El desafío sudamericano. Integración Social y Desarrollo (2006)

¿Por qué la ALADI, el PACTO ANDINO O EL MERCOSUR nunca pudieron alcanzar sus fines y dejaron ya de constituir una esperanza para el progreso de nuestra región? Antes de poner en marcha una Comunidad Sudamericana de Naciones ¿no será necesario debatir nuevas ideas de integración y desarrollo?

1. Inconsistencias en la base teórica que sustentó la integración comercial

La construcción de la integración en América Latina y más específicamente de América del Sur no es una idea reciente. Como dimensión política nació junto a los gritos de independencia pronunciados por nuestros próceres hace ya dos siglos. Lamentablemente, esta dimensión nunca pudo prosperar y quedó fulminada al poco de nacer dando origen a la extrema división de nuestra región inducida, según lo corrobora el análisis histórico, por los mismos países hegemónicos que controlaban las llaves del comercio internacional en los primeros años del siglo XIX.

En la década de los 40, el gobierno de Perón propuso la integración de Chile, Argentina y Brasil bajo criterios de unidad política y económica. Tampoco pudo prosperar y otras iniciativas similares también fracasaron. Por último, en la segunda mitad del siglo XX, fue la CEPAL, organismo de las Naciones Unidas con sede en Santiago de Chile, la agencia que formalizó las ideas de la integración latinoamericana en su dimensión económica aunque reconociendo que, en el futuro, los países podrían ampliarla hasta cubrir los aspectos de orden social y político institucional.

A comienzo de los 50, la CEPAL propuso un conjunto de políticas estratégicas para el desarrollo de América Latina. Entre ellas, la industrialización vía substitución de importaciones, las reformas estructurales, la planificación y la integración económica. Junto a otros organismos internacionales patrocinaron el nacimiento de instituciones especializadas como el SELA, ALADI e INTAL y apoyaron los procesos de integración en países andinos, centroamericanos y del Caribe. A partir de los últimos 20 años, los países del Plata instituyeron el MERCOSUR como instrumento de integración en cuanto los EEUU, México y Canadá pusieron en marcha el tratado de libre comercio, NAFTA.

A pesar de los esfuerzos realizados, los acuerdos de integración, aunque amplificaron los flujos del comercio exterior de los países latinoamericanos, no lograron acelerar las transformaciones sociales para elevar el bienestar de los pueblos. Entre las razones por las cuales el espíritu de integración no pudo plasmarse en América Latina tendremos que reconocer un hecho esencial: aunque públicamente se proclamó que la integración debía configurarse como un proceso multidimensional, en la práctica, sus pasos concretos transitaron, exclusivamente, por la dimensión económica. Este hecho fue, sin dudas, un crítico error de los organismos internacionales y de nuestros gobiernos pues trataron de reproducir, por mera imitación, la exitosa experiencia realizada entre países de la Europa Central.

En esta voluntarista imitación, se olvidaron que aquellos países fueron, en diversos períodos históricos, naciones imperiales, de elevadas manifestaciones culturales, sin extremos desniveles de bienestar entre sus sectores sociales y que aunque la secuencia de dos guerras había destruido sus bases de sustentación económica pudieron mantener la fuerza de su cultura y el instinto de sus sectores empresarios.

América Latina, como región dependiente, no contenía ninguna de las claves que sustentaron los avances de la experiencia europea y a partir de tales carencias, deberíamos haber percibido que la dimensión económica, por si sola, como eje central del proceso de integración, no podría resolver las múltiples distorsiones estructurales que caracterizaban a nuestros países desde su tiempo colonial. Los teóricos de la integración no asignaron la debida importancia al hecho de que en un sistema capitalista, la economía no integra las riquezas reales o potenciales de las naciones, sino que tan solo integra los negocios reales o potenciales que puedan formalizarse sobre tales riquezas.

No percibieron o no quisieron creer que los resultados sociales de la integración económica tendrían que ser directamente funcionales a los sistemas de gestión empresaria y de propiedad privada dominante. Como en nuestra región los grandes negocios pertenecieron y pertenecen, básicamente, a empresas trasnacionales que operan con lógicas centradas en el poder económico, en la maximización de la ganancia y en la concentración del excedente, la exclusiva dimensión económica de la integración nunca pudo ser funcional a las necesidades de bienestar y equidad que reclaman nuestras sociedades.

