Cuando España decide en 1776 la creación del Virreinato del Río de la Plata, dos corrientes culturales impulsaban el nacimiento de lo que, poco tiempo después, sería la Argentina: la cultura original del pacífico dominante sobre los territorios del norte, Paraguay y el Alto Perú y la cultura del atlántico que impulsaba la inserción de la región central del país al naciente comercio internacional de productos agropecuarios. Desde los tiempos de la conquista española hasta fines del siglo XVIII, la mayor densidad de riquezas y población se concentraba todavía en las regiones del norte del vasto territorio donde florecieron ciudades y culturas. Las rentas generadas por la gran minería, además de financiar los gastos administrativos del virreinato del Perú, sustentaban gran parte del funcionamiento de la corona española. Sin embargo, en la primera mitad del siglo XIX, cuando ya se apagaban los ecos de la gran minería y el mundo registraba los ascensos del capitalismo, Argentina impulsó con vigor la corriente cultural del Atlántico activando la producción y comercio internacional de carnes y granos aprovechando la excepcional conjunción de tierras fértiles, praderas y puertos de su región pampeana. El epicentro del Poder se instalaba definitivamente en Buenos Aires y el país abría las puertas a la inmigración europea para poblar y explotar la fortuna de su territorio.

Los principales actores sociales que impulsaron las corrientes del atlántico fueron un puñado de estancieros, ganaderos, comerciantes, negociantes, intermediarios y banqueros. Al amparo de la cruz y de las armas, monopolizaron el uso de la tierra y controlaron la producción agropecuaria, el puerto de Buenos Aires, el comercio, las finanzas internacionales y los laberintos de los tribunales de justicia. Estos hombres, como factores reales de un poder altamente concentrado, tuvieron, a posteriori, la histórica responsabilidad de cincelar las instituciones del naciente estado liberal hacia mediados del siglo XIX y designar la Elite Política Dirigente que, en cada período, debía ocupar cargos de gobierno en la esfera del Poder Formal.

Concentrando el uso y propiedad de los recursos productivos, los sectores dominantes, por intermedio de la elite dirigente, más allá de los preceptos constitucionales, instituyeron relaciones sociales antagónicas como base de una singular Cultura del Poder orgánicamente funcional a sus propios intereses y a los intereses de aquellos que desde el extranjero administraban el comercio internacional. La historia registra, como particularidades de aquella Cultura del Poder, su tendencia al absolutismo, despotismo, nepotismo, verticalismo y centralismo. Sus genes originales impregnaron los tiempos amarrando, hasta el presente, los destinos de la sociedad argentina.

La singular Cultura del Poder, mediante múltiples mecanismos de acción, mantuvo en el tiempo su influencia hegemónica sobre instituciones, gobiernos y sociedad para implementar y mantener un único Modelo de Desarrollo primario-exportador destinado, básicamente, a impulsar el progreso de una región, de un sector productivo y de una clase social privilegiada y minoritaria. A pesar de sus mutilaciones sociales y regionales, el Modelo referido posibilitó avanzar en la organización institucional del país, cimentar las bases del progreso social, crear infraestructura básica en las principales ciudades, asegurar un expresivo crecimiento macroeconómico entre 1870 y la década de los 30 y transformar a la Argentina en uno de los 10 países más ricos del mundo.

Todo este edificio construido durante 70 años por un Modelo socialmente antagónico y espacialmente concentrador en lo económico y demográfico no pudo soportar las consecuencias de la Gran Depresión que en la década de los 30 desorganizó las estructuras de la economía mundial. El país súbitamente agravó su situación social y perdió su tradicional inserción en la economía internacional. En la década de los 1920/30, los actores sociales que integraban la matriz tradicional de poder opusieron resistencia al gobierno de Irigoyen cuando quiso ampliar la participación de los sectores medios en la vida política del país y extender la acción del estado en las políticas de energía e industrialización. Con posterioridad, en la década de los 40/50, los mismos actores sociales impidieron también al gobierno de Perón implementar nuevas políticas públicas destinadas a controlar la renta agraria, diversificar la economía, potenciar la industrialización e impulsar la organización sindical de la clase obrera. A partir de aquellos acontecimientos, con la excepción de algunos años en la década de los 60, el país experimentó la parálisis de su proceso de desarrollo deslizándose hacia situaciones de involución institucional, económica y social.

Cual ironía de la historia, la situación social del 2009 registra que gran parte de la pobreza e indigencia del país se conforma con descendientes de aquellas poblaciones originarias del Alto Perú, Bolivia, Paraguay, noroeste y noreste argentino, nativos genuinos de la cultura del pacífico. En su diario vivir conviven con familias también pobres descendientes de los primeros inmigrantes europeos y con criollos lugareños que quedaron marginados del progreso galopante que impulsó la corriente cultural del atlántico a partir del siglo XIX. Los sectores de pobreza se concentraron, finalmente, en el conurbano bonaerense y en las periferias de las grandes ciudades de la región central. Representan, en la actualidad, alrededor de 15 millones de personas.

