Un análisis desde la economía

En la segunda parte del siglo XX, la sociedad argentina padeció una de las experiencias más crueles de involución económica. La información relativa a evolución de la disponibilidad de dólares per cápita, así lo refleja: entre 1950 y 2003, perdió un 19 %, pasando de 4.656 a 3.760. En ese mismo período, Chile ganó 173 % evolucionando desde 1.972 a 5.381. México, incrementó un 201 %, de 1.462 a 4.395. Brasil, mejoró un 269 %, de 1.184 a 4.376 y España, registró un salto de 600 % pasando de 2.826 a 19.774 (1). Asociado al proceso de involución económica, el país pasó a registrar también evidencias de un severo deterioro en los aspectos sociales e institucionales.
A partir del 2003, la economía creció a tasas elevadas, entre 8 y 9 % anual, en cuanto redujo el desempleo y la pobreza. El país logró superar la grave crisis del 2001 pero nos preguntamos si los actuales resultados presuponen la superación de sus grandes problemas y si auguran realmente un futuro mejor. Una atenta observación nos permite afirmar que la expresiva recuperación de los últimos 5 años fue insuficiente para revertir los problemas acumulados en 50 años de involución y en consecuencia no presagian escenarios de progreso para el próximo futuro. El país no logra formular ideas vigorosas de desarrollo ni engendrar nuevos liderazgos para encausar su recuperación.
La inequidad social permanece sin solución. Según cifras oficiales del INDEC, en 1996, las diferencias entre el promedio de los ingresos que percibía el 10 % de la población más rica y más pobre, era de 20 veces. Al 1º trimestre del 2007, esta relación fue 27. En razón de la inflación que triplicó sus magnitudes en el curso del último trienio y de la inexistencia de información oficial fidedigna, se estima que este indicador podría haber alcanzado en la actualidad alrededor de 30 veces. En países avanzados no supera 7 a 10 veces. Entre 1996 y primer trimestre del 2007, el ingreso medio de los ocupados, en pesos constantes de 2007, perdió un 6,65 %. Los trabajadores situados en el estrato de bajos ingresos perdieron un 17,3 %; los de ingresos medios mantuvieron el valor de sus salarios en cuanto los de altos ingresos perdieron un 8,24 %. La desocupación en todos los aglomerados alcanzaba el 10 % (2). Las familias de los jubilados no alcanzan a cubrir requerimientos mínimos de vida digna. La indigencia y la pobreza afectaron, en 1994, al 3,3 y 16,1 %, de la población, respectivamente. Para el 2006, el INDEC estimaba tales magnitudes en un 10.0 y 29,3 %, respectivamente (3). Al 1º trimestre del 2007 llegaba al 8.2 y 23.4 %. Se desconocen sus actuales magnitudes.
En el ámbito de la macroeconomía, la relación deuda externa pública y privada/PBI, era, en 1996 del 48 %. Al 30/9/07, de incluirse la deuda remanente del canje por 28.093 millones de dólares (4), llegaría al 61 %. Desde la década de los 50, ningún gobierno pudo recuperar para el estado la propiedad de los recursos naturales ni de alguna de sus grandes empresas públicas. Por el contrario, en los últimos años, se agravaron los procesos de desnacionalización y concentración de la economía. Más de dos tercios de las 500 grandes empresas pertenecen a firmas extranjeras.
La incoherencia de las políticas públicas continúa dominando la escena nacional desde hace por lo menos 50 años. Mientras en la actualidad el gobierno exhibe con satisfacción la permanencia de un apreciable superávit fiscal como sustento de una economía cada vez más ajena, la sociedad experimenta severas carencias en materia de transportes, aeropuertos, caminos, energía, agua y saneamiento básico. Panorama similar se verifica en la esfera de la Justicia y en la infraestructura social de educación y salud donde reaparecen viejas enfermedades de la pobreza. El desplazamiento hacia el exterior de inmensos capitales y de talentosos científicos, artistas, profesionales, empresarios, trabajadores y deportistas expresa, de modo patético, la extraña enfermedad que padecemos los argentinos. Sin darnos cuenta, sin guerras, invasiones ni catástrofes naturales, seguimos perdiendo, horas tras horas, calidad de vida, desarmando la idea de nación y profundizando hasta los bordes del abismo la distancia entre sociedad, gobierno y estado. ¿Cuál ha sido la conducta de los gobiernos Kirchner?

Las políticas públicas entre el 2002 y 2008

La crisis y la devaluación de fines del 2001 generaron impactos de extrema violencia sobre las estructuras del país. Para mitigar sus efectos, los gobiernos de los Dres. Duhalde y Kichner, no pudiendo pensar ni adoptar una política integral de desarrollo para resolver las aberraciones cometidas por los gobiernos de los 70, 80 y 90 (5), aplicaron imaginativas políticas de corto plazo que permitieron superar la crisis mediante altas tasas de crecimiento, pero que, al cabo de cinco años, por no haberlas complementado con políticas estructurales apropiadas, agotaron su eficacia desnudando su carácter regresivo e inflacionario. La cruda realidad reaparece a mediados del 2008 situando a la sociedad, nuevamente, de cara a sus históricas contradicciones, sin solución aparente.
Las políticas aplicadas por la administración del Dr. Duhalde cincelaron las bases de un Modelo Productivo que incluía una diversidad de decisiones: política fiscal sin ajuste por inflación, asistencia social directa para sectores de extrema pobreza mediante subsidios, congelamiento de tarifas para estimular el consumo de energía y servicios públicos, subsidios a empresas para estabilizar precios; fuerte devaluación cambiaria administrada para asegurar tasas de ganancias al capital vinculado a las industrias sustitutivas y a las exportaciones, pesificación asimétrica para compensar deudas con el sistema bancario beneficiando descaradamente a selectas minorías de grandes deudores que habían tomado créditos en dólares, repatriaron sus capitales al exterior y luego cancelaron sus deudas en pesos subsidiados. Los pequeños y medianos ahorristas que depositaron sus dineros en los bancos fueron defraudados y perdieron buena parte de sus recursos en moneda dura.
La administración del Dr. Kichner adoptó un conjunto de políticas, de carácter general y sectorial. Entre aquellas de carácter general, la de derechos humanos fue la más relevante y concitó la adhesión de grandes sectores de la sociedad. La reforma de la Corte Suprema de Justicia fue también un signo alentador aunque lamentablemente no pudo completarse ni tener continuidad aguas abajo del sistema judicial. En materia económica, el gobierno dio continuidad a la política anterior posibilitando que la devaluación del 2002 obrara el milagro del crecimiento acelerado. Con precios internacionales altamente favorables y un dólar a tres pesos, la producción agrícola alcanzó los 95 millones de toneladas. Los pueblos del interior renacieron. Los productores ampliaron sus inversiones en equipos y nuevas tecnologías, en la construcción civil rural y urbana, en bienes duraderos de consumo, en inversiones comerciales e industriales, etc. Los industriales, protegidos por la tasa de cambio, utilizando su capacidad ociosa y generosos subsidios públicos, substituyeron importaciones ampliando la producción, el empleo y la renta de sus asalariados (6).