Los estudios de evaluación realizados en relación a los procesos de integración comercial en América Latina concluyen, inexorablemente, en reconocer el hecho concreto de que la lógica que conduce las operaciones de las empresas multinacionales dentro del espacio integrado se guía por la racionalidad del cálculo económico más conveniente para su gestión patrimonial y esta evidencia no se corresponde, evidentemente, con la lógica que nuestras sociedades necesitan aplicar para resolver sus principales entrabes a un desarrollo con equidad. El territorio integrado se transforma, gradualmente, en simple zona de generación de excedentes que electrónicamente se transfieren a las casas centrales para ampliar el proceso de acumulación de las grandes empresas trasnacionales.

Sin nuevas ideas en materia de integración y desarrollo, el reiterado fracaso de las experiencias existentes en nuestra región está llevando a algunos países a negociar, separadamente, acuerdos de libre comercio con los EEUU sellando así el destino de sus naciones al cumplimiento de roles signados tanto por la dependencia económica y subordinación política como por una pétrea estratificación social y enajenación cultural. De hecho, excluyendo a Venezuela, Brasil, Argentina y Bolivia, el resto de los países sudamericanos cuenta ya o está en vías de formalizar acuerdos de libre comercio con los EEUU desterrando de su horizonte inmediato cualquier posibilidad de acoplarse a los moribundos acuerdos de integración que persisten en sobrevivir en la región andina y entre los países del plata.

2. Integración y Desarrollo en la Comunidad Sudamericana de Naciones

Hacia mediados del 2005, en las alturas del Cuzco, alumbró la Comunidad Sudamericana de Naciones. Su carta natal expresa anhelos contenidos durante 500 años de sometimiento y penurias sociales. Pero no es una hoja de ruta. Tampoco contiene nuevas ideas ni metodologías de acción que acerquen lo deseable a lo posible. En los actuales momentos políticos, sus generalidades amplifican el desconcierto entre los gobiernos de la región vapuleados ya por las contradicciones del MERCOSUR y por el miedo a lo desconocido que provoca el despertar del pasado en los países andinos. Son tiempos de cambio que impiden construir el futuro con esquemas de integración ya agotados por la fuerza de las contradicciones sociales.

En tiempos de globalización, las limitadas dimensiones demográficas, económicas, tecnológicas, militares y políticas que representan cada uno de los países sudamericanos, son razones objetivas que explican su intrascendencia en la escena mundial del poder. Por tales circunstancias, la integración sudamericana, lejos de configurar una opción de política, representa el único camino posible para que el conjunto de sus naciones pueda ganar masa, densidad y existencia real en el universo actual caracterizado por el predominio de los EEUU y la participación de grandes núcleos regionales de poder surgidos entre países de América del Norte, Europa y Asía.

La tesis que aquí presentamos asume la forma de dos consignas para orientar el desarrollo de cada país sudamericano. Por la primera se afirma que la decisión política de avanzar hacia la formación de una CSN será requisito esencial para que cada país de la región pueda concretar metas objetivas de progreso, bienestar, equidad y democracia política en sus respectivas sociedades. Por la segunda se entiende que para alcanzar aquellos propósitos, los gobiernos tendrán que adoptar la firme determinación de comenzar su construcción a partir de la integración desde lo social. A juzgar por las manifestaciones públicas de sus gobernantes, Argentina, Venezuela, Brasil y Bolivia podrían constituir, desde ahora, la expresión pionera de esta voluntad política. El resto de los países de la región podrá sumarse cuando así lo determinen.

Desde el punto de vista teórico, la segunda consigna expuesta significa entender la economía de la integración como un espacio construído con dos tipos de precios y mercados articulados entre sí: aquellos esencialmente privados y de libre competencia entre empresas donde las fuerzas de la demanda y de la oferta determinan los precios de equilibrio y aquellos de naturaleza social donde predominan precios políticos definidos exógenamente, es decir desde fuera de los mercados, por parte del poder político. Tal situación existe, desde hace ya mucho tiempo, en infinidades de mercados de países ricos y, a pesar de este hecho, el capitalismo no dejó de ser capitalismo.