La escandalosa magnitud de esta cifra junto a los altos niveles de concentración que registran los datos sobre distribución del ingreso confirman, definitivamente, que la Elite Política Dirigente, independientemente de su carácter militar o civil, conservadora, radical o peronista, pudo preservar y acrecentar a lo largo del tiempo sus intereses minoritarios pero fracasó radicalmente en la gestión de las políticas públicas que pudieran haber beneficiado a las grandes mayorías sociales.

Según los datos oficiales del INDEC, en 1974, las relaciones de ingresos medios entre los estratos 10 y 1 eran de 12,07 veces. (Estratos más pudientes y más pobres). En el primer trimestre del 2007 (último dato disponible), la misma relación alcanzaba 30.15 veces. La relación entre los estratos 10 y 6, (altos y medios ingresos) era en 1974 de 3,04 veces mientras que en el 2007 representaba 4,84 veces. Por último, las relaciones entre los estratos 6 y 1 en 1974, eran de 3,98 veces y en el 2007, 6,51 veces. Por la severidad de la crisis 2007/2009 que afecta al país, se puede inferir que las tendencias referidas tendrían que haberse agravado en el curso del último trienio.

La pobreza y la exclusión en Argentina continúa siendo una realidad social sin teoría y el país no ha logrado, todavía, consolidar liderazgos políticos capacitados para defender y representar sus intereses. Su ausencia sigue siendo la principal consecuencia de la barbarie cívico-militar desatada en la década de los 70 cuando paralizaron la vida de los partidos políticos y eliminaron o forzaron al exilio a cientos de cuadros políticos que venían incubándose en las organizaciones estudiantiles, universitarias, sindicales y en los partidos políticos progresistas. De continuar el crónico desconcierto en los escenarios político partidarios, no sería extraño que los resultados de las elecciones del 2011, lejos de abrir las puertas para la esperanza de un país mejor, legitimen la continuidad de la misma elite política dirigente y de la misma cultura del poder que ha sido responsable por la franca involución del país. De verificarse este vaticinio, los próximos años serán escenarios de inestabilidad y agonía de la sociedad argentina.

En un país ya vencido por el fracaso y sin liderazgos socialmente reconocidos, talvez haya llegado el momento en que destacadas personalidades vinculadas al mundo de las instituciones más respetadas de la sociedad, – Iglesias, Consejos Profesionales, Academias de Ciencias, Universidades, Poder Ciudadano, Intelectuales, Entidades sectoriales – den un paso al frente y participen activamente en la formación de una Mesa de Reflexión destinada a ejercitar roles de docencia social para amplificar con su voz la conciencia crítica de la sociedad respecto a la naturaleza y magnitud de los obstáculos a vencer para avanzar en la recuperación del país.

Tales propósitos otorgan especificidad a esta propuesta y la diferencian de otras iniciativas mediáticas y vacías que los gobiernos patrocinaron en el curso de los últimos años sin resultados de significación. La Mesa de Reflexión, a diferencia de aquellas experiencias, pretende, deliberadamente, entregar a la sociedad las armas intelectuales necesarias para que pueda mejor organizar la producción de sus propias ideas de cambio social. Deriva de esta concepción, la rigurosa necesidad de que quienes la integren sean personalidades honorables, dotadas de reconocida capacidad intelectual y profesional en el tratamiento de temas específicos de orden institucional, político, económico, social y cultural.