El gobierno perfeccionó la Administración Impositiva; mantuvo el estado de emergencia económica concentrando en sus manos poder fiscal, legislativo y administrativo soslayando la norma constitucional; amplificó las retenciones a las exportaciones sin coparticipación provincial; administró sin control las transferencias de recursos fiscales a provincias y municipios; multiplicó subsidios cruzados para sectores y empresas a fin de estabilizar artificialmente los precios; renegoció la deuda pública para salir del default ofreciendo a los tomadores de títulos bonos con cláusulas de ajuste por tasas de inflación o de crecimiento del PBI; concedió incentivos desmedidos a empresas internacionales para fomentar inversiones en minería y extensión de contratos a empresas de energía; forzó la transferencia obligada de recursos de las AFJP depositados en el exterior para su aplicación en el país.
En el ámbito de las políticas sectoriales se adoptaron diversas medidas: La política sindical fue inteligentemente administrada por el gobierno y trajo consigo un sensible mejoramiento en la apropiación relativa del ingreso por parte de los trabajadores. De hecho, articularon sólidas confluencias con la CGT aunque al costo de impedir la creación de una nueva central obrera y seccionar la clase trabajadora en diversos segmentos que recibieron tratamientos diferenciados: aquellos en blanco, tuvieron significativas recompensas que posibilitaron recuperar sus salarios por encima de la inflación; los trabajadores del estado, aunque recibieron ajustes menores, tensionaron las finanzas de los gobiernos provinciales; los trabajadores en negro (más del 40 % del total), con salarios cercanos al 50 % de aquellos en blanco, perdieron poder de compra ampliando las brechas de ingresos dentro de la propia clase trabajadora. Los jubilados – ex trabajadores – quedaron significativamente relegados en las políticas de recomposición salarial. Los excluídos y desempleados, 15 % del total de la fuerza de trabajo, recibieron, en su mayoría, auxilios de subsistencia. El gobierno también concedió jubilaciones mínimas a casi un millón de nuevos participantes expandiendo, sin contribuciones equivalentes, el pasivo fiscal del país.
La política salarial y de subsidios adoptada por el gobierno durante los últimos años, si bien posibilitó la ampliación del mercado interno afectó, paralelamente, a los sectores de bajos ingresos pues los empresarios utilizaron los reajustes salariales concedidos a sus trabajadores en blanco – minoría dentro del total de la fuerza laboral – y el crecimientos de costos asociados a impuestos e insumos importados como piso para actualizar los precios que afectaron, particularmente, a quienes no pudieron mejorar sus ingresos para acompañar una inflación que triplicó sus magnitudes. La suma de trabajadores en negro, subempleados, jubilados y excluídos – alrededor del 60 % de la fuerza laboral – superaron largamente el número total de trabajadores en blanco. Fueron, en definitiva, quienes pagaron con su exclusión y pobreza la mayor parte de los costos reales de la devaluación del 2001. La cúpula del sindicalismo argentino, otrora vanguardia de las luchas sociales, se integró a la elite política dirigente y olvidó su responsabilidad de servir también a los más débiles del sistema que aún permanecen sin representación alguna.
En materia monetaria y cambiaria, el Banco Central administró sus instrumentos comprando y esterilizando dólares que generaron presión inflacionaria y elevaron el piso de la tasa de interés; Su política de cambio alto habilitó el mecánico traspaso a precios de los costos de los insumos importados. Ambos impactos generaron tensiones inflacionarias que el gobierno pudo controlar y disimular ampliando la masa de subsidios. Con tasas de interés negativas, la inexistencia de una unidad de cuenta con moneda de valor constante determinó que el país no pudiera atraer financiamiento externo para inversiones ni crear condiciones para el funcionamiento de un mercado de capitales que posibilite conceder crédito a largo plazo para inversión productiva. Aunque en esta materia Argentina permanece todavía como economía primitiva, – la masa de crédito sobre el PBI no alcanza el 20 % – las políticas aplicadas en materia crediticia deformaron el mercado pues su sistema bancario expandió artificialmente el uso de tarjetas de crédito para duplicar el tamaño del mercado. Con esta práctica, amplificó el endeudamiento de las familias, redujo el ahorro interno y sentó precedentes para instituir tasas usurarias de interés que inviabilazaron los créditos a la producción.