¿Qué sentido tendría la intervención del estado y hasta cuando debería mantener su presencia en los mercados? En nuestros países precisamos entender que el fracaso del liberalismo como vía para el bienestar colectivo radica, básicamente, en la estructural insuficiencia de mercados transparentes; en las extremas desigualdades existentes entre los operadores del mercado en cuanto se refiere a dotación patrimonial y manejo de la información y en la severa exclusión de millones de personas que por su extrema pobreza y falta de calificaciones apropiadas no logran ni integrarse en la sociedad como ciudadanos ni participar en los mercados como consumidores y asalariados. En cuadros tan profundos y evidentes de subdesarrollo estructural, la participación del estado será imprescindible para reconstituir las naciones y eliminar las limitaciones referidas.

El camino está trazado y para asegurar el cumplimiento de una agenda de integración para la resolución de los problemas sociales solo será cuestión de aunar la voluntad de los gobiernos realmente interesados para expresar tales objetivos en la forma de una estrategia política que comprometa su acción conjunta y solidaria. La historia ha demostrado que las energías de los gobiernos de un solo país dependiente no alcanzan para superar las barreras de la pobreza y la exclusión.
Para la configuración de este macro poder regional será imprescindible que cada país se comprometa a realizar, simultáneamente, un doble trabajo destinado a consolidar, por un lado, sus procesos internos de integración económica y social para eliminar el desempleo, la pobreza y la exclusión. Por el otro, un proceso multidimensional de integración con otras naciones sudamericanas para potenciar las fuerzas del conjunto y de cada una de las naciones.

La plena realización de las dos responsabilidades referidas exigirá ingentes esfuerzos de nuestras sociedades para impulsar, en cada país, procesos políticos de transformación y cambio que posibiliten pasar de los estados coloniales-dependientes de cuño oligárquico, hasta ahora vigentes, hacia los Estados Soberanos de Responsabilidad Social. Este proceso ya está en marcha en algunos países sudamericanos y los recientes acontecimientos políticos en Chile, Bolivia, Perú y Uruguay alientan la posibilidad que pueda extenderse en el próximo futuro.

La acción conjunta de los gobiernos unidos en la CSN podrá liberar fuerzas sociales con extraordinario potencial de cambio, hasta ahora no aprovechadas: las fuerzas de la cooperación entre sociedades y gobiernos y las fuerzas de la sana competencia económica dentro de los sectores privados empresariales. Hasta el presente, nuestros gobiernos despreciaron las potencialidades de la cooperación entre pueblos envolviéndose, tan solo, en los sopores de la vana competencia comercial entre empresas y mercados que solo hicieron posible la segmentación, concentración y polarización de economías y sociedades. Craso error.

No percibieron que la cooperación para el desarrollo social abre perspectivas insospechadas de progreso colectivo y configura el eslabón perdido para potenciar, más adelante, la competencia productiva y comercial entre empresas privadas. Entre ambos extremos, los caminos del desarrollo y la equidad requieren, inexorablemente atravesar etapas intermedias que aseguren la gobernabilidad del sistema social, la formación de ciudadanía para potenciar la vida política, la participación de consumidores con poder de compra para expandir los mercados y la sustentabilidad financiera del estado para cooperar en la construcción de la infraestructura pública comunitaria que viabilice, finalmente, el progreso económico de las manos del sector privado.

Son las tres etapas inexorables que la región tendrá que atravesar para posibilitar el progreso y la equidad: Cooperación para la integración desde lo social, cooperación entre gobiernos para crear la infraestructura comunitaria necesaria y finalmente, competencia empresarial privada para la producción y el comercio. Las tres etapas no serán siempre secuenciales. También podrán acontecer en sincronía sin perder de vista que sin ciudadanos y sin estado no podrá haber mercados potentes ni integración trascendente.

Mientras que las fuerzas de la cooperación marcarán la tónica de las actividades de los sectores públicos y de las organizaciones sociales-comunitarias de los países para enriquecer los campos de la política, de lo institucional, de la infraestructura pública y del desarrollo social, cultural, tecnológico y científico, la esfera de la competencia económica, centrada en la economía de libre mercado, se desplegará plenamente entre los sectores privados que gravitan en cada país. La acción complementaria de las dos fuerzas referidas determinará la dinámica de los procesos económicos y sociales de la integración en el seno de la CSN.

