alcanza al 4,8 % y la falta de aportes jubilatorios al 24 %.

La continua expansión de los precios de bienes esenciales y la permanencia de un amplio segmento de mano de obra en condiciones de informalidad laboral desplazan del mercado a grandes sectores de la población ampliando peligrosamente la faja de la pobreza y exclusión social. Diversos estudios refieren que en la actualidad, un 30 % del total de su población – alrededor de 12 millones de argentinos – permanecen bajo grados diversos de pobreza por insuficiencia de ingresos y/o de empleos.
Manteniendo hasta el presente una política económica ortodoxa y conservadora, sin cambios relevantes en las relaciones sociales ni en su marco tributario ni en la diversificación de la estructura productiva, el país no logra eliminar el desempleo ni el trabajo informal. La subocupación, el desempleo y la insuficiencia de ingresos afectan, en la actualidad, a 5 millones de trabajadores, esto es, por lo menos, a 10 millones de personas. ¿Quiénes asumen en el país la responsabilidad por crear empleos productivos en la medida en que la sociedad lo necesita?

Las instituciones del Poder Ejecutivo a nivel nacional, provincial y municipal no pueden continuar funcionando como fuentes creadoras de empleos so pena de deformar, por obesidad, aún más, la capacidad operativa del estado. En los últimos 10 años, por este mecanismo ya se crearon un millón de puestos de trabajo, en blanco y en negro. La gran empresa multinacional no dinamiza sus inversiones en el país ni genera empleos en la dimensión que la sociedad requiere pues sus programas de inversión no alcanzan la escala necesaria y comportan tecnologías intensivas en capital con limitado impacto sobre la generación de empleo. La mediana, pequeña y micro empresa argentina presenta escaso dinamismo en la medida en que no logra resolver sus problemas de financiamiento, de mercado y de competitividad. Presentan extremas dificultades para blanquear siquiera la nómina salarial. Consecuentemente, presentan severas insuficiencias para generar empleos en blanco en la proporción que la sociedad lo requiere. Por su parte, los pequeños productores rurales, forzados por agresivos procesos de concentración de tierras y capitales en el agro, dejan sus tierras y su profesión aventurando nuevas vidas en ciudades sin horizontes de futuro.

Los jóvenes en Argentina totalizan aproximadamente un 25 % de la población del país. Según estudios del Fondo de las Naciones Unidas para la Población, la tasa neta de escolarización en la Argentina del 2006 era tan solo del 63,4 % y los excluidos del sistema escolar con edades comprendidas entre los 18 y 22 años totalizaban un 53,2 %. Entre los jóvenes de 13 a 17 años, un 11,6 %.

En lo económico, los impactos conjuntos del desempleo y la inflación reducen, cada vez más, el poder de compra de la masa salarial privando a los mercados internos de desempeñar roles de aceleración para dinamizar el desarrollo. Si bien es cierto que durante los años 2003-2011 el Gobierno pudo impulsar esta modalidad de crecimiento incentivando tanto cuanto pudo la expansión del consumo como vector de desarrollo interno, los datos de la actual realidad económica y fiscal desestiman la posibilidad de su continuidad. A escala global, el mundo acumula sobreproducción sin realización comercial pero a pesar de tales restricciones, las empresas trasnacionales no frenan su expansión y continúan penetrando en los países para captar recursos reales y financieros y participar o controlar sus negocios de comercio exterior induciendo a sus gobiernos a abrir sus mercados internos para ampliar la escala de sus operaciones financieras y comerciales.

Según el INDEC, en 1993, dentro de las 500 grandes empresas del país, las de capital nacional fueron 281 en cuanto las que en sus capitales registraban participación extranjera sumaban 219; en el 2001, el proceso de desnacionalización ya se había intensificado y los números de la encuesta registraron 175 y 325, respectivamente; en el 2010 los números reflejaron aparente estabilidad pues registraron 176 y 324, respectivamente. Sin embargo, el proceso de desnacionalización se había intensificado bajo otras formas de expresión. En efecto, mientras en 1993 el INDEC registraba que la participación de las 500 más grandes empresas en el valor agregado total según origen del capital había sido de un 62 % para las empresas con capital extranjero y un 38 % para aquellas con participación nacional; en el 2010 llegaron al 81 % y 19 %, respectivamente. Finalmente, el mismo informe el INDEC registró que mientras en el 2010 el valor agregado por cada puesto de trabajo asalariado aportado por las empresas de capital nacional fue de 214.300 pesos, en las empresas con capital extranjero aquel valor fue de 533.700 pesos.

Durante los últimos 50 años, con gobiernos militares y civiles, de todos los signos partidarios, los sectores sociales vinculados al trabajo perdieron significativos ingresos mientras las selectas minorías expandieron sus márgenes de apropiación: en cuanto la clase trabajadora se apropiaba de algo más del 50 % en la década de los 50, hoy percibe menos de un 30 %. Perdió 20 puntos de ingresos y, en la actualidad, cada punto del ingreso nacional representa 4.000 millones de dólares. En aquel mismo período, los indicadores de pobreza y desempleo triplicaron su importancia y las relaciones de ingresos entre deciles ricos y pobres, según información oficial del INDEC, pasaron de 12,07 en el primer trimestre de 1974 a 30,15 en el primer trimestre del 2007.

Desde la perspectiva vital de las familias, poco importan los datos de la macroeconomía ni la salud de los fundamentos económicos que tozudamente reconoce la academia. Los hechos relevantes que realmente interesan a la sociedad, más allá de cualquiera discusión bizantina sobre los méritos de las políticas económicas ortodoxas o heterodoxas, siguen siendo dos: el coeficiente de apropiación del ingreso que retuvo cada estrato social a lo largo del tiempo y el nivel del desempleo existente en un momento determinado.