La política fiscal, reticente a reducir el IVA sobre el consumo y a descontar de los impuestos el impacto inflacionario en las ganancias de las empresas, si bien amplificó la recaudación del gobierno, posibilitó que los empresarios transfirieran a los consumidores su sobre carga tributaria vía precios de bienes y servicios.; la capacidad ociosa preexistente fue rápidamente absorbida por golpes de demanda artificialmente magnificados: sea por el gasto público sobredimensionado o por el gasto privado de los sectores de medios y altos ingresos largamente beneficiados por las políticas de subsidios a combustibles y servicios esenciales. Las elecciones generales del segundo semestre del 2007 incentivaron aún más el gasto público; La presión inflacionaria creció y agudizó el descontento en amplios sectores sociales de bajos y medios ingresos. Fue el momento en que el gobierno decidió intervenir el INDEC para administrar directamente los datos sobre inflación y variables sociales. Con tal providencia, el gobierno pretendía frenar las expectativas de inflación, condicionar las paritarias del 2008, reducir los pagos de la deuda pública y postergar, por algún tiempo, los ajustes por inflación en los balances de las empresas.

En el 1º trimestre del 2008, ya bajo el Gobierno de la Dra. Kichner, los aumentos en el salario, en los arrendamientos, en educación y salud y en los bienes de la canasta familiar ampliaron la presión inflacionaria preexistente en cuanto las dificultades en las áreas de la energía y del transporte incrementaron las preocupaciones por la inconsistencia de las políticas públicas. La capacidad ociosa dio señales de agotamiento en las empresas y en la infraestructura física del país; la inversión directa extranjera desapareció y se ampliaron los requerimientos de subsidios para la continuidad de los circuitos productivos. Las finanzas de los gobiernos provinciales se tiñeron de rojo. El cronograma de pagos de la deuda obligó al gobierno a emitir nueva deuda y procurar financiamiento a tasas crecientes. La resistencia de las fuentes de crédito para prestar al país, crearon dudas sobre su real capacidad de reembolso y subió el riesgo país.
De forma simultánea con los hechos expuestos, la sociedad procesó también otras percepciones sobre la conducta del gobierno. Reconoció, entre múltiples anomalías, que la improvisación y la soberbia también era su método de gobernar; que la prudencia y sobriedad en el uso de los recursos públicos no configuraban hábitos de gestión; que ningún avance pudo concretar para formular un Plan de Desarrollo de largo plazo ni para programar la acción del sector público a nivel nacional, regional y provincial; que su acción configuraba un permanente debilitamiento de las instituciones de la república; que no quiso avanzar en profesionalizar la administración del estado; que los reiterados hechos de corrupción no tuvieron consecuencia legal alguna; que empeoraban los hechos de inseguridad personal; que el país marchitaba su presencia en la escena internacional. En este amplio contexto de virtual desconfianza, escepticismo y desconcierto, el gobierno tomó la decisión de ampliar las retenciones al campo y cometió su más grave equivocación.

Como final comentario sobre las Políticas Públicas aplicadas pos-devaluación vale concluir que todos los instrumentos utilizados aportaron su contribución al acelerado crecimiento macroeconómico del país, generando expresivos excedentes fiscales que ampliaron el dominio de la escena política nacional por parte del Gobierno central. Sin embargo, dejaron bajo la alfombra severos problemas que, al final del quinquenio, el país debe pagar en términos de debilidad institucional, agravamiento de la cuestión social, inflación, endeudamiento creciente e insuficiencia de inversión reproductiva interna y externa. Bajo tales condiciones, el progreso sustentable del futuro siempre se aleja más.

Los actuales problemas del campo con el gobierno

Agobiado por la creciente inflación, por mayores recursos para cubrir pagos externos, obra pública, subsidios y transferencias a provincias, el Gobierno de la Dra. Kichner decidió capturar mayores recursos fiscales de aquellos sectores de actividad económica que por su tradición, dispersión y estructura presentaran menor resistencia política. Eludió discutir este tema en el Congreso de la Nación y en vez de concentrar exclusivamente sus propósitos sobre las ganancias de un puñado de grandes productores y empresarios capitalistas agropecuarios que enriquecieron con la incontrolada expansión de la soja o que acrecentaron sus fortunas en actividades de comercio exterior, bancos, operaciones financieras, empresas petroleras, industriales, mineras, pesqueras y casinos, proyectó su apetito fiscal sobre el sistema jubilatorio privado y sobre la globalidad de los productores agropecuarios.
Las AFJP tuvieron que repatriar parte de sus fondos aplicados en el exterior y destinarlos a inversión productiva o compra de títulos públicos. Adicionalmente, por simple resolución del Ministerio de Economía, todos los productores de soja o girasol, sean pequeños, medianos o grandes productores, además de cumplir con el pago de los impuestos tradicionales, tendrían que consentir la ampliación de las retenciones pasando de un 35 a un 44 % pudiendo llegar, en su escala de máxima, al 95 % de sus ingresos.
Aunque la decisión del gobierno tuvo un propósito esencialmente fiscalista, entraña el grave riesgo de acelerar los procesos de despoblamiento rural y concentración de la propiedad de la tierra. La pequeña y mediana propiedad, ante la perspectiva de reducir drásticamente su volumen de ganancias por la extrema presión tributaria total, optará, racionalmente, por ceder sus campos en arrendamiento para el cultivo de soja y girasol y emprender su retirada hacia las ciudades. El gran productor, terrateniente, financista o empresario de pool de siembra, dotado de mayor resistencia, tendrá posibilidades de recurrir a otros mecanismos para absorber y diluir los impactos de las mayores retenciones. En efecto, podrá comprar o arrendar más tierras y ganar rentabilidad por escala y tecnologías avanzadas; podrá sobre o subfacturar dentro de cadenas integradas de comercialización o recibir subsidios oficiales si decidiera dedicarse a la producción y exportación de biocombustibles. Por cualquiera de los mecanismos referidos, el proceso de concentración de la tierra, dinámica rigurosamente vigente a escala global, profundiza también sus designios en el campo argentino armonizando, en los hechos, la política del gobierno con la praxis dominante en la economía mundial. ¿El gobierno conocía tales consecuencias?
Bajo el capitalismo, la lógica interna que mueve la rueda de la globalización económica requiere y genera mayor concentración de la riqueza y del ingreso para ampliar en el tiempo y en el espacio los procesos de inversión e innovación tecnológica que alteran la composición orgánica del capital y aseguran la continua expansión de la producción y el consumo. Múltiples experiencias internacionales de desarrollo agrícola proporcionan sólidos testimonios sobre la dinámica del capitalismo agrario y, destacan, en particular, sus principales tendencias a la concentración de la tierra y a la permanente ampliación de la superficie media de los establecimientos agropecuarios. La intensificación de las migraciones, la urbanización descontrolada y la formación de villas miserias en las periferias de las grandes ciudades configuran sus necesarias consecuencias. Cuando un mediano o pequeño productor deja el campo, le siguen sus familias y peones y cuando el campo se tecnifica y mecaniza acelera también la emigración de su fuerza de trabajo. Tales encadenamientos constituyen la esencia de los procesos de transformación económica.
Después de la crisis del petróleo, del desmantelamiento de la URSS y de la inusitada apertura de los grandes mercados asiáticos, el capitalismo modeló organizaciones internacionales funcionales a su mundo financiero y comercial en cuanto avanzó para eliminar fronteras, abrir los mercados de capitales, de bienes y servicios, y limitar las políticas proteccionistas destinadas a la sobrevivencia de la pequeña y mediana empresa. En este contexto global, la fortaleza de los estados nacionales y el progreso de sus habitantes requieren, inexorablemente, que su dirigencia política entienda esta dinámica y, con la debida anticipación, articule políticas públicas con legitimidad social para asegurar formas creativas y convenientes de crecimiento interno e inserción internacional en defensa de los intereses nacionales.

