El país comienza una nueva experiencia de gobierno y renacen las expectativas para impulsar la vida nacional. La ocasión es propicia para reflexionar sobre dos conjuntos de restricciones que condicionarán la suerte del país en el curso de los próximos años. En primer término, precisamos dilucidar con rigor cuales son los condicionamientos de orden político, económico y social que tendremos que superar para avanzar en la resolución de los problemas del país para construir un futuro mejor. En segundo lugar, será prudente tomar muy en consideración las claves de funcionamiento del mundo global dentro del cual Argentina se inserta.

La dinámica de la sociedad argentina fue la resultante de una pluralidad de causas y circunstancias históricas enraizadas en los genes formadores de nuestra identidad como nación. En el curso del tiempo, dieron origen a un sistema de relaciones sociales y a una anacrónica Cultura de Poder que si bien históricamente fue capaz de potenciar sus luces para elevar al país a la cima del progreso entre 1870 y 1930 y alentar la expansión y el brillo de una cultura argentina reconocida a escala mundial, también impulsó con sus sombras largos períodos de deterioro y dolorosa involución. Durante sus años de oscuridad, entronizó en gobiernos y elite política dirigente valores y actitudes provenientes de formas atávicas de organización y relaciones sociales donde predominaban rasgos de arbitrariedad, autoritarismo, despotismo, verticalismo, nepotismo, centralismo, absolutismo.

Por su inexorable reflejo sobre la sociedad, la misma Cultura del Poder, con sus luces y sombras, creó condiciones propicias para potenciar las virtudes de su gente y con sus vicios y deformaciones fue erosionando gradualmente su espontaneidad, generosidad, ingenuidad y resistencia induciendo actitudes de exacerbado individualismo, desconfianza sobre gobiernos e instituciones, frustraciones y escepticismo respecto al futuro del país. Los efluvios permanentes de aquella Cultura del Poder, mediante hilos inasibles, penetraron el tiempo y permanecen activos hasta nuestros días.

Explorando el túnel abierto por esta concepción, comprendimos que las “realidades resultantes”, tanto en la primera etapa de progreso del país como en los largos años de su dolorosa involución, fueron consecuencia de abusos de poder, errores u omisiones de gestión cometidos por gobiernos y actores sociales en sus propósitos de organizar la institucionalidad del país, administrar la economía y regular sus relaciones sociales.

Aunque durante toda su experiencia histórica Argentina estuvo inmersa en la dinámica de un sistema capitalista globalizado, sus gobiernos y elite política dirigente no supieron, no pudieron o no quisieron adaptar sus Políticas Públicas para atender los condicionantes necesarios que pudieran asegurar sustentabilidad institucional, progreso económico y bienestar social a toda la población. En particular, dejaron de entender y de aplicar tres claros principios – de valor equivalente – impuestos por la cruda realidad de nuestra dependiente inserción en la economía mundial:

Primero: en mercados abiertos, el progreso sustentable de un país con economía capitalista dependiente exige estructurar sus procesos productivos de modo a atender sus requerimientos de productividad, rentabilidad y competitividad internacional;

Segundo: para su gobernabilidad y estabilidad institucional se requiere asegurar el progreso y bienestar de toda la población mediante políticas públicas que potencien la preservación ambiental, la creación de riquezas y regulen la apropiación y distribución funcional del ingreso nacional;

Tercero: para asegurar el pleno cumplimiento de los principios antes referidos, habría sido necesario asegurar su inserción en el texto Constitucional con cumplimiento obligatorio para todo gobierno especificando, además, con precisión, las sanciones y penalidades a aplicarse a quienes, desde las instituciones del estado o desde el sector privado, incumplan o dificulten su aplicación.

Como corolario, restaría mencionar que en un sistema democrático y republicano debe ser competencia de la Alta Política la construcción permanente de consensos entre los sectores sociales para administrar con sabiduría la aplicación de los principios enunciados evaluando con objetividad los límites de lo posible en el marco de las realidades de cada tiempo-histórico.

Es nuestro pensamiento que toda reflexión honesta sobre las desviaciones ocurridas en torno a los principios referidos aportará claridad para explicar la dinámica histórica de la sociedad argentina y los fundamentos de nuestros problemas actuales. Por lo demás, permitirá comprender que para armonizar soluciones convergentes que posibiliten concretar los objetivos de progreso y bienestar, en vez de considerar los niveles de empleos e ingresos de los sectores pobres y medios de la sociedad como variables de ajuste cuando sobrevienen tensiones y crisis en la economía, será de toda racionalidad y equidad ajustar las formas de organizar la economía, racionalizar la acción del estado, insertar inteligencia en la gestión del territorio y redefinir los niveles de participación y responsabilidad ciudadana tanto en los procesos productivos como en sus niveles de contribución impositiva para generar empleos e ingresos de vida digna a toda la población asegurando gobernabilidad y estabilidad institucional.