3. La Integración a partir de lo social

Para dimensionar con realismo las magnitudes que asumen los problemas sociales en el ámbito de la CSN será preciso generar un consenso sobre metodologías de medición para tornar comparables las estadísticas de base. Entre los problemas más acuciantes que deberían integrar una Agenda Social de la Integración, figuran: desempleo, pobreza, relaciones de ingresos entre estratos sociales, previsión social, déficit en alimentación, viviendas, educación, agua potable, cloacas, salud, etc. Para cada problema social específico, los gobiernos tendrán que asumir el compromiso político de elaborar sus respectivas políticas, programas y proyectos.

El proceso de integración desde lo social debe iniciarse al interior de cada gobierno utilizando la cooperación técnica de equipos especializados articulados por la propia CSN. Los organismos competentes definirán las metas, cronogramas e instrumentos que el país se propone adoptar para resolver cada uno de los principales problemas sociales asegurándose su ejecución en plazos inferiores a 10 años. Va de suyo que en cada país las propuestas de programación social tendrán que ser consensuadas con las diferentes representaciones de la sociedad; localizadas en términos de sus grandes macroregiones y, finalmente, compatibilizadas con las políticas diseñadas para los principales sectores productivos. De este modo, partiendo de lo social, cada país avanzaría en la formulación preliminar de su respectivo Proyecto Nacional de Desarrollo que, a posteriori, tendrá que ser compatibilizado en el ámbito de la CSN para verificar su viabilidad institucional, económica, financiera y armonizar su ejecución.

Una de las Políticas que seguramente concitará la mayor atención de la población, serán las decisiones relativas a la dinámica de la redistribución de los ingresos entre estratos sociales que asuman los gobiernos. A partir de su ejecución, las políticas de cada país permitirán diferenciar el crecimiento de los ingresos esperados para los diferentes sectores. En el caso argentino, las estadísticas refieren que el sector I concentra, aproximadamente, el 20 % de la población y el 60 % de los ingresos; el sector II, detenta el 40 % de la población y un 30 % de los ingresos. Por último, el sector III registra un 40 % de la población y solo un 10 % de los ingresos. Son los argentinos en situación de pobreza. Tales parámetros, determinan relaciones medias de ingresos per cápita de 3; 0,75 y 0,25, para cada uno de los sectores referidos, respectivamente. La simple lectura de tales coeficientes dice que el sector de altos ingresos concentra 12 veces más ingresos que el promedio de la población del sector I; a la vez, concentra 4 veces el ingreso medio de los sectores medios. A partir de esta información se podrá establecer la matriz de la distribución de la renta en el año 0 y estimar los cambios en la distribución del ingreso que los gobiernos se propongan implementar en el curso de los próximos años.
La esencia del problema de la integración desde lo social será armonizar, en el seno de la CSN, un consenso entre países que posibilite compatibilizar las políticas macroeconómicas de forma tal que puedan asegurarse niveles diferenciados de crecimiento en los ingresos per cápita de los diversos sectores poblacionales para avanzar, gradualmente hacia la configuración de sociedades más equitativas. La comparación entre proyecciones de matrices quinquenales, por ejemplo, permitirá estimar los cambios relativos que tendrán que verificarse anualmente en los coeficientes de apropiación del ingreso por parte de cada sector social para cumplir con determinadas metas acordadas entre países. De este análisis, podrán derivarse las políticas instrumentales que cada gobierno determine aplicar.

La mecánica expuesta introducirá en la cultura institucional de nuestros países un cambio profundo en la gestión pública incorporando la Planificación como método de gobierno. De hecho, cada administración tendrá que explicitar sus planes, políticas, programas y proyectos para alcanzar los objetivos sociales poniendo en evidencia sus implicaciones económicas y financieras y señalando las reformas de carácter legal que serán necesarias para su plena institucionalización.

En el caso de las políticas para eliminar el desempleo, por ejemplo, cada gobierno analizaría sus alternativas de resolución y, en función de tales evaluaciones, definirá tanto los períodos mínimos necesarios para su resolución – 10 años, por ejemplo – como el conjunto de políticas instrumentales a ser utilizadas, los requerimientos anuales de inversión y financiamiento público necesario para cubrir la creación de puestos de trabajo y los programas asistenciales que tendrán que aplicarse para que ninguna familia dejara de percibir un ingreso social básico de vida digna.