En la crucial decisión de marzo 2008 el gobierno argentino ignoró el contexto internacional o puso al desnudo la intimidad de sus alianzas con el gran capital. De haber existido una firme voluntad política de combatir la severa inequidad social existente, en vez de subir las retenciones a todos los productores tendría que haberse implementado una reforma tributaria de envergadura grabando todos los sectores de altos ingresos. Para este propósito, un simple sistema informático le habría permitido diferenciar y grabar la super renta existente en los grandes productores y empresarios que fueron los que realmente se apropiaron del hiper excedente producido tanto por la devaluación del 2001 como por el sostenido incremento en los precios internacionales de las commodities. En el actual Congreso Nacional esta decisión podría haber sido encausada fácilmente mediante proyectos legislativos. El gobierno, por alguna razón, no siguió este camino y decidió instituir el sistema móvil de retenciones sobre todo el arco de productores afectando, particularmente, a pequeños y medianos.
Los medianos y pequeños productores rurales reaccionaron; los pueblos del interior se solidarizaron; los grandes productores integraron súbitamente el frente opositor y agradecieron al cielo por inesperadas convergencias en la defensa de intereses comunes; la economía global se afectó y el gobierno sintió minado su sustento político tanto en los pueblos del interior como en las grandes ciudades. La crisis del campo, desatada inicialmente por las retenciones, pasó a expresar también la insatisfacción de las familias del interior por los atropellos del gobierno sobre el federalismo y la esencia de las instituciones. Poniendo en práctica diversos métodos de resistencia, elevaron su sonoro clamor por volver a la Constitución y reencausar la acción del gobierno en el sistema democrático, republicano y federal. ¿Cómo explicar la génesis del conflicto?

