A partir de 1810, Argentina registró la sucesión de cuatro ciclos históricos completos con duración aproximada de 40/50 años cada uno en cuanto asiste, en la actualidad, al desarrollo de su quinto ciclo comenzado después de la crisis terminal del 2001. Al final de cada uno de sus ciclos, el país se convulsionaba por el abrupto final de sus gobiernos precedido por severas alteraciones en las condiciones de la coyuntura económica, por crisis social, inestabilidad institucional e ingobernabilidad del sistema político. Pasado algún tiempo, el país volvía a restablecer climas de normalidad: estabilizaba su diario vivir, renovaba su elite política dirigente, ajustaba su marco institucional, cambiaba autoridades de gobierno, impulsaba su economía, avanzaba algunos pasos en su progreso social hasta que nuevas situaciones de conflictos impulsaban desequilibrios macroeconómicos y nuevas crisis institucionales anticipaban la ingobernabilidad del sistema y la necesidad de reproducir las mismas secuencias de cambios ya conocidas. Los ciclos cubrieron los siguientes períodos: el primero, desde 1810 hasta 1853/62; el segundo se extendió desde los años 1853/62 hasta el período 1912/16; el tercero, mantuvo su vigencia desde los años 1912/16 hasta 1955; el cuarto expiró al final del 2001 y el quinto ciclo se inició en enero del 2002; transcurre en la actualidad y podrá extenderse por algunos años más.
La razón por la reiterada ocurrencia de los ciclos en la historia argentina no fue debidamente esclarecida hasta el presente en la literatura especializada. Sin embargo, por ser la consecuencia de una policausalidad, tres órdenes de factores pudieron haber ejercido reconocida incidencia al actuar de forma independiente o simultánea: En primer término, por tratarse de un país con economía totalmente dependiente del mercado internacional, cuya dinámica se procesaba más allá de la voluntad de los gobiernos argentinos, cualquier alteración significativa en los mercados externos desencadenaba procesos de ajuste al interior de la economía y tales procesos detonaban conflictos de naturaleza social y política; en segundo lugar, por tratarse de una economía primaria exportadora de base agropecuaria, por lo tanto dependiente de las condiciones climáticas, cualquier alteración climática significativa podía alterar los volúmenes de producción y, en consecuencia, los flujos de renta generada por las actividades agropecuarias. Tales circunstancias, nuevamente, detonaban presiones sociales y alteraciones en la esfera política de los gobiernos. En tercer término, el propio proceso político interno, sometido a incesante desgaste e intensas presiones y contradicciones sociales procedentes de la esfera económica producía, necesariamente, desajustes en el poder político formal que podían agravarse conforme fuesen los desmanes generados por desequilibrios de personalidad, errores de conducción o vicios de corrupción generados al interior de los propios gobiernos.

Economía dependiente, inestabilidad social e ingobernabilidad del país

Argentina, por su estructural dependencia económica, amarró su destino, desde el comienzo, al funcionamiento de esquemas monetarios cercanos al patrón oro para modelar su economía siguiendo el rumbo que orientaban los mecanismos automáticos de estabilización a fin de atemperar la violencia de las crisis en los mercados externos. Cuando los ajustes excedieron la capacidad de soporte social e institucional, el país corregía paridades hasta que, finalmente, por la mega crisis del 29, tuvo la necesidad de abandonar aquel sistema monetario. Para compensar sus efectos, los gobiernos conservadores diseñaron, en la década de los 30, instrumentos reguladores de mercado bajo control estatal y privado y su plena utilización, con algunas adaptaciones para amplificar su alcance social, permaneció durante los 10 años en que Perón gobernó la Argentina a partir de 1946.
El modelo económico nacional adoptado por la elite política dirigente a partir de 1862, asumía, como hecho natural y regular, la intensa dependencia que el país mantenía con el exterior para financiar gran parte del gasto público, exportar sus mercancías, financiar la compra de géneros de consumo e insumos esenciales; financiar las mega inversiones que se requería para dotar al país de la infraestructura productiva, de energía, de transporte, de comercio exterior; incorporar tecnologías, organizar la banca y el crédito para operaciones de mercado interno y externo; urbanizar las grandes ciudades, financiar proyectos de colonización con familias de inmigrantes; realizar la producción de bienes básicos en los mercados internacionales y asegurar las transferencias del excedente económico entre Buenos Aires y plazas europeas.
Cuando por razones diversas se alteraban las condiciones de producción o en los mercados internacionales, las variables de ajuste que posibilitaban volver a los equilibrios macroeconómicos fundamentales implicaban inducir cambios de mayor o menor intensidad en la composición y orientación de las Políticas Públicas que afectaban, principalmente, las relaciones de cambio, los niveles de inflación, la tributación, los niveles de ocupación, el gasto público, las transferencias a provincias y municipios del interior y los coeficientes de participación del trabajo en la apropiación de la renta nacional.
Los desequilibrios y tensiones entre sectores antagónicos, afectaba, tarde o temprano, la legitimidad social de los respectivos gobiernos y daba origen a intensos conflictos de intereses al interior de la elite dirigente. Por el carácter acumulativo de los conflictos, tras el paso de algunas administraciones, los gobiernos entraban en períodos de crisis institucional de carácter terminal que necesariamente inducían a la Matriz real de Poder a proceder al recambio de la dirigencia gubernamental. Los nuevos gobiernos, durante algún tiempo, estabilizaban los conflictos y posibilitaban la continuidad de la administración aún manteniendo la esencia de las contradicciones de fondo hasta que nuevos desequilibrios inducían, nuevamente, la renovación de la elite política dirigente.
El análisis histórico posibilitó observar que las mutaciones más intensas en la esfera de los gobiernos, de las instituciones, de la economía y de las relaciones sociales se inscribían dentro de períodos fuertemente correlacionados con las mutaciones experimentadas en los mercados, en la política y en la economía internacional. La duración de cada ciclo, aunque variable, permaneció enmarcada dentro de períodos situados en torno a los 40-50 años. Al interior de cada ciclo histórico, las relaciones sociales entre sectores antagónicos nunca pudieron responder a pautas de estabilidad. Por lo general, reproducían mini-ciclos con cortos períodos de crecimiento económico seguidos de algunos años de estabilidad institucional, de tensiones sociales y finalmente concluían en crisis de gobernabilidad. Los mini-ciclos dentro de los cuales el país experimentaba la secuencia de situaciones similares a las ya referidas, registraban, en promedio, una duración de 2 a 4 años y al final de cada gran período de 40 – 50 años, la historia argentina registraba crisis virulentas que, al comprometer la gobernabilidad del Poder Formal, forzaban el recambio “aparente y simulado” de las elites dirigentes dando origen a nuevos gobiernos que intentaban serenar los intereses económicos y recomponer las relaciones sociales entre las clases antagónicas.
El carácter “aparente y simulado” se sustentaba, efectivamente, en la sagacidad del Poder Conservador para publicitar y fundamentar, en situaciones de límites (al final de cada ciclo) “el cambio de gobierno” sustituyendo a aquellos políticos y funcionarios ya desgastados ante la opinión pública e incorporando a nuevos personajes que en el teatro gubernamental de la política formal, debían administrar las políticas públicas de forma compatible con la preservación de los intereses de una matriz tradicional de Poder cuya hegemonía pudo mantenerse imperturbable en el curso de 160 años de historia constitucional.