De verificarse la imposibilidad de crear todos los empleos necesarios en los mercados privados dentro de tiempos políticamente aceptables, los gobiernos podrán organizar la población excedente y poner en funcionamiento mercados sociales de trabajo. En todos los casos, cada gobierno tendrá que precisar el origen de los fondos y qué metodologías utilizarán en los mercados sociales para expandir la creación de empleos y generar rentas de vida digna remunerando el trabajo realizado mediante sistemas mixtos que incluyan dinero en efectivo, acceso gratuito a servicios públicos de educación y salud, cobertura de previsión social y acceso a proveedores de alimentos y bienes de consumo en mercados comunitarios.

Para generar empleos productivos, cubrir las carencias nutricionales y proveer educación y salud los gobiernos tendrán que reestructurar las microregiones, capacitar la población, crear programas de desarrollo local integrado y poner en marcha verdaderas fábricas descentralizadas de formulación y ejecución de proyectos ambientales, productivos, sociales e institucionales para generar los empleos productivos. En esta inmensa tarea, la creatividad y participación de las comunidades locales será condición imprescindible para obtener resultados satisfactorios. La cooperación entre los mismos países de la CSN, transfiriéndose mutuas experiencias, podrá ser importante para el logro de los objetivos de desarrollo social.

La efectiva realización de Políticas Públicas orientadas desde lo social demandará ingentes recursos de todos los gobiernos pero, evidentemente, aquellos países con un número mayor de familias en situación de desempleo y pobreza tendrán, necesariamente, que aplicar más recursos públicos que otros donde, en términos absolutos, los problemas sociales asuman menores dimensiones. Será el caso de Brasil donde el desempleo alcanza a casi 10 millones de personas en cuanto Argentina y Chile registran 2 y 1 millón de personas, aproximadamente. El número de familias en situación de pobreza asume también extremas diferencias entre países y será preciso dimensionar sus magnitudes y prever las políticas apropiadas para su gradual resolución. Las implicaciones macroeconómicas de tales asimetrías entre países, se analizan en el punto siguiente.

4. La Planificación Global de las Políticas Macroeconómicas

Para alcanzar sus objetivos de progreso y equidad, la CSN, siguiendo las determinaciones de los gobiernos, compatibilizará los respectivos Proyectos Nacionales y preparará las Directrices Prioritarias de Políticas Públicas que marcarán los caminos a seguir para avanzar hacia el progreso y la equidad en la región y en cada uno de sus países. Las Directrices enmarcarán las áreas siguientes: políticas macroeconómicas, políticas de desarrollo social, políticas de infraestructura, políticas de desarrollo institucional y políticas de desarrollo cultural. Habiendo ya caracterizado las políticas de desarrollo social como base para orientar los procesos de la integración, trataremos, brevemente, a continuación, de delimitar los conceptos centrales que articulan las actividades relativas al resto de las directrices prioritarias.

Las Directrices para enmarcar las políticas macroeconómicas, serán definidas por los respectivos gobiernos, compatibilizadas por un Ente Sudamericano de Planificación (ESP) y consensuadas políticamente entre los gobiernos al interior de la CSN. Una vez difundidas, tendrán un carácter indicativo para los sectores privados y un carácter normativo para los sectores públicos de los respectivos países. La CSN definirá, adicionalmente, sus márgenes de desviaciones posibles y los mecanismos automáticos y administrativos de ajustes a ser utilizados para su armonización ante eventuales desequilibrios coyunturales. Cubrirán períodos de largo, mediano y corto plazo.

Las Directrices serán elaboradas a partir de la filosofía central de la CSN que concibe la integración sudamericana como el proceso político que ambiciona el fortalecimiento y transformación de cada una de nuestras sociedades y economías para asegurar su gobernabilidad democrática, el bienestar social posible y amplificar su intercambio a escala mundial. Desde la CSN no se compartirán concepciones de cuño mercantilista que solo ambicionen ampliar exportaciones industriales hacia adentro de la región para ganar mercados y rentabilidad a favor de los negocios privados. La integración sudamericana no podrá basarse en propósitos de enclaustramiento retardatario autosuficiente. Solo podrá sustentar aspiraciones de futuro orientándose, decididamente, a consolidar la cooperación entre sus países para crecer como región y asumir la responsabilidad de profundizar sus lazos de cooperación y competitividad comercial con otras economías y regiones del mundo.