Argentina exporta, salvo en el caso de la soja, los mismos agroalimentos que consume en su mercado interno y la propiedad de la tierra – históricamente concentrada – dio derechos de uso que gobierno alguno pudo controlar ni regular hasta el presente. El país no logró invertir en sistemas de riego ni en recuperación y corrección de suelos para ampliar la disponibilidad y fertilidad de sus campos. El transporte ferroviario de carga dejó de servir a la producción. Los vicios de los sistemas de comercialización y distribución de agroalimentos para mercado interno expresan severas inequidades distributivas sin ninguna acción reguladora por parte del estado. De allí derivan excesivos márgenes de comercialización que afectan los niveles de precios al consumidor final y la renta neta de los productores.
Los gobiernos nunca destinaron recursos técnicos ni financieros para sanear los sistemas de tenencia de tierras y solo en contadas excepciones pudieron fomentar la organización asociativa de la producción para su integración vertical. Más allá de la agricultura de exportación, el Gobierno central desconoce las particularidades culturales, sociales, ambientales del pequeño y mediano productor. Desconoce más aún la vida campesina que transcurre en las regiones pobres del noroeste y del noreste argentino donde los gobiernos provinciales y municipales son ficciones burocráticas sin instrumentos ni capacidad operativa para incidir sobre las estructuras y dinámica de la producción. En el interior del país, la ruralidad, como forma de vida, fue siempre una realidad sin teoría, desconocida por los gobiernos y hasta donde nunca pudo llegar la política oficial.
La ausencia de un Planeamiento Nacional y Regional de la Economía como método de gobierno imposibilitó, desde hace ya mucho tiempo, adoptar políticas integradas de producción. Cuando a escala mundial se revertieron durante los últimos años los términos de intercambio, la expansión del monocultivo de soja absorbió los suelos tradicionalmente destinados a la ganadería y a otros cultivos, forzó la transformación de los métodos tradicionales de alimentación del ganado vacuno sobre praderas naturales, amplificó el consumo de raciones elevando el costo de la alimentación animal; desplazó la frontera agropecuaria, entronizó masivamente el reinado de agroquímicos importados, consumió toneladas de suelos fértiles de difícil recuperación; multiplicó el valor de los campos induciendo su arrendamiento; expandió los pool de siembras en sistemas de arrendamiento de corto plazo; desplazó miles de familias de pequeños productores; eliminó para siempre el hábito argentino de consumir buena carne a precios bajos pues los exportadores ampliaron su exportación; los cultivos tradicionales de clima templado y la misma ganadería fueron desplazados hacia regiones subtropicales de clima cálido. Su competencia con las tierras destinadas a la producción de cultivos industriales amplificó la presión final sobre los bosques nativos a fin de expandir la frontera agropecuaria independientemente de sus impactos negativos e irreversibles sobre el medio ambiente, el régimen de aguas y la fertilidad de los suelos.
La vigencia de un régimen de libre mercado en la agricultura sin control del gobierno posibilitó que grandes terratenientes, empresarios y fondos financieros aplicaran sus dineros en la producción primaria. Contrataron servicios técnicos de excelencia, aplicaron tecnologías avanzadas, concentraron en sus manos gran parte de la tierra disponible para expandir la producción de soja y otros granos quebrando históricos equilibrios en la producción. Este proceso respondió a la lógica de los negocios privados de corto plazo y pudo realizarse ante la inexplicable desidia de las instituciones responsables por la regulación del uso de la tierra que dejaron de controlar los impactos de la dinámica productiva de libre mercado sobre la cultura de los pueblos, la ecología y los abastecimientos agroalimentarios para el mercado interno.
En un país como Argentina, con frágiles instituciones, sin cultura profesional en su administración pública, el libre mercado fue escenario natural para expresiones de lisa y llana arbitrariedad por parte de quienes detentaron el poder económico. Gobierno alguno, durante las últimas décadas, pudo administrar con rigor mecanismos regulatorios sobre la actividad privada. En este contexto, la devaluación y los inusitados precios internacionales de los productos agrícolas incentivaron la expansión a ultranza de la producción y exportación de soja y agroalimentos quebrando tradicionales equilibrios vigentes en el uso de los suelos.
Producir soja, girasol y otras commodities aprovechando los altos precios internacionales, lejos de configurar un error o un pecado de los productores, pudo haber constituído un premio inesperado para la economía nacional siempre y cuando el gobierno pudiera haber asegurado, simultáneamente, las siguientes condiciones: a) consistencia dinámica a nivel regional entre la disponibilidad y los requerimientos totales de suelos para exportación, agrocombustibles y consumo interno; b) sustentabilidad ecológica mediante tecnologías y prácticas conservacionistas; c) industrialización interna de las materias primas; d) coparticipación de retenciones para reasignar en todo el país parte de la super renta generada en el campo.
La voz del gobierno instituyendo retenciones móviles y reclamando por la exagerada expansión del yuyo de la soja ante la necesidad de asegurar la producción de alimentos para el mercado interno, llegó tarde y equivocó el camino de la razón. El Gobierno no supo, no pudo o no quiso controlar y regular, en su oportunidad, la acción de aquellos agentes económicos que realmente fueron los protagonistas de este proceso. Los campos que destinaron su producción al mercado externo generaron rentas por hectárea de incalculable valor competitivo. En los últimos años, la coexistencia de un tipo de cambio alto y fijo con inflación creciente, posibilitó la venta en dólares de sus productos en el mercado externo y el pago de salarios, impuestos locales y costos internos en pesos devaluados por la inflación. En general fueron muy buenos negocios privados para muy pocos y el gobierno, mediante retenciones e imposiciones, pudo captar también parte de sus excedentes contribuyendo significativamente al superavit fiscal de los últimos años. La complicidad e ineficacia de los gobiernos propició este proceso.
La resolución del problema agrario argentino no será simple ni podrá verificarse a corto plazo. Acumula historia y ya no depende de la simple voluntad del gobierno. Demandará reconstruir la institucionalidad del país, descentralizar la gestación de sus Políticas Públicas, tiempo, estudios y el trabajo sistemático de equipos interdisciplinarios de especialistas de la agronomía, de la veterinaria, de la ingeniería, de la economía, de la sociología y del derecho tanto a nivel nacional como en cada una de las macro y microregiones del país. Mientras en el curso de los últimos 30 años países como Brasil, Chile y México crearon instituciones para administrar sistemas de programación agropecuaria nacional y regional y formaron equipos especializados para su operación permanente, Argentina no pudo siquiera iniciar este proceso.

