Después del golpe del 55, las décadas de los 60 y 70 amplificaron la violencia militar que culminó al comienzo de los 80 con el desastre de Malvinas y la muerte y desaparición de miles de ciudadanos argentinos. La década de los 80 signó la transición del militarismo agónico hacia gobiernos civiles pero arrasó la economía nacional con la hiperinflación en su último bienio; la década de los 90 culminó con el desmantelamiento del estado, la venta del patrimonio público, la quiebra de la industria nacional y el endeudamiento irresponsable; la década que ahora culmina, nos enfrenta con una argentina desconocida: flexible para el crecimiento macroeconómico apropiado por muy pocos, pero impotente para contener la inflación y crear los empleos productivos que la sociedad requiere; altamente injusta en la distribución del ingreso nacional; con altos niveles de desempleo, pobreza, inseguridad; alejada de la dignidad en materias vinculadas con la vivienda, educación, salud y previsión social; sin capacidad de invertir en infraestructura, industrias, ciencias y tecnologías que alienten esperanzas de un futuro mejor. Todo este cuadro se agrava en el interior del país.

En el curso de 40 años, los Censos Económicos del país registraron pérdidas del 40 % y 28 % en el total de establecimientos y personal ocupado por la industria manufacturera, al pasar de 143.087 a 84.971 y de 1.320.117 a 952.011, respectivamente. Por su parte, la comparación de los censos demográficos de los años 1980 y 2002 registra la salida de 4 millones de personas desde las áreas rurales hacia zonas urbanas en todo el país agravando, en consecuencia, los problemas de hacinamiento, desempleo y carencia de alimentos en los centros urbanos del país. Por último, la inequidad social se agravó cada día más. Según cifras oficiales del INDEC, en 1996, las diferencias entre el promedio de los ingresos que percibía el 10 % de la población más rica y más pobre, era de 20 veces. Al 1º trimestre del 2007, esta relación fue de 27 veces. En razón de la inflación que triplicó sus magnitudes en el curso del último trienio, aquel indicador alcanzaría en la actualidad alrededor de 30 veces.

Argentina luce como un país narcotizado. Su involución, plenamente reconocida en lo institucional, económico y social, desnudó la pereza intelectual de sus instituciones públicas y privadas, la incapacidad de su elite dirigente y la obsolescencia de su marco constitucional originalmente instituido en 1853/62 para un país inexistente y una sociedad idealizada. La Reforma del 49, focalizada en la resolución de aquellas históricas inconsistencias, fue eliminada violentamente en el 56 por el gobierno de facto y la Reforma del 94, diseñada esencialmente para viabilizar la reelección presidencial incorporó algunos instrumentos para perfeccionar la gestión republicana pero mantuvo, sin modificación alguna, el plexo axiológico de la Constitución del siglo XIX.

El país requiere, con urgencia, repensar la nación y proceder a la reforma de su Constitución para instituir un nuevo Estado de Responsabilidad Social que posibilite introducir cambios de significación en su ordenamiento político-institucional-administrativo y en su organización económica-productiva institucionalizando la legislación necesaria para que el flujo de sus relaciones sociales resulten del funcionamiento armónico de tres regímenes económicos convergentes y complementarios: una sólida economía privada de libre mercado vitalizada por la acción del empresariado nacional e internacional, una eficiente economía pública destinada a recuperar patrimonio nacional, ampliar los escenarios de la tecnociencia, proveer servicios públicos esenciales, consolidar las bases de nuestra industrialización plena y una nueva economía social-comunitaria, técnicamente administrada y equipada para avanzar en la organización de las comunidades locales, impulsar la provisión de servicios sociales esenciales, el normal funcionamiento de la economía de pequeños y medianos productores y empresarios y la acción de “mercados sociales de trabajo” destinados a crear empleos productivos, ampliar la riqueza nacional y contribuir, consecuentemente, a resolver los graves problemas sociales que afectan al país eliminando la corrupción y la necrosis generada por los programas asistenciales en el ámbito de los municipios del país.

Las soluciones que reclama la sociedad argentina desbordan la simple elección de una nueva fórmula presidencial. La sociedad reclama cada vez más por la exclusión y la pobreza en que se encuentra más de un tercio de su población; por el deterioro institucional, por la corrupción inserta en las venas del sector público. La suma de sus frustraciones explica la elevada dosis de escepticismo que gravita en el ánimo de nuestra sociedad. Explica también su desprecio por la acción política, su reticencia a la militancia partidaria, su desconfianza en la gestión pública; su escepticismo ante las propuestas de los partidos; la pérdida de solidaridad y un individualismo extremo que inhibe todo proyecto colectivo de república, progreso y equidad. La Reforma de la Constitución podrá ser el tsunami que despertará la inteligencia nacional y animará el surgimiento de nuevas voces de representación.

Pensar y trabajar por la Argentina del futuro es tarea y responsabilidad de todos y en particular, de quienes ejerciten roles de gobierno en los ámbitos de la nación, provincias y municipios que integran el país. NO debe ni puede seguir siendo solo tarea del gobierno nacional. Las regiones del interior, aún aquellas que en la actualidad acusan mayor pobreza relativa, lejos de constituir parte de los problemas de la nación, representan el único espacio territorial de soluciones posibles para encausar en el futuro soluciones inteligentes a los graves problemas que aquejan a la sociedad argentina.