Las Directrices de Políticas Macroeconómicas armonizarán las políticas de objetivos y las políticas instrumentales a ser aplicadas por los diferentes países de la CSN para avanzar en sendas de progreso, bienestar y equidad. En el lenguaje de los esquemas generales de Planificación, los objetivos y metas del Desarrollo Social asumirán el carácter de restricciones y en función de sus magnitudes se dimensionarán y localizarán las variables económicas.

El centro del proceso de integración para el desarrollo será diferenciar las potencialidades de cada país, dimensionar sus ventajas comparativas dinámicas y plasmar consensos que tornen posible modernizar, de forma equitativa, las estructuras productivas de cada país. El propósito central de la CSN será instituir estrategias de desarrollo que posibiliten, a cada país, avanzar, selectivamente, en algunos de sus procesos estratégicos de producción, ampliar sus beneficios mediante el comercio compensado intraregional, potenciar la competitividad de sus sectores productivos estratégicos mediante ganancias de escala que amplifique las perspectivas de participación en el mercado mundial, construir sus redes de infraestructura y asegurar el mayor bienestar posible a sus respectivas poblaciones para reducir las brutales diferenciaciones sociales hasta hoy existentes.

En el marco de las políticas macroeconómicas, los gobiernos tendrán que acordar dentro de la CSN, sus respectivas políticas respecto al capital extranjero y consensuar roles y responsabilidades tanto del que se inyecta en la región como financiamiento extraregional como del que participa directamente mediante el complejo de empresas transnacionales o en asociación con el capital nacional. De igual modo, los gobiernos tendrán que adoptar también políticas compatibles para sustentar los necesarios equilibrios entre los sectores privados de los diferentes países abriendo amplios espacios para promover la participación de las pequeñas y medianas empresas nacionales de forma individual, asociada, cooperativa u orgánicamente articuladas con las grandes empresas nacionales e internacionales a fin de asegurar su competitividad en el espacio global.

Para completar este somero análisis sobre las implicaciones macroeconómicas que se derivan de adoptar un esquema de integración desde lo social, deberíamos también referir que las hojas de balance de producción, abastecimiento, comercio exterior y empleos por rubros productivos elaboradas en cada país y compatibilizadas por el Ente de Planificación de la CSN, detectarán, por ejemplo, los niveles límites de exportaciones de bienes industriales de consumo entre países más allá de los cuales se inviabilizarían, de hecho, las actividades industriales substitutivas y el cumplimiento de metas de empleo programada para países con menor productividad y competitividad. La tan resistida Cláusula de Adaptación Competitiva (CAC) podrá ser mejor comprendida en un esquema de integración modelado a partir de lo social.
Iguales alcances tendrán los temas relativos a la armonización de las políticas de incentivos a las inversiones foráneas y de las políticas de subsidios que los gobiernos puedan adoptar para fomentar en territorios provinciales la radicación de nuevos proyectos productivos. En la medida en que tales políticas no sean previamente consensuadas entre todos los países, se intensificarán los desequilibrios en los ritmos de desarrollo entre las naciones. Por el contrario, de adoptarse en los países de la CSN los enfoques de integración a partir de lo social, la armonización de las políticas macroeconómicas dejaría de ser un objetivo a alcanzarse. Sería una condición necesaria a ser atendida ex-antes en el ámbito del ESP eliminándose, de hecho, el permanente desgaste institucional que representan, ex-post, los intentos por resolver, caso a caso, los desequilibrios en los flujos comerciales entre sectores privados de los diferentes países.

Surge de todo lo expuesto que un esquema de integración a partir de lo social tiende a equilibrar, de partida, mecánicamente, las capacidades operativas de los gobiernos independientemente del tamaño de sus economías o de sus grandes diferencias estructurales. De hecho, Brasil, al ser en Sudamérica el país económicamente más grande con industrialización más potente pero que registra, en términos absolutos, el mayor número de familias en situación de desempleo y pobreza, tendrá que asignar, anualmente mayores recursos financieros que los que tendría que destinar Chile, Argentina o Uruguay, por ejemplo, para avanzar con igual intensidad en los caminos de resolución de sus propios problemas sociales. De este modo, la tasa de ganancia en aquel país podrá experimentar alguna contención en la medida en que los salarios mejoren por la creación de puestos de trabajo y el Gobierno requiere captar más impuestos para financiar sus mayores asignaciones al problema social.