La persistente difusión y discusión de ideas bien fundamentadas por parte de personalidades ampliamente reconocidas en el país, podrá encausar las percepciones de la sociedad en torno a la imperiosa necesidad de avanzar en tres direcciones complementarias: En primer término, renovar y mejorar la actual elite política dirigente. En segundo lugar, instituir un nuevo marco normativo destinado a ajustar roles y responsabilidades de gobiernos, instituciones y sociedad para impulsar el desarrollo nacional bajo condiciones de inclusión y equidad social. En tercer lugar, eliminar, con explícito rigor punitorio, las fisuras normativas de la actual legislación por donde históricamente penetraron las astucias y abusos del poder político y económico y los genes de una anacrónica Cultura del Poder preñada de absolutismo, verticalismo, voluntarismo, nepotismo, centralismo e impunidad sin control institucional ni social. Las conclusiones referidas potenciarán la imperiosa necesidad de avanzar hacia una Reforma Constitucional, único instrumento jurídicamente legítimo para que la sociedad pueda inscribir las correcciones esenciales que el país requiere para asegurar su convivencia democrática, en paz, progreso y equidad.
Sin duda, las elecciones del 2011 podrán configurar una respuesta a la primera condición y la amplia difusión de las ideas provenientes de una Mesa de Reflexión podrá ayudar al reconocimiento público de nuevos liderazgos y, con mayor información, la sociedad podrá elegir una mejor representación política. La segunda y tercera condición, al ser discutida en el seno de la sociedad, instalará la necesidad de avanzar hacia una Reforma Constitucional que asegure profesionalizar, controlar y auditar la gestión de los gobiernos eliminando de la historia argentina la impunidad y el prevaricato como corolario del ejercicio de la política y la función pública. La Reforma tendrá que entronizar al bienestar general de la población como objetivo permanente del estado. En este propósito, superando las meras declaraciones de principios, la reforma deberá adoptar el lenguaje explícito del compromiso social, administrativo y presupuestario del estado para que los sucesivos gobiernos puedan asegurar el real cumplimiento de los derechos fundamentales de la sociedad. Sin tales precauciones, todo loable propósito de cambio permanecerá en el limbo de las buenas intenciones. Los pliegues de la Reforma podrán contener múltiples propósitos. Por su importancia estratégica, destacan los siguientes: incorporar en nuestra carta Magna nuevos mecanismos legales para perfeccionar el sistema político vigente; reestructurar la economía redefiniendo roles y responsabilidades del sector privado empresarial, del estado, y de los sectores social-comunitarios en los procesos de acumulación, producción de bienes y servicios, distribución del ingreso y creación de empleos en mercados privados y sociales; abordar integralmente la cuestión del desempleo y la pobreza; recuperar para el estado nacional su soberanía sobre los recursos naturales; implantar el federalismo fiscal y adoptar nuevos modelos de gestión institucional en todo el territorio para racionalizar el gasto público y asegurar el desarrollo armónico de todas las regiones. Una Agenda tendría que ser elaborada para especificar los temas a ser tratados por la Asamblea Constituyente. Su amplia difusión en todas las provincias permitirá reencausar y enriquecer el diálogo entre instituciones, partidos, gobierno y sociedad respecto a los temas prioritarios para el desarrollo nacional.

Tales propósitos otorgan especificidad a esta propuesta y la diferencian de otras iniciativas mediáticas y vacías que los gobiernos patrocinaron en el curso de los últimos años sin resultados de significación. La Mesa de Reflexión, a diferencia de aquellas experiencias, pretende, deliberadamente, entregar a la sociedad las armas intelectuales necesarias para que pueda mejor organizar la producción de sus propias ideas de cambio social. Deriva de esta concepción, la rigurosa necesidad de que quienes la integren sean personalidades honorables, dotadas de reconocida capacidad intelectual y profesional en el tratamiento de temas específicos de orden institucional, político, económico, social y cultural.

La persistente difusión y discusión de ideas bien fundamentadas por parte de personalidades ampliamente reconocidas en el país, podrá encausar las percepciones de la sociedad en torno a la imperiosa necesidad de avanzar en tres direcciones complementarias: En primer término, renovar y mejorar la actual elite política dirigente. En segundo lugar, instituir un nuevo marco normativo destinado a ajustar roles y responsabilidades de gobiernos, instituciones y sociedad para impulsar el desarrollo nacional bajo condiciones de inclusión y equidad social. En tercer lugar, eliminar, con explícito rigor punitorio, las fisuras normativas de la actual legislación por donde históricamente penetraron las astucias y abusos del poder político y económico y los genes de una anacrónica Cultura del Poder preñada de absolutismo, verticalismo, voluntarismo, nepotismo, centralismo e impunidad sin control institucional ni social. Las conclusiones referidas potenciarán la imperiosa necesidad de avanzar hacia una Reforma Constitucional, único instrumento jurídicamente legítimo para que la sociedad pueda inscribir las correcciones esenciales que el país requiere para asegurar su convivencia democrática, en paz, progreso y equidad.

Sin duda, las elecciones del 2011 podrán configurar una respuesta a la primera condición y la amplia difusión de las ideas provenientes de una Mesa de Reflexión podrá ayudar al reconocimiento público de nuevos liderazgos y, con mayor información, la sociedad podrá elegir una mejor representación política. La segunda y tercera condición, al ser discutida en el seno de la sociedad, instalará la necesidad de avanzar hacia una Reforma Constitucional que asegure profesionalizar, controlar y auditar la gestión de los gobiernos eliminando de la historia argentina la impunidad y el prevaricato como corolario del ejercicio de la política y la función pública.