II
Las trampas políticas que encierra el futuro argentino

En los últimos 50 años, la ausencia de un pensamiento nacional, de un proyecto de país a largo plazo, de liderazgos políticos de excelencia que conciten la admiración y el respeto de la ciudadanía, la carencia de una administración profesional en las esferas de los gobiernos y la falta de información fidedigna sobre la cosa pública, fundamentan percepciones colectivas de frustración y desconcierto. La concentración del Poder en la cima de los gobiernos trajo consigo que en la administración de las instituciones públicas sea ostensible la inexistencia de un espíritu de servicio y predomine, por el contrario, la falta de responsabilidad y compromiso social. La sociedad percibe la incapacidad de la elite política dirigente para formular Políticas Públicas que posibiliten ordenar el sector público y encausar el país por sendas de progreso económico. Bastaría abrir el diálogo con los diversos sectores sociales en todas las regiones para desplegar un intenso proceso de reflexión y debate en torno al país que quisiéramos construir y a identificar los ejes centrales de un proceso de cambio. ¿Porqué no lo hacen y prefieren la improvisación?
Desde el gobierno de los 90, la elite política dirigente se transformó en Poder Autónomo mediante la concentración de facultades administrativas para gestionar con discrecionalidad los recursos públicos. La sociedad sospecha que desde sus nuevas fortalezas, mutilan, mediante truculentas argucias administrativas, las potencialidades de las instituciones republicanas de control y articulan, con beneficios personales, sus roles de intermediación con los factores tradicionales de Poder, internos y externos.
La movilización de la sociedad para reflexionar en conjunto y encontrar los mejores caminos para un futuro mejor podrá proporcionar nuevas ideas sobre políticas y programas factibles, imposibles de concebirse desde las alturas del centralismo burocrático. En lo político, los resultados finales que podrán derivarse de tales experiencias, seguramente, aparecerán a mediano plazo, cuando nuevas compulsas electorales demuestren, finalmente, que con más información y debate, la ciudadanía, por si misma, podrá avanzar en la crucial renovación de la elite política dirigente.
Solo después de clarificar las incógnitas existenciales del país, habrá llegado la hora de convocar una Asamblea Constituyente para sancionar una reforma que posibilite construir la institucionalidad posible, a imagen y semejanza de nuestra propia historia y cultura, compatible con nuestras estructuras, valores, virtudes y defectos sociales (7).
Entre los grandes temas que requieren del debate nacional para elaborar respuestas con legitimidad social se encuentran los siguientes: redefinir los roles del Estado, del mercado y de la sociedad en el mundo global del siglo XXI; redefinir y modernizar el régimen político y el sistema de gobierno, nacionalizar la propiedad de los recursos naturales; reordenar territorios y poblaciones para ampliar la gobernabilidad y reducir la peligrosa concentración demográfica en el centro del país; rediseñar el mapa de sus instituciones a escala nacional, macroregional, provincial, microregional y municipal; profesionalizar la administración pública y reorganizar el funcionamiento económico de la sociedad en base a tres regímenes complementarios de Economía Pública, Economía privada de mercado y economía social-comunitaria que posibiliten administrar Políticas para el Desarrollo económico, social y regional. En su conjunto, las reformas permitirían consolidar y perfeccionar la democracia representativa mediante el funcionamiento paralelo de mecanismos idóneos de democracia participativa.
Los gobiernos de Brasil, México y Chile, mediante la aplicación de diversos instrumentos de programación y consulta, trabajan, desde hace ya muchos años, junto a sus comunidades para encontrar el lenguaje de la identidad, sistematizar las aspiraciones regionales, dimensionar sus respectivas potencialidades de participación y acordar la naturaleza e intensidad de los instrumentos de intervención en el ámbito de sus Políticas Públicas. ¿Porqué tales experiencias nunca pudieron aplicarse en Argentina?
Talvez porque la cultura del Poder en nuestro país – por una pluralidad de razones históricas – solo pudo generar y legitimar gobiernos autocráticos, omniscientes y centralistas. Esta tradición impregnó doscientos años de historia y en la actualidad configura una constante muy difícil de cambiar. Si los “caudillos” y Rosas encarnaron el Poder sin límites en el transcurso de la primera mitad del siglo XIX, fueron los gobiernos civiles y militares del siglo XX los que potenciaron los genes de esta arraigada tradición cultural de autoritarismo y corrupción en la esfera de lo público. Se entiende, en consecuencia, la escasa o nula predisposición de los gobiernos por profesionalizar la administración pública y sustentar sus decisiones de políticas públicas en procesos abiertos de consulta y discusión con especialistas y entidades representativas de intereses locales.
Desde mayo de 1810, bajo el legado cultural europeo macerado por los feudos y monarquías durante 20 siglos de historia, el “verticalismo” inherente a las formaciones montoneras, al ejército y a la religión modeló dimensiones autoritarias del Poder en términos de una liturgia de fácil comprensión: mandar, obedecer, reprimir y castigar. En la Argentina de comienzos del siglo XIX esta primaria concepción del Poder armonizó plenamente con la fuerza de los intereses económicos y con la extrema concentración de la propiedad de la tierra en una de las regiones más ricas del mundo. Tales circunstancias, alentadas por la vertiginosa expansión del comercio interoceánico, configuraron el magma original que cinceló las formas de administrar el Poder para gobernar la nación argentina. Pero las poblaciones del interior nunca aceptaron que la Independencia Argentina se realizara para que Buenos Aires sustituyera a España.
¿Porqué el mismo tronco histórico-cultural europeo gestó marcadas diferenciaciones en el ejercicio del Poder entre los países latinoamericanos? El tema configura materia altamente opinable y excede los límites del presente artículo. Sin embargo, en el ánimo de esbozar los contornos de una posible respuesta, el autor considera que las explicaciones posibles podrían elaborarse desde tres planos interpretativos: el primero, poniendo en evidencia la importancia diferenciada que en nuestros países tuvieron las culturas precolombinas. Recordemos que a comienzo del siglo XIX, Argentina había confinado las expresiones de su cultura original – menos belicosa que la de otras regiones – al territorio del noroeste en cuanto las fuentes del naciente poder económico, político, militar y religioso se abrieron al mundo en la centro de la región pampeana vinculada al capitalismo emergente por el puerto de Buenos Aires. La corriente cultural del Atlántico cimentó para siempre las fuentes de un Poder hegemónico dominante en todo el país agotando, gradualmente, las manifestaciones culturales de la corriente del Pacífico que permanecieron, sin integrarse plenamente, en el curso de los 200 años de historia (8). En otros países, la fuerza de sus diversas culturas regionales impidió la hegemonía centralista del Poder Colonial. La historia institucional de Chile, Perú, Colombia, México y Brasil así lo confirman.