Cuanto más aceleradamente se puedan resolver los problemas sociales derivados del desempleo, la tasa de salarios y la tasa de ganancia acusarán movimientos hacia el equilibrio dentro de la región. En este caso, la nueva política de integración a partir de lo social crearía los equilibrios que la economía de mercado, persistentemente distorsiona y evitaríamos que entre los mismos países integrantes de la CSN pudieran enquistarse prácticas de dumping social que utilizan y preservan la pobreza como mecanismo para ampliar la rentabilidad en los negocios privados. De no adoptarse mecanismos como el expuesto, la pobreza, como la tristeza, no tendrá fin y terminará siendo utilizada como mecanismo de contención salarial y ventaja comparativa frente a otros países de la misma región para inducir la radicación de nuevas inversiones. En este escenario de creciente diferenciación social, la integración será una imposibilidad absoluta.

Tarea cumbre del ESP en el seno de la CSN será la de compatibilizar las políticas de ingresos de los países con sus propias políticas de producción, comercio exterior y cooperación con el capital nacional y extranjero. Una vez compatibilizados los flujos reales de las economías que integran la CSN utilizando el instrumental de la Planificación será preciso evaluar los grados de flexibilización que podrán introducirse en la economía mediante el uso de instrumentos procedentes de la economía monetaria no convencional. La región, como bloque, podrá avanzar en fórmulas creativas para emitir una moneda de la CSN que funcione en forma paralela con las monedas nacionales y con la que proviene del sistema monetario internacional. La moneda de la CSN podrá amplificar los flujos del comercio compensado entre países y dinamizar las economías social-comunitarias que cada país podrá organizar para acelerar la resolución de los problemas sociales mediante actividades productivas en el campo de la producción, de la infraestructura y del desarrollo social.

Lo trascendente para la sociedad sudamericana será conocer, por vez primera, los compromisos asumidos por los diferentes gobiernos en el seno de CSN respecto a metas a alcanzar e instrumentos a aplicar en sus respectivos países para asegurar resultados concretos en materia de redistribución de los ingresos, generación de empleos y bienestar social. En este complejo proceso decisorio los pueblos y gobiernos tendrán que experimentar, aprender, equivocarse y reformular mil veces sus políticas públicas hasta cristalizar avances en las condiciones de bienestar colectivo.

Las Directrices para las Políticas de Infraestructura constituirán tema dominante entre las actividades prioritarias de la CSN. Sin infraestructura apropiada no habrá mercados que articulen pueblos y territorios. En su ámbito tendrán que plasmarse las tareas efectivas de los gobiernos para crear condiciones físicas apropiadas al progreso económico de la región. Sin obras de saneamiento básico, empresas de servicios públicos, embalses para obras de irrigación, carreteras, energía, telecomunicaciones, transporte marítimo, hidroviario, ferroviario, centros de investigación y desarrollo tecnológico, resultará imposible avanzar en el desarrollo social y asegurar en los mercados las condiciones necesarias de equipamiento colectivo para el buen funcionamiento de la economía privada.

La CSN tendrá en el campo de las políticas de Infraestructura el mayor escenario posible para articular, desde visiones de largo plazo, políticas integradas entre los países que la constituyen. La cooperación del capital privado, nacional y extranjero para avanzar en la preparación, ejecución y financiamiento de los programas y proyectos de infraestructura podrá ser un objetivo común de alta prioridad y el trabajo técnico del ESP permitirá preparar los criterios, normativas y garantías que regularán su participación. Para financiar los costos siderales que demandarán los equipamientos de infraestructura, la emisión de títulos garantizados por los estados integrantes de la CSN junto a imaginativas políticas tributarias podrá ser un instrumento para inducir el retorno y la reinversión en la región de los capitales nativos radicados en el exterior.

Las Directrices para el Desarrollo Institucional adquieren extrema importancia para sustentar aspiraciones de futuro en el ámbito de la CSN. El primer cuerpo de las Directrices se referirá, específicamente, a los organismos especializados que tendrán que crearse para conformar la institucionalidad regional. En este propósito, las Directrices definirán roles, responsabilidades y criterios de funcionamiento para cuatro instituciones específicas: el ESP, órgano técnico de Planificación que articulará las operaciones de las unidades situadas al interior de cada uno de los gobiernos integrantes de la CSN.; el Parlamento Sudamericano, colegiado integrado por legisladores nacionales específicamente elegidos para este fin. Será responsable por la sanción de la legislación necesaria al buen funcionamiento de la CSN; el Tribunal de Apelaciones, órgano destinado a dirimir conflictos entre países y agentes económicos asegurando la institucionalidad necesaria para el buen cumplimiento de la Agenda Social y Económica de la CSN. Por último, el Consejo Regional de la CSN, organismo superior de decisión política, integrado por representantes de cada país en rango ministerial. Su función principal será definir las Directrices de la CSN, asegurar el pleno funcionamiento de las instituciones antes referidas y mantener relaciones de cooperación con organismos regionales de integración en el resto del mundo.