La Reforma tendrá que entronizar al bienestar general de la población como objetivo permanente del estado. En este propósito, superando las meras declaraciones de principios, la reforma deberá adoptar el lenguaje explícito del compromiso social, administrativo y presupuestario del estado para que los sucesivos gobiernos puedan asegurar el real cumplimiento de los derechos fundamentales de la sociedad. Sin tales precauciones, todo loable propósito de cambio permanecerá en el limbo de las buenas intenciones. Los pliegues de la Reforma podrán contener múltiples propósitos. Por su importancia estratégica, destacan los siguientes: incorporar en nuestra carta Magna nuevos mecanismos legales para perfeccionar el sistema político vigente; reestructurar la economía redefiniendo roles y responsabilidades del sector privado empresarial, del estado, y de los sectores social-comunitarios en los procesos de acumulación, producción de bienes y servicios, distribución del ingreso y creación de empleos en mercados privados y sociales; abordar integralmente la cuestión del desempleo y la pobreza; recuperar para el estado nacional su soberanía sobre los recursos naturales; implantar el federalismo fiscal y adoptar nuevos modelos de gestión institucional en todo el territorio para racionalizar el gasto público y asegurar el desarrollo armónico de todas las regiones. Una Agenda tendría que ser elaborada para especificar los temas a ser tratados por la Asamblea Constituyente. Su amplia difusión en todas las provincias permitirá reencausar y enriquecer el diálogo entre instituciones, partidos, gobierno y sociedad respecto a los temas prioritarios para el desarrollo nacional.

En el curso normal de su funcionamiento sistémico, – una reunión mensual o bimensual, por ejemplo – la Mesa de Reflexión podrá invitar tanto a líderes de los partidos políticos argentinos como a intelectuales y ex-políticos procedentes del país o del exterior para conocer sus puntos de vista sobre los temas que hoy configuran la mayor preocupación de los argentinos. Todos los debates y conferencias tendrían que organizarse de forma abierta posibilitando la mayor difusión posible dentro de la sociedad argentina. Los sistemas de prensa, televisión y radio podrían colaborar difundiendo sus principales ponencias. Países como México, Brasil y Chile, durante muchos años, movilizaron importantes recursos y trabajo profesional e intelectual para armonizar el desarrollo institucional con los requerimientos de sus poblaciones y potencialidades productivas de sus respectivas regiones. Esta cruzada de civilidad permanece ausente todavía en la realidad política-cultural de la Argentina.

Si en los próximos dos años fuera posible activar el funcionamiento de la Mesa de Reflexióny, paralelamente, madurar consensos entre sociedad, gobierno y partidos políticos sobre la necesidad de una pronta Reforma Constitucional, el país podría, simultáneamente, realizar al final del 2011 dos acontecimientos electorales: la elección presidencial y la elección de convencionales, que en representación de cada provincia, integrarían la Asamblea Constituyente a sesionar en los primeros tramos de la próxima administración. De adoptarse tales consensos, competería al Congreso de la Nación, mediante ley específica, sancionar la necesidad de la Reforma Constitucional, convocar una Asamblea Constituyente para elaborar el Proyecto de Reforma y dictar el reglamento para su funcionamiento.

Entre otras especificaciones, el reglamento tendría que establecer: a) que quienes cumplan roles y responsabilidades en cualquiera de los tres poderes del estado no podrán ser convencionales ni participar en las actividades de la Asamblea; b) que la Asamblea Constituyente, para asegurar el federalismo, sesionará con igual número de convencionales por provincias asegurando representatividad diferenciada a los partidos políticos que en las elecciones para convencionales del 2011 hayan obtenido mayoría, primera y segunda minoría; c) que una vez que la Asamblea haya finalizado su tarea, el Proyecto de Reforma Constitucional tendrá que someterse a referéndum de la ciudadanía toda y, de ser ratificado, será sancionado como Ley por el Honorable Congreso de la Nación. Con esta mecánica institucional se armonizarían los criterios de soberanía popular y de federalismo, al asignar en el seno de la Convención igual participación de constituyentes por provincias.

De concretarse en poco tiempo la idea de poner en funcionamiento una Mesa de Reflexión sobre los destinos de Argentina, el país podría estabilizar su panorama político e institucional. En efecto, el gobierno y los partidos políticos que participarán en las elecciones del 2011 se verían obligados a profundizar sus propuestas de Políticas Públicas y de reforma constitucional eligiendo sus mejores candidatos tanto para la próxima elección presidencial como también para integrar las listas provinciales que competirán en las elecciones de constituyentes. La sociedad, por su parte, será la gran beneficiada al participar activamente en las discusiones relativas a los grandes problemas que el país tendrá que superar para iniciar su reconstrucción. Como necesaria consecuencia, multiplicará su capacidad crítica – propositiva y podrá cincelar y elegir sus mejores representantes.

Véase, Manuel Figueroa, “Argentina entrampada”. Editorial Piso 12, Buenos Aires, 2004. Huelga señalar que si razones de índole política o institucional imposibilitaran el cumplimiento del calendario referido, la Reforma de la Constitución y la Convocatoria a la Asamblea Constituyente tendrían que ser actividades prioritarias para el próximo gobierno.