El segundo plano de interpretación refiere que, a diferencia de lo ocurrido en otros países, el proceso histórico de gestación y concentración de la riqueza y del Poder Económico y Político en Argentina cristalizó siempre sobre la misma geografía. Pampa y Puerto, como atributos principales, modelaron en 200 años la geografía dominante que cinceló la historia de la cultura en la joven nación apagando los rastros de su cultura originaria proveniente del pacífico. En otros países, la fuente originaria del poder también fue la riqueza concentrada en torno a la apropiación de alguna materia prima, en alguna de sus regiones pero, con el transcurso del tiempo – al cambiar las condiciones del mercado o al agotarse sus recursos naturales – el Poder se desplazaba y corporizaba nuevamente en otros sectores económicos, sobre otros agentes, en regiones distantes.
La historia del Poder en países como Chile, Brasil, México y Colombia se configuró sobre geografías mutantes que en cada ciclo histórico cincelaron sus propias culturas y redefinieron sus principales protagonistas. Tale procesos, aunque multiplicaron y diversificaron los Agentes del Poder en todo el país, preservaron las expresiones originales del Poder Regional e imposibilitaron la cristalización de un Poder hegemónico y centralista como en el caso argentino.
Por último, un tercer plano de interpretación tendrá que ponderar la escasa magnitud de nuestra población nativa y las particularidades culturales que asumió en nuestro país el proceso de inmigración. Hacia mediados del siglo XIX, la pobreza y exclusión en que vivían los criollos de la zona central, la escasa población nativa y los inmigrantes que llegaban al país para incorporarse en las faenas rurales, construyeron también, como contracara del poder absoluto de propietarios y gobernantes, su rebelde idiosincracia. Esta configuración cultural caracterizó la conducta social del inmigrante europeo – curtido ya por los antagonismos sociales en sus propios países de origen – y también la de aquellos que la pobreza expulsaba desde las regiones del interior. Cabe recordar que pueblos rebeldes del noroeste fueron desplazados hacia las zonas centrales del país para eliminar su resistencia a los procesos de colonización y apropiación de sus tierras.
La amplia y plana geografía pampeana, con horizontes sin límites, configuró la escenografía de un poder omnímodo y, al mismo tiempo, despertó también en los hombres sometidos, sus ansias de justicia, su espíritu de rebeldía y su extrema desconfianza hacia patrones, autoridades, instituciones, leyes y gobiernos (9). Si los siglos pasados fueron tiempos de gobiernos fuertes sustentados en una tradición cultural de Poder unipersonal autoritario también fueron escenarios de intensas y sangrientas luchas sociales. Primero, por la resistencia de las provincias al centralismo de Buenos Aires; después, por la defensa del peonaje, de los arrendatarios y de la clase obrera. Finalmente, por la democracia, la libertad y dignidad de las personas. En muy contadas ocasiones dentro de los 200 años de vida nacional, Gobiernos y Sociedad pudieron ceñir su conducta al imperio de normas constitucionales inherentes a una república democrática. Por tales circunstancias, un áspero disenso predominó históricamente en la construcción de relaciones sociales esencialmente antagónicas.

Aportes para la discusión

Entendemos que el Problema Argentino asume la forma de una severa y prolongada involución. Sus raíces causales, de muy difícil resolución, se resumen en la cuestión del Poder y, particularmente, en la latente tensión existente entre el Poder Social (PS) y el Gobierno, cual Poder Político Formal (PPF) representativo del Poder Real. Mientras el PS expresa el poder soberano e indelegable del pueblo, el PPF – elite política dirigente – cuanto más se internacionaliza la economía, más permeable se siente ante la seducción del sector privado que presiona por la defensa de sus propios intereses. La continuidad de esta práctica, aunque solo afecte a algunos sectores oficiales, erosiona la moral pública y aleja a los gobiernos del leal cumplimiento de la norma constitucional y del legado de sus originales mandantes.

En el curso de los últimos 50 años, el Problema Político Argentino se manifiesta en dos componentes específicos, íntimamente relacionados entre sí: el institucional y el económico. El primero se expresa en dos fuertes convicciones de la sociedad: la primera, sustenta la imposibilidad de lograr la transformación y el progreso social del país sin substituir, previamente, la actual dirigencia política que en el curso de las últimas décadas participó en Gobiernos que atentaron contra el bienestar de las grandes mayorías. Los gritos del 2001 “para que se vayan todos”, expresaban ya el cansancio de la sociedad y fundamentan el hondo escepticismo argentino sobre su propio futuro. La segunda, más grave todavía, expresa la extrema dificultad para generar cambios en la dirigencia política mediante procesos electorales. Salvo en honrosas excepciones, el sistema político dominante, haciendo gala de astucia inusitada, eligió siempre anodinos personajes para que nada pueda cambiar.
En lo económico, radica en la imposibilidad de implementar Políticas Públicas que puedan garantizar el crecimiento económico, el empleo y el bienestar social que reclama la sociedad sin cambiar, previamente, las formas de organizar la economía. Para sustentar el Desarrollo Económico-Social dentro del capitalismo y de la democracia, Argentina precisa adoptar, con flexibilidad, un nuevo Modelo de Desarrollo que sepulte la arraigada y temerosa concepción dual de que el destino de un país solo requiere la acción de dos actores sociales: la del Mercado privado y la del Estado (10).
En los tiempos actuales, tales simplificaciones atentan contra la libertad e inteligencia de los pueblos. Argentina, para construir un futuro posible, tendrá que reordenar sus relaciones sociales y posibilitar el funcionamiento sincrónico de tres regímenes complementarios “de economía publica”, de “economía privada de mercado” y “de economía social-comunitaria”, accionada por las organizaciones sociales que gravitan en todas las microregiones del interior del país. Tales regímenes, bajo el impulso de lógicas y marcos regulatorios diferenciados, posibilitarán la activa participación de una pluralidad de nuevos actores sociales que tendrían que asumir responsabilidades directas para asegurar, a todas las familias, empleo productivo en mercados sociales y un ingreso mensual mínimo de vida digna que habilite acceso permanente a la educación, a la salud y a la previsión social. Solo los Gobiernos que no teman a sus pueblos podrán hacer historia mejorando el bienestar de las grandes mayorías.