El segundo cuerpo de las Directrices se abocará al tema de la Reforma de las Constituciones nacionales que tendrá que procesarse en cada uno de los países para consagrar el reconocimiento de la CSN como entidad supraregional y precisar los alcances de las relaciones jurídicas que articularán sus nexos con los respectivos países. También será preciso sancionar las leyes necesarias para asegurar la disponibilidad anual de recursos presupuestarios que tornen posible el normal relacionamiento del país con la CSN.

En el ámbito de las Directrices de Desarrollo Institucional, los países integrantes de la CSN tendrán que acordar un único estatuto jurídico referente a la propiedad y uso de los recursos naturales, a las relaciones jurídicas con el capital internacional y a los sistemas de garantías de inversiones externas. La claridad, precisión y estabilidad de normas jurídicas que la CSN pueda instituir para normar las relaciones de sus países con el sistema financiero internacional será requisito imprescindible para insertar la región sudamericana en el concierto internacional de naciones.

Por último, las Directrices para el Desarrollo Cultural podrán centrarse en torno a un axioma singular. Para sustentar en el tiempo la nueva institucionalidad regional tendremos que instrumentar las relaciones existentes entre cultura, identidad nacional y local, concientización, participación social, progreso económico, equidad social y gobernabilidad. Tratándose de relaciones piramidales con base en lo cultural, cobra especial importancia que desde la propia CSN puedan elaborarse Directrices para transformar la cultura en sujeto activo del proceso de transformación y desarrollo. Algún día en el futuro, los gobiernos llegarán a entender que Cultura no es item de gasto improductivo sino resguardo de legitimidad y garantía de permanencia como nación.

. 5. Un Ministerio de Planificación e Integración para Argentina

Para sustentar la orgánica participación de cada país dentro de la CSN será preciso asignar partidas presupuestas de carácter permanente y designar y jerarquizar la institución que concentrará la máxima responsabilidad institucional en la articulación del país con la nueva organización. En el caso argentino, el gobierno no cuenta con un organismo especializado en materia de Integración ni de Planificación. De hecho, el Ministerio de Planificación, creado al comienzo de la actual administración, no planifica ni contempla orientar sus actividades hacia la formulación de planes plurinuales, multisectoriales y regionales. Más bien concentra sus actividades en el ámbito de la obra pública y los servicios públicos privatizados. El Ministerio de Economía tampoco asume la responsabilidad por instituir la Planificación como método de gobierno.

En materia de Integración, el país cuenta con reparticiones especializadas situadas en los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía aunque no siempre se logra asegurar la necesaria coordinación institucional. En situaciones especiales de conflicto, hasta la propia Presidencia de la República moviliza sus funcionarios en la búsqueda de consensos con otros gobiernos. El país no cuenta con un sistema de organización institucional que asegure la participación permanente de funcionarios, organizaciones empresarias y representantes del Congreso Nacional. Las provincias, en consecuencia, ignoran las decisiones que puedan asumir los funcionarios de la nación en materia de integración aunque sus implicaciones afecten la vida de sus habitantes.

La experiencia indicaría que para poner en marcha la CSN y asegurar la participación argentina en sus diversas instituciones será necesario crear un Ministerio de Planificación e Integración. Este nuevo ministerio, en el desarrollo de sus actividades regulares, además de responder a las directivas de la Presidencia de la República, tendría que mantener fluida información con entidades representativas de las fuerzas sociales y con el HCN para acelerar el estudio de temas específicos que afecten el desarrollo del país y de sus provincias. De igual modo, sus articulaciones sistémicas con los Ministerios de Relaciones Exteriores, Economía, Trabajo, Salud, Educación y Asistencia Social tendrán que quedar orgánicamente aseguradas para garantizar unidad de acción y de negociación en la esfera de las relaciones internacionales.