Con la vigencia constitucional de un régimen de tres economías, las variables de ajuste que cíclicamente alteran las economías de mercado en el marco de la globalización económica no serán más la pobreza ni la exclusión social. Sí lo serán, por el contrario, las formas de organizar la economía, los regímenes de propiedad que sustentan las relaciones sociales y la regulación de las diferencias cuantitativas de ingresos entre estratos sociales mediante políticas tributarias inteligentes. El pleno empleo y los “ingresos mínimos de vida digna” constituirán “restricciones” en la resolución de los problemas económicos y nunca más podrán funcionar como variables de ajuste al servicio de gobiernos y sectores del privilegio.
Después de 50 años de frustraciones la experiencia enseña que para revertir las tendencias y gobernar a un país como Argentina, será preciso despertar las energías adormecidas de su sociedad, revisar su entramado constitucional instituyendo nuevas formas de organizar la economía, de redistribuir su población, de armonizar la funcionalidad de sus regiones, de cambiar la capital de la república, habilitando institucionalmente la participación directa de los principales actores sociales en los escenarios de la economía, de la política y del desarrollo social y ambiental.
Tamaños desafíos no podrán ser resueltos tan solo por las manos de los Gobiernos, como administradores temporales de los Estados Nacionales, ni tampoco por las manos de un sector privado empresarial cada vez más trasnacional y globalizado. Gobernar dejó de ser solo la obstinada búsqueda de una elevada tasa de crecimiento macroeconómico pues en el mundo global, el beneficio económico solo fluye espontáneamente hacia el gran capital, nacional e internacional que controla, a escala mundial, el poder militar, los recursos naturales, la ciencia, la tecnología, las finanzas y los mercados.
La búsqueda de la sustentabilidad social y ambiental no pertenece al reino de la economía. Pertenece al reino de la política y en este, el Poder Social debe ganar protagonismo para asegurar la continuidad de la nación. Tras 50 años de involución, el cambio de la elite política dirigente en Argentina es condición esencial para institucionalizar un proceso que posibilite recuperar la nación. Cuando la sociedad agota su confianza en la autotransformación de sus gobernantes y apaga su esperanza en que la vía electoral pueda acelerar los procesos de cambio, extiende su escepticismo no solo sobre los actuales funcionarios. Incluye en sus percepciones a todos los actores del sistema político tradicional. Este comportamiento explica la enorme dificultad que encuentra la Argentina actual para asistir al surgimiento de nuevos liderazgos políticos con capacidad de gobernar.
La historia de los movimientos sociales registra que, aún en contextos de honda conflictividad y escepticismo como el que atraviesa Argentina en la actualidad, la actividad política no desaparece. Por el contrario, se intensifica y solo cambia su forma de expresión. Su escenografía deja de ser la tribuna partidaria para auditorios cautivos y asume, espontáneamente, la forma de un proceso silencioso, dinámico y acumulativo de movilización colectiva. El teatro de la acción política transcurre durante un cierto tiempo con actores anónimos, sin reconocer a priori candidato alguno como actor principal. La sociedad experimenta el proceso de parto de su nueva dirigencia y las modernas tecnologías de comunicación juegan roles determinantes.
La escenografía del nuevo momento político solo reclama el caminar persistente y pacífico de amplios sectores sociales por las calles de ciudades y pueblos para generar la sonoridad y la fuerza moral necesaria que posibilite ampliar su conciencia crítica y multiplicar las voces adherentes presionando por la inminencia del cambio. La movilización de ciudadanos frustrados, despojados de derechos y esperanzas, podrá amplificar adhesiones perdurables más intensas que la que puede lograr el dinero.
Bajo esta nueva metodología de acción política, las movilizaciones silenciosas y pacíficas destinadas a testimoniar la necesidad de un cambio en la dirigencia política, posibilitará decantar y corporizar las nuevas representaciones que – elecciones mediantes – podrán llegar al gobierno con mayor legitimidad y compromiso social. Sus nuevos liderazgos surgirán naturalmente de las calles de ciudades y pueblos en vez de ser el fruto de conciliábulos al interior de las nomenclaturas partidarias.
Quienes integren las movilizaciones con ánimo de constituirse en candidatos potenciales para cargos públicos tendrán que satisfacer no solo exigencias de antecedentes profesionales idóneos. Tendrán que estar dispuestos a superar rigurosos filtros de carácter ético y moral que la ciudadanía movilizada impondrá espontáneamente por haberse transformado en directa responsable de parir su nueva dirigencia. Con una población alerta, será muy dificil confundir prontuarios con CV.

1) Fuente: econline.com.ar. Argentina 1950-2003. Un desempeño decepcionante”.
2) FIDE, 313 página 32, 33 y 36.
3) FIDE, 313, página 36. Sus máximos niveles se alcanzaron en el 2002 con 24,8 y 53 %, respectivamente.
4) FIDE, 316, Página 35.
5) Esta ansiada Política deberá incluir, al menos, la reconstrucción del estado, la profesionalización de su administración pública, una nueva política monetaria con la vigencia del peso y la adopción de una segunda moneda de valor constante, reforma impositiva, un régimen de coparticipación federal, el planeamiento descentralizado como método de gobierno, una integral renegociación de la deuda pública, la nacionalización de los recursos naturales y la equidad redistributiva en términos de rentas y patrimonios. Véase, Manuel Figueroa, ”El Desafío Argentino”, Ed. Aplicación Tributaria, Bs.As. 2000 y “Argentina Entrampada”, Ed. Piso 12, Bs. As. 2004.
6) No obstante, “el valor de MH (Máquina-herramientas) para metales en dólares constantes…se ubicó un 27,4 % menor que el promedio registrado entre 1991 y 1994. FIDE, 310, página 16.
7) La constitución de 1853, representó la institucionalidad destinada a proteger propiedades y derechos de la tradicional clase dirigente en cuanto dejó de incorporar la vigencia de instrumentos concretos para asegurar el cumplimiento de los derechos de las mayorías sociales.
8) Véase Daniel Larriqueta, “Argentina renegada” y “Argentina Imperial”. Editorial Sudamericana
9) Ezequiel Martinez Estrada en su Radiografía de la Pampa ilumina una clásica interpretación sobre el sustrato cultural de nuestra sociedad. Entre otras referencias, el “Martín Fierro” de José Hernández y el “Facundo” de Sarmiento describen también con elocuencia y sabiduría el tejido social del siglo XIX.
10) El orden liberal se construye asumiendo que el sector privado empresarial, en regímenes de libre mercado, controla a sus trabajadores y condiciona a los gobiernos que ayuda a elegir perpetuando su poder económico. En esta construcción teórica, el mercado libre, concebido como mecanismo de regulación que todo lo sabe y lo puede, reproduce en la tierra una concepción teológica. Para que el liberalismo pudiera aplicarse con eficacia en la vida real, los gobiernos precisan soslayar la directa participación del pueblo en el diseño de sus Políticas Públicas admitiendo que solo podrá manifestarse por medio de sus representantes políticos. La Constitución de 1853 expresa este